Luego de las reparaciones hechas a más de 7.600 losas de las fases I y II de Transmilenio, en la avenida Caracas y la Autopista Norte, desde el año 2003, los procesos de responsabilidad fiscal que podrían determinar si hubo detrimento patrimonial y quiénes serían los culpables de estos daños han quedado en el limbo.
Así lo explica Nelson Izáciga, contralor delegado para la infraestructura y las comunicaciones del país, quien señala que los procesos caducaron luego de haberse cumplido el plazo de cinco años para determinar si había responsabilidad fiscal en los daños de las losas. Izáciga agrega que la Contraloría General no puede reabrir el caso, debido a que ya pasó el tiempo estipulado por la ley para iniciar este tipo de acciones.
Sin embargo, la Red de Veedurías de Bogotá aún reclama la apertura de procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios y sociedades que intervinieron en la construcción de las troncales de la Caracas y la Autonorte, como el exalcalde Enrique Peñalosa y el exdirector del IDU Andrés Camargo.
Mediante una carta enviada por Libardo Espitia, miembro de la Red de Veedurías de Bogotá, ésta argumenta que la administración ha tenido que destinar más de $57.000 millones de sus recursos para la rehabilitación de 7.580 losas, “y ahora no se cuenta con $200 millones para continuar reparando 20.000 losas dañadas. Cada losa le cuesta al erario $8’500.000”.
Al respecto, Diego Ardila, contralor distrital, ratificó que, a pesar del pedido de la Red de Veedurías, el ente de control tampoco puede reabrir este proceso, ya que la ley estipula “un término de cinco años para iniciar un proceso, toda vez que se tiene la noticia de un posible detrimento”. Por ahora, el contralor indica que el ente adelanta la investigación para establecer si hay detrimento en los daños de las 192 losas de la Fase III de TM.