Frente a esos graves hechos que atentan contra la construcción de una ciudad de derechos, el Personero de Bogotá señala:
1.Las autoridades de Policía no están respetando lo ordenado por la Ley de Infancia y Adolescencia, en lo que respeta a la retención de menores, que ordena que los adolescentes no pueden ser retenidos en estaciones de Policía y deben ser conducidos a centros especializados. Por lo cual no solo se está violando la norma sino los derechos prevalentes de los adolescentes.
2.La Personería hace un llamado a la Policía de Niñez, Infancia y Adolescencia, al ICBF para que coadyuven en la implementación del Código de Infancia, para que la Policía conozca y aplique la ley y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
3.Solicita que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación asuma de manera inmediata el conocimiento e investigación de este caso. Y asimismo, la Procuraduría General de la Nación. Este caso no puede quedar en la impunidad.
4.Los graves hechos acaecidos en Rafael Uribe demuestran la urgente necesidad de implementar dentro de la Fuerza Pública la Ley de Infancia y Adolescencia y los protocolos de Derechos Humanos correspondientes.
5.La Personería requiere de manera urgente que las autoridades de Policía fortalezcan la capacitación en materia de derechos humanos para evitar la repetición de hechos que lesionan gravemente la confianza ciudadana en sus autoridades.
6.Expresa, finalmente, su solidaridad a los jóvenes afectados y a sus familias y ratifica su voluntad de seguir contribuyendo a la aplicación de la Ley de Infancia y Adolescencia y a garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos.
7.La Personería hace un llamado a la En Bogotá no se está respetando el Código Nacional de Policía ni la sentencia de la Corte Constitucional, C-720 de 2007, que establece los parámetros tendientes a garantizar la legalidad de la retención de ciudadanos.
8.Desde el año pasado la Personería de Bogotá le ha insistido a la Dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá y a la secretaria de Gobierno, sobre la necesidad de revisar los procedimientos de retención transitoria de ciudadanos, dado el aumento de personas detenidas. En enero fueron más de 14 mil personas retenidas sin justificación alguna.
9.La Corte Constitucional ha limitado al mínimo las razones para detener a los ciudadanos y si esto sucede debe ser para protegerlos.