“Barrio La Nueva Gloria, enero 1° de 2014. Hora: 10:17 a.m. Cargo: desempleado. Falleció después de ser atacado con arma blanca. Barrio Santa Rosa, enero 2. Hora: 9:15 a.m. Cargo: grafitero, falleció por impacto de bala a la altura del pecho. Barrio Santa Ana, enero 3. Hora: 12:30 p.m. Cargo: habitante de la calle. Motivos del fallecimiento: por esclarecer, apareció dentro del río Fucha”. La lista continúa hasta el homicidio número 38, el último registrado en abril por la Policía Metropolitana en San Cristóbal, localidad ubicada al suroriente de la ciudad con una población aproximada de 409 mil habitantes.
Es común escuchar frases como “aquí la vida dejó de valer hace mucho tiempo” o “no podemos cruzar la frontera porque nos matan”, como dijo un joven proveniente del barrio Santa Rosa, en donde habitan desmovilizados de las Farc, las Auc y población desplazada de Chocó. El miedo no es injustificado. El último diagnóstico del centro de información estratégico de la Policía Nacional señala que durante los primeros cuatro meses de este año se triplicaron los homicidios, pasando de 12 en 2013 a 38 en 2014.
Después de analizar los reportes enviados por los 64 cuadrantes que funcionan en la localidad, la Policía concluyó que las zonas críticas son Bello Horizonte, La Victoria, Altamira, Libertadores y Juan Rey (ver infografía). El informe demuestra que los homicidios ocurren en la madrugada, durante los fines de semana: “15 casos se presentaron en los días domingos, 7 los días sábados y 5 entre miércoles y viernes”. El “ajuste de cuentas es la modalidad predominante (12 casos), seguido por las riñas (10 casos)”.
Más allá de las causas preocupa el uso ilegal de armas y la presencia de grupos delincuenciales. El diagnóstico demuestra que 24 homicidios fueron ejecutados con armas de fuego, en su mayoría en la vía pública, y 11 con armas cortopunzantes. El 29% de los homicidios, según la Policía, tuvo origen en la “delincuencia organizada”. El 48,6% de los episodios continúa en investigación.
El aumento de la violencia en la localidad ha sido un tema escasamente discutido en la administración local. Edith Parada, edilesa del movimiento Progresistas, denunció que “han prohibido el ingreso de nuestra bancada a los consejos de seguridad. Asesinaron a un grafitero y solicitamos una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, presencia de la Personería e investigación de la Fiscalía, y no nos han escuchado. Las mafias del microtráfico y la limpieza social se están tomando San Cristóbal”.
A comienzos de marzo, la Secretaría de Gobierno anunció que en San Cristóbal habían sido incautadas 2.600 dosis de estupefacientes, que representaban cerca de $40 millones. El hecho fue presentado como un resultado del Plan 75Cien, una estrategia de seguridad focalizada en 75 barrios de nueve localidades, en donde se presenta más del 50% de los casos de violencia en la ciudad.
Sin embargo, Parada considera que el Plan no ha sido efectivo en San Cristóbal: “De los $41.235.884 aprobados en el Fondo de Desarrollo Local, el 40% se utilizó en vías. Los barrios críticos no han sido intervenidos. Este año asesinaron a otra persona en el Parque Entre Nubes, en donde no hay ningún plan de seguridad. El alcalde Gustavo Petro prometió mejorarla cuando asesinaron a Gerson Martínez y no ha sucedido”. Por su parte, el alcalde local, Jairo León Vargas, dijo que “la problemática del centro se desplazó a otros nichos de la localidad. Después del último consejo de seguridad acordamos implementar nuevas medidas: como controles nocturnos a establecimientos y restricción a parrilleros en moto a altas horas de la noche”.
Al problema de microtráfico se suma el de pandillismo. De acuerdo con las autoridades, en la zona operan las siguientes pandillas: No Copeo, Los XXanderXX, Los bulldózer, La Perrera, La Banda el Zoológico, Los Chutis, Los Loros, Los Warrios, Los Pintos, Los R-42,Los Cheros, Los Warner Bros, R-32, Quindío y Familia Villarraga.
El director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceasc), Rubén Darío Ramírez, señala que “los barrios sí están priorizados y se han realizado intervenciones integrales con el CTI y la Secretaría de Gobierno. El objetivo inmediato consiste en identificar y judicializar a los distribuidores de estupefacientes. Hasta ahora hemos observado que hay un cambio en la dinámica de distribución y consumo de sustancias psicoactivas y aumento del sicariato. Los ganchos se han posicionado en la zona y las ‘ollas’ se han desplazado a barrios vulnerables de la localidad”.
En efecto, un estudio reciente de la Secretaría de Educación señala que “la presencia de ‘ollas’ ha aumentado en barrios como Gran Colombia, Aguas Claras, Ramajal, Manantial, Santa Inés, San Pedro y San Blas. Algunos de estos expendios, al estar ubicados en una distancia entre los 3 y 100 metros de las instituciones educativas, permiten que la estructura de venta de estupefacientes opere todo el día”.
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