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Suspenden a alcaldesa local por contratar a dedo cerca de $900 millones

Martha Bolívar, alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe, fue inhabilitada por tres meses por la Personería de Bogotá.

14 de diciembre de 2009 - 08:05 a. m.
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Según la Personería de Bogotá, la funcionaria suscribió contratos a dedo por cerca de 900 millones, sin concurso o licitación, amparándose en la figura del convenio de asociación.

La Dirección de Investigaciones Especiales del ente de control ordenó la suspensión provisional durante tres meses de la alcaldesa Martha Janneth Bolívar Guzmán por presuntas irregularidades en contratación.

Así mismo, formuló cargos contra la funcionaria por participar, al parecer, en la suscripción de dos contratos por más de 875 millones de pesos, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.

Dice la Personería, que de acuerdo con la investigación disciplinaria la alcaldesa, presuntamente, omitió en dos contratos el proceso de selección, es decir, el deber de realizar una licitación pública previa a la suscripción de convenios de asociación con dos firmas privadas.

"Un contrato se suscribió con la Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnología ESARTEC, en diciembre de 2008, por más de 146 millones de pesos, para -Aunar esfuerzos de cooperación para la realización de las actividades navideñas para la integración, incentivo e inclusión de la ciudadanía de las zonas vulnerables de la localidad dieciocho de Rafael Uribe Uribe-", señala el informe de la Personería.

El otro contrato, firmado el 31 de diciembre de 2008, por más de 728 millones de pesos, fue con el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos cuyo objeto consistía en "Aunar esfuerzos de asociación para contribuir al mejoramiento de la accesibilidad, disponibilidad y calidad alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las mujeres de la localidad Rafael Uribe Uribe a partir de un enfoque de derechos".

Las dos firmas son personas jurídicas de derecho privado, y por lo tanto, para acceder a contratar con el Estado debe someterse a los procesos públicos de selección. Incluso tampoco se pueden suscribir acudiendo a la figura de convenio de asociación.

 

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