El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se pronunció inmediatamente tras conocer que el Consejo de Estados tumbó la consulta antitaurina en Bogotá. Al resolver una acción de tutela se revocó el fallo emitido el pasado 20 de agosto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló la realización de dicha consulta popular.
El alto tribunal amparó los derechos de la Sociedad Taurina. La Alcaldía de Bogotá podrá presentar una acción de revisión del fallo, sin embargo por el momento la misma se encuentra suspendida.
A través de su cuenta de Twitter el alcalde Petro escribió luego de conocerse la noticia: “siempre las sociedades que se divierten con la muerte de los animales se divierten también con la muerte de los seres humanos”.
El pasado viernes el registrador Distrital, Jaime Hernando Suárez, había dicho que el proceso se llevaría a cabo el próximo 25 de octubre siempre y cuando la Alcaldía de Bogotá suministrara todos los implementos necesarios para esto.
Petro había cuestionado por qué al exalcalde y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, sí le permitieron hacer la consulta popular por el día sin carro: “¿Por qué a él sí y a nosotros no? La consulta antitaurina se hizo con los mismos procedimientos legales con que Peñalosa hizo la consulta del Día sin Carro, los tarjetones se pusieron, que es lo mismo que yo pedí en mi decreto, no pedí, decreté porque el alcalde es un mandatario al cual el Ministro de Hacienda y el Registrador le deben respeto, no por como yo me llame, sino porque detrás de mí están los votos de la ciudadanía y en una democracia el voto ciudadano se respeta».
Dijo que lo primero que ha hecho el registrador, que es taurino, es tratar de sacar el cuerpo a lo que ya se había hecho en el gobierno de Peñalosa, es decir, no poner la consulta el día de elecciones.
Así mismo, Petro ha dicho que «se están burlando de Bogotá y de la ciudadanía, no solamente del Alcalde, ya que es un derecho fundamental colectivo poder participar en las decisiones, eso dice la Constitución».
CronologíaEl Espectador hace un recuento de las fechas más importantes de este recorrido, que se ha vuelto un camino lleno de espinas para quienes quieren acabar con las corridas en Bogotá.
26 y 27 de marzoGrupos de ciudadanos entre los que se encontraban Bogotá sin toreo, Besos x Bogotá, la Política del amor radicaron en la Secretaría General de la Alcaldía peticiones para que el alcalde iniciara el trámite que requería la convocatoria a una consulta popular en la que se preguntara lo siguiente: “¿Está de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?”. La fecha propuesta es el 25 de octubre, día de las elecciones locales en todo el país.
23 de abrilLa Universidad Externado, ante convocatoria de la Alcaldía para que se pronunciara, rinde un concepto en el que considera que la pregunta, tal y como está formulada, no puede plantearse toda vez que excluye totalmente la realización de corridas de toros y novilladas en Bogotá a pesar de que sigue vigente el Estatuto Taurino.
27 de abrilLa Universidad Libre, ante convocatoria de la Alcaldía para que se pronunciara, rinde un concepto en el que afirma que es posible realizar la consulta siempre y cuando se reformule la pregunta, pues tal y como está puede afectar derechos fundamentales.
19 de mayoEl alcalde Gustavo Petro radica en el Concejo la solicitud para que estudie la conveniencia de convocar la consulta.
28 de mayoUna comisión de cinco concejales comienza la discusión para definir si es conveniente la convocatoria de la consulta. Son ellos Yezid García (Alianza Verde), Darío Fernando Cepeda (Cambio Radical), Jorge Durán Silva (Partido Liberal), Clara Lucía Sandoval (Partido de la U) y Olga Victoria Rubio (Movimiento MIRA).
10 de julioComienza la discusión en la plenaria del Concejo. Los concejales de la comisión no se pusieron de acuerdo para presentar una ponencia unificada, así que cada una llega por separado. Los cabildantes le piden a la Administración que, de acuerdo con la nueva ley de participación ciudadana, el texto que envió el alcalde debe ir acompañado de la firma de todo su gabinete de secretarios. El debate se aplaza.
11 de julioSe conocen las primeras declaraciones de Alfonso Portela, delegado de la Registraduría para asuntos electorales, que dice a los medios que el tiempo no alcanza para organizar la consulta para el 25 de octubre pues se requiere un reajuste de los sistemas que se usarán en los comicios de ese día. Asegura que el costo sería de $35.000 millones.
28 de julio29 de los 45 concejales aprueban la conveniencia de realizar la consulta y esta pasa a revisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que estudie si la pregunta se ajusta a la Constitución. Solo seis concejales votaron por el no.
3 de agostoEl colectivo Bogotá sin Toreo formula un derecho de petición a la Registraduría, en cuya respuesta se indica que hacer la consulta el 25 de octubre, día de elecciones, cuesta $11.061 millones, incluyendo la biometría. Sin incluirla el precio es de $1.061 millones.
20 de agostoEl Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara la pregunta “ajustada a la Constitución”.
26 de agostoEl alcalde Gustavo Petro firma el decreto 334, con el que convoca la consulta para el 25 de octubre “en virtud de los principios de economía y eficiencia”. Este ha sido el principal argumento de los impulsores de la consulta para escoger esa fecha, pues se aprovecharía la logística ya prevista para las elecciones locales de ese día. “Implicaría un aumento en el costo de las elecciones de apenas $300 millones”, declaró.
Felipe Negret, presidente de la Corporación taurina de Bogotá, anuncia que interpondrá una tutela contra la decisión del Tribunal y una demanda contra el decreto.
27 de agostoUn grupo de taurinos interpone ante el Consejo de Estado no una, sino varias tutelas contra el fallo del Tribunal, argumentando que el fallo ignoró conceptos de la Corte Constitucional.
4 de septiembreEl registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, anuncia que radicó la solicitud de los recursos ante el Ministerio de Hacienda. Afirma, por otra parte, que “existen unos contratos por separado para las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales y de juntas administradores locales y no hay que colgarle cosas a esos contratos como si fueran un arbolito de Navidad”.
13 de septiembreEl alcalde Gustavo Petro insiste en que los costos son menores y anuncia que entablará acciones legales contra la Registraduría y el Ministerio de Hacienda por incumplir con un mandato ciudadano como este.
18 de septiembreEl registrador Distrital, Jaime Hernando Suárez, dijo que recibió una respuesta del Ministerio de Hacienda que “pone en duda si es la Nación la que debe financiar” la consulta. El argumento es que en la nueva Ley de participación ciudadana (1757 de 2015) establece que, según el artículo 33 de esa norma, el alcalde “fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación (…) y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución”.
Por eso, la nueva propuesta de la Registraduría es que el Ministerio eleve una consulta al Consejo de Estado, para saber quién debe entregar el dinero, que, insiste, son $34.500 millones.