1. La primera fase o el problema de las losas rotas
En 2000 fue inaugurada la primera fase de Transmilenio, que comprendía las troncales de la calle 80, Autopista Norte y avenida Caracas. La administración, en ese entonces en cabeza de Enrique Peñalosa, celebró la apertura del sistema, que abría un nuevo capítulo en la trancada historia de la movilidad en Bogotá.
Durante 2003 las losas de la Autopista y la Caracas comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de los articulados. El escándalo sobrevino y la ciudad comenzó a pagar los daños causados por el uso de un material conocido como relleno fluido que, según la Universidad Nacional, fue el causante del desastre. Al parecer, el IDU autorizó el uso del relleno.
De acuerdo con cifras del propio alcalde Samuel Moreno, la reconstrucción de las losas les costará a los bogotanos, hasta 2021, $85 mil millones. La obra costó $67 mil millones. A la fecha se conoce que se han roto más de tres mil losas y que aún hoy se encuentran nuevas fisuras en ambas troncales.
2. Los 21 niños muertos de la fase II
El 28 de abril de 2004 quedó signado como el día de una de las peores tragedias en obras civiles de la ciudad. Hacia las 3:00 p.m. una recicladora de asfalto que trabajaba en las obras de adecuación de la avenida Suba se precipitó encima de un bus del Colegio Agustiniano que cubría la ruta escolar de la tarde. El saldo: 21 niños muertos, más dos adultos, y un número similar de heridos.
El accidente sucedió a la altura de la calle 138, en un lugar conocido como el “Alto de la Virgen”, una sinuosa loma en la que el carril que circula hacia el sur pasa varios metros por encima del sentido contrario.
Al parecer, el operario de la máquina perdió el control y se precipitó ladera abajo. La recicladora, de aproximadamente 40 toneladas de peso, circulaba por sí sola y no en una camabaja, como debía ser.
Se calcula que al funeral asistieron 30 mil personas.
3. La calle 26 en el limbo
Desde hace ya varias semanas, el futuro de la fase III de Transmilenio es incierto por cuenta del pleito que sostienen la Unión Temporal Transvial y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debido a los retrasos en la construcción de dos tramos de la calle 26.
El contratista, del cual es parte el grupo empresarial Nule, acusa al IDU de entregas tardías de diseños errados. Por su parte, el IDU señala al contratista como el culpable de los atrasos en las obras.
En una intrincada novela, que ha tenido por capítulos una guerra de comunicados de prensa que se producen casi diariamente, la administración terminó por anunciar la apertura del proceso para declarar la caducidad del contrato, una opción que hoy suena con menos fuerza, pero que no ha sido descartada del todo.
Al día de hoy las partes (Distrito, contratista, aseguradora, interventoría y un grupo de empresas a las que les podría ser cedido el contrato) sostienen reuniones para definir cómo salir del atolladero y poder continuar con los trabajos.