Algunos concejales de Bogotá como Antonio Sanguino, Juan Carlos Flórez y Hosman Martínez, entre otros, han cuestionado duramente la gestión de la secretaria de Integración Social, Teresa Muñoz, por el “mal manejo” que se la hado a los contratos de alimentación.
Durante un debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá se habló de “una mala administración y el desmonte de la política social sobre seguridad alimentaria».
“Después de 8 sesiones de la Comisión de Gobierno, más de 15 concejales de Bogotá formularon severos cuestionamientos a la labor que adelanta Teresa Muñoz frente a la Secretaría de Integración Social de Bogotá y pidieron su renuncia al cargo”, señaló un comunicado oficial del Cabildo.
Frente a las críticas, Muñoz dijo: “Lo que está en juego, es un juego de poder, de recomposición del gabinete y de un cargo muy importante que muchos quieren”, argumentó en su defensa la funcionaria.
“Los concejales no se mostraron satisfechos ante las respuestas ofrecidas por la secretaria de Integración Social, al tiempo que cuestionaron las cifras dadas por la funcionaria e insistieron en que desde su oficina se está haciendo el desmonte de una política exitosa que ha dado buenos resultados, una mala gerencia y riesgos de corrupción como lo demostró el cabildante de la ASI, Juan Carlos Flórez y Antonio Sanguino, del Partido Verde, al exponer que el consorcio Alimentación Social 2013, que a pesar de haberse creado hace sólo un año, se benefició de un contrato de más de 18 mil millones de pesos”, agregó el boletín de prensa.
El Concejo se ratificó en las denuncias hechas contra la secretaria de integración social sobre el cierre de más de 173 comedores comunitarios y las presuntas irregularidades en el consorcio Alimentación Social 2013 por el incumplimiento en la entrega de insumos para preparar comidas y refrigerios en muchos de los 110 jardines comunitarios o casa vecinales y 17 centros que atienden a población vulnerable en siete localidades del occidente de Bogotá.
Por su parte, la bancada del Movimiento Progresista defendió la gestión adelantada por Teresa Muñoz.
En este sentido, el concejal Álvaro Argote manifestó que resulta muy positivo que existan tantas voces defendiendo la Política de Seguridad alimentaria, que desde su nacimiento en el Gobierno del Alcalde Luís Eduardo Garzón, en ese entonces del Polo Democrático Alternativo, fue muy atacada y hasta tachada equívocamente de populista, al hablar de combatir la profunda brecha de pobreza y el hambre en la ciudad.
En consecuencia, el cabildante insistió en que se debe reivindicar esta política, que se debe defender, mantener y reconocer como una de las más favorables para Bogotá. La gente no puede negar los avances en el derecho a la comida para los más pobres de la ciudad y esto debe ser sin politiquería, sin trampas en la contratación y sin corrupción de ninguna índole.
De igual forma, señaló que no comparte la moción de censura sino se reúnen todos los requisitos y elementos de orden jurídico que están contemplados para su aplicación.
Algunas políticas trascendentales de la administración de Gustavo Petro son responsabilidad de la Secretaría de Integración Social. La atención de la primera infancia, la erradicación de la exclusión social, la satisfacción de los derechos fundamentales de minorías y grupos vulnerables, entre otros objetivos del plan de desarrollo de la Bogotá Humana, pasan por las manos de Teresa Muñoz. Hoy, la imagen de la funcionaria está en entredicho. Problemas en la contratación y un “mal manejo” de la política de seguridad alimentaria han posado los reflectores del control político del Concejo sobre ella.