“Ahí hay personas que prefieren suicidarse, tomar a sus hijos y tirarse del edificio si entra la policía, si nos les dan soluciones concretas”, decía con actitud intimidante Arley Suárez, un hombre alto y corpulento que representa a los 74 desplazados que desde el pasado sábado en la madrugada se tomaron un edificio ubicado en la calle 24 entre las carreras 17 y 19, en el centro de la ciudad.
Desde hace tiempo, este grupo de desplazados se reunía para preparar la toma del edificio, situado en la localidad de Los Mártires, del que sabía que estaba deshabitado y que le pertenece al Distrito. Los desplazados incluso tenían las llaves de la edificación, pues un antiguo funcionario que había trabajado allí se las entregó.
Suárez, cuyo acento delata que procede de la Costa Pacífica, explica que las dos peticiones centrales del grupo son acceso a capital para comenzar proyectos productivos y un subsidio por desplazamiento forzado. La toma de las cinco plantas del edificio es la forma de protesta de estos desplazados, que buscan reivindicar sus derechos. Entre los protagonistas de la toma se encuentran 34 menores de edad, dos mujeres embarazadas, dos enfermos de diabetes y una persona con tensión alta.
Este domingo, desde las horas de la mañana, tres representantes de los desplazados y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, Integración Social y Acción Social, entre otros, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía local, con el fin de lograr una concertación. “Pedimos dos veedores internacionales, preferiblemente funcionarios de la embajada de Francia o de Inglaterra, para que todo lo que se hable quede ante la opinión internacional”, agregó Suárez.
Hasta recibir respuestas concretas, el grupo seguirá instalado en el edificio, que aunque no tiene ni luz ni agua, “nos sirve de albergue y así no tenemos que estar arrimados”, explicó Luz Marina Mosquera, una de las mujeres desplazadas y quien debió abandonar temporalmente el lugar después de que tuvo una recaída por no haber accedido a la dosis de insulina que debe inyectarse a diario.
Ante las declaraciones de Suárez, Clara López, secretaria de Gobierno, explicó que lo más importante en este momento es el bienestar de los niños. López fue enfática en señalar que “de cumplirse las amenazas que involucran la integridad de los niños, estos casos serán remitidos a los defensores de familia para que se inicien los procesos correspondientes”.
Un grupo de ediles de la localidad pasó la tarde del domingo atrás de la cinta amarilla con la que está acordonada la cuadra, aventurando distintas tesis sobre la toma: “Eso es una banda, son los mismos que se tomaron Eldorado y el Parque de la 93”. Por su parte, la Secretaría de Gobierno confirmó que uno de los representantes de los desplazados es cercano a Ricardo Jiménez, un hombre que “funge de desplazado, pero tiene otros intereses” y efectivamente ha estado tras la organización de las distintas tomas.
Este lunes a las 9:00 a.m. tendrá lugar una reunión en la sede de Acción Social para avanzar en las negociaciones.