“Jonatan Exti Ricaute, de 14 años, en este momento está estable, tiene heridas superficiales y se le están haciendo unas curaciones en las quemaduras de la mano y la cara. Óscar Eduardo Beltrán, también de 14 años, está hospitalizado, presenta quemaduras más profundas en la mano, el antebrazo derecho, el abdomen y el cuello”. El informe de la doctora Patricia Gutiérrez, médica jefe de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, fue contundente. Grave, doloroso.
El estado de los menores fue difundido por los medios de comunicación sobre las 12 del mediodía, en momentos en que el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, decía que era inaudito que ocurrieran sucesos como el del lunes en la madrugada, cuando dos jóvenes resultaron quemados después de ser retenidos por agentes de la estación de Policía de Centenario, al parecer por no respetar el toque de queda.
En ese momento ya el subintendente Anatolio Martínez, el patrullero Ómar Cervantes y los auxiliares Diego Alejandro Medina y Yair Melo habían sido destituidos de manera fulminante. El general Palomino anunció que el caso había quedado en manos del Juzgado 18. Sin embargo, pasadas las horas, los vecinos cercanos a la estación de Centenario se enteraron de que el mayor Paúl Rodríguez, comandante de la estación, también sería dado de baja. Protestaron, porque según ellos el comandante le había devuelto la tranquilidad al barrio. A la una de la tarde retornó a su lugar habitual de trabajo por orden de sus superiores.
Horas antes, de la forma más atroz posible, los uniformados habían incinerado a Jonatan Ricaute y su amigo Óscar Beltrán. “Es que les quemaron hasta las pestañas. Yo me salvé de milagro”, decía Víctor Guillermo Navarro, de 19 años, otro de los jóvenes retenidos en la noche del domingo, mientras sostenía un certificado de Medicina Legal que daba cuenta de las múltiples heridas que recibió en las piernas, espalda y brazos. En el informe médico se determinaban ocho días de incapacidad.
Durante toda la mañana del martes Víctor, junto con Juan Ricaute, el hermano mayor de Jonatan, esperó impaciente frente a la entrada de urgencias del hospital cualquier noticia, cualquier novedad de sus dos amigos.
Dice que esa noche los tres estaban en la casa de un amigo. Cuando iban para sus hogares, en el barrio San Pablo, al sur, un grupo de policías se les acercó. Les dijeron que estaban incumpliendo el toque de queda y que debían irse con ellos a la estación.
“Nos quitaron toda la ropa. Lo único que encontraron fue un corta uñas que yo llevaba en el bolsillo. Nos comenzaron a dar patadas. Me decían mariquita”, recuerda Navarro. Según el joven, después los llevaron a una celda donde había más gente y un señor al que le habían prendido fuego comenzó a gritar. Los demás reclusos los culparon a ellos.
“Los policías sacaron a Jonatan y a Óscar de la celda. Se oían golpes. Después los amarraron a la celda con unas esposas y comenzaron a rociar gasolina en el piso y prendieron una mecha. Yo vi todo, ellos solamente gritaban”.
Navarro recuerda cómo los policías se burlaban de sus amigos y de cómo, cuando se dieron cuenta de que la situación se les había salido de las manos, los soltaron y después se los llevaron en una patrulla para el hospital.
Los familiares supieron lo que había pasado apenas en la mañana del lunes, cuando Víctor llegó a casa. Ese mismo día hablaron con el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien les ofreció disculpas y puso a su disposición unas camionetas para que se movilizaran hasta la clínica. Navarro las aceptó a regañadientes. Por el dolor, por el recuerdo, por sus amigos Jonatan y Oscar, y porque, de una u otra manera, teme por su vida. Habló y denunció: sus palabras, cree, lo han convertido en objetivo.