Victorino Zárate y su familia pueden dormir con la tranquilidad de haber cumplido su sueño. Luego de casi quince años, recuperaron lo que les quitó la violencia: las tierras en las que crecieron y que tuvieron que abandonar por amenazas. Una sentencia de la jueza de restitución Dora Elena Gallego Bernal les devolvió su finca, Lagunitas (de casi dos hectáreas), ubicada en la vereda Hoya de Tudela, del municipio de La Palma (Cundinamarca). La decisión tiene un tinte especial: es la primera que se emite gracias al acompañamiento de la Alta Consejería Distrital para las Víctimas, a través de su programa para asistir a desplazados que viven en Bogotá y luchan por recuperar lo que les arrebató el conflicto.
La tragedia de la familia Zárate comenzó a finales de los 90. Victorino, su esposa y sus cuatro hijas vivían en la finca que él había heredado de sus padres, ubicada al pie del río Pata. Toda su vida se dedicó a cultivar café, caña de azúcar, maíz, yuca y árboles frutales para obtener el sustento. Aunque sabían que la guerra llevaba décadas azotando su municipio y generando desplazamientos masivos, la soportaron hasta 1998, cuando los violentos se ensañaron con ellos.
Primero fue el frente 22 de las Farc, que reclutó de manera forzada a una de sus hijas, quien para entonces tenía 16 años. Luego, sujetos armados llegaron a su puerta para exigirle a Victorino que entregara las escrituras de sus tierras a cambio de respetarle la vida. A pesar de esto, él y su familia aguantaron lo que más pudieron, pues la tierra era lo único que tenían, conocían y de lo que vivían. Sin embargo, en 2001 la violencia los acorraló. Ese año recibieron una sentencia de muerte a través de un panfleto en el que les advirtieron que si no dejaban la finca, los asesinaban a todos. Tuvieron que salir corriendo, dejándolo todo, y fue así como llegaron a Bogotá.
Los Zárate empezaron los trámites para que les reconocieran su calidad de víctimas. En 2003, cansados de la vida en la capital, intentaron regresar a su finca, pero volvieron las amenazas y tuvieron que huir de nuevo. En mayo de ese año quedaron oficialmente inscritos en las bases de datos de la red de víctimas. “No teníamos nada. Llegamos a vivir en una pieza. Victorino inicialmente se dedicó a trabajar como celador, porque no podíamos dejarnos morir de hambre. Luego, un señor le dio trabajo en una carpintería y desde entonces vivimos de eso”, relata Ayda Ortiz, la esposa.
Diez años después, encontraron en la Alta Consejería Distrital para las Víctimas el apoyo que necesitaban para llevar su caso ante la justicia de restitución de tierras. Allí les recibieron el caso, lo documentaron y armaron el expediente. El 31 de marzo del año pasado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras expidió la resolución por la cual esta familia quedó inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. La abogada María Fernanda González, contratada por la Alcaldía, se encargó de representarlos y de lograr la sentencia que los Zárate llevaban años esperando.
Tras analizar los documentos, los antecedentes y las historias de violencia de La Palma, la jueza accedió a las pretensiones de la familia. En un aparte de la sentencia afirma: “Teniendo en cuenta el recuento histórico del factor violencia generalizada, que acaeció en la zona de La Palma, no cabe duda de que el solicitante y su núcleo familiar ostentan la calidad de víctimas, toda vez que con ocasión de la violencia que se generó en la zona rural del municipio se encuentra más que probada la situación de amenaza en la que se vio comprometida su convivencia con la presencia de grupos armados ilegales y los enfrentamientos”.
La jueza no solo ordenó la restitución, sino inscribir la sentencia en el folio de matrícula del predio, anular los registros hechos después del desplazamiento y prohibir la transferencia de los derechos patrimoniales del predio durante dos años. También le ordenó a la Alcaldía de La Palma exonerar del impuesto predial a la familia y desarrollar la infraestructura para garantizar el acceso a la finca.
A estas determinaciones se suma la orden que emitió a varias entidades del país para vincular a los Zárate, de forma prioritaria, en proyectos productivos y programas de subsidio de viviendas; a la Fuerza Pública, a suministrar la seguridad necesaria en la zona para garantizar el retorno de esta familia; y a entidades como el Sena y el Icetex, a brindarles formación y capacitación técnica y facilitarles a las hijas de Victorino créditos para estudiar. Finalmente, al Banco Agrario le ordena, como ejecutor del programa de vivienda rural, “priorizar al solicitante y su núcleo familiar, principalmente en lo pertinente al subsidio de vivienda”.
A pesar de que la sentencia les brinda las oportunidades que perdieron por culpa del desplazamiento, los Zárate no saben si quieren retornar. “Nos da mucha alegría la noticia de recuperar nuestra tierra, pero no sabemos si regresaremos. Nos han amenazado los paramilitares, la guerrilla y gente que desconocemos. Hace unos años fuimos a La Palma a pasar vacaciones y de nuevo nos amenazaron. Por eso tenemos muchas dudas. Sabemos que si no lo hacemos, perdemos todos los beneficios que ordena la sentencia, pero tenemos que esperar a ver qué nos dicen este sábado, porque primero es la vida”, agregó la esposa de Victorino.
Saben que su tierra es valiosa, no solo por lo sentimental: el predio de la familia Useche lo incluyeron el año pasado como parte de las zonas libres para exploración petrolera que declaró la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Ana Teresa Bernal, alta consejera distrital para las víctimas, destacó esta decisión como uno de los primeros resultados del programa de representación legal para los desplazados de su unidad. “Estamos contentos con esta sentencia, porque les devuelve la esperanza a muchas víctimas de poder ver restituidos sus derechos. Estamos contentos de tener este programa”, indicó.
A los Zárate les cambió la vida, primero por el conflicto y ahora gracias al apoyo que el Distrito les brinda a las víctimas. Este es un ejemplo más, sin embargo, de que pese a los buenos oficios del Estado y del trabajo por el regreso de los desplazados a sus tierras, el retorno sigue siendo un sueño incierto.