En abril del año pasado, cuando el nombre del concejal Andrés Camacho Casado empezaba a emerger como presunto participe de los entuertos de la contratación en Bogotá, la edil de Teusaquillo Gloria Oramas denunció que dicho concejal habría constituido cinco ONG de bolsillo, a través de las cuales contrató sistemáticamente desde 2004 con la entonces alcaldesa de Teusaquillo, Sandra Jaramillo.
Para el momento de la denuncia, Jaramillo se desempeñaba como asesora de Mauricio Solano, gerente del Fondo de Seguridad del Distrito, que meses atrás había suscrito dos convenios interadministrativos con la Fundación Gobierno Estado y la empresa Corsocial, dos de las organizaciones que presuntamente “maneja tras bambalinas” Camacho Casado, según denunció en su momento la revista Dinero.
Ambos contratos hacen hoy parte del expediente auditado por la Contraloría Distrital dado a conocer ayer por El Espectador. Sin embargo, lo que aún los entes de control no han terminado de esclarecer es la manera como el gerente del Fondo, Mauricio Solano, desde su llegada a la entidad en mayo de 2009, nombró un equipo de cercanísima confianza en puestos estratégicos para la firma de muchos de los contratos que hoy están bajo revisión.
Un plantel de amigos
Cercano por años al exsenador Iván Moreno y al alcalde Samuel Moreno, Mauricio Solano llegó a mediados de 2009 al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, entidad que tiene a su cargo la dotación de recursos y el acompañamiento a la Fuerza Pública del Distrito y cuyo presupuesto alcanzó $1,2 billones durante la administración Moreno.
Con Solano llegaron cercanos colaboradores como Sandra Jaramillo, exalcaldesa de Teusaquillo y candidata fallida al concejo de Bogotá por el Partido de La U. Pero también compañeros de su universidad, La Gran Colombia —donde acaba de terminar Derecho—, y la abogada Luz Ángela Noguera, empleada de la empresa de su esposa, quien llegó a ocupar un estratégico cargo como supervisora en el área de transportes, uno de los rubros más importantes de la entidad, cuyos contratos ahora son auditados por la Contraloría.
El Espectador pudo establecer que, en efecto Noguera, actual coordinadora del área de transportes de la entidad, figura en el certificado de Cámara de Comercio de la empresa Cipsa Ltda. como subgerente. La empresa es gerenciada por la esposa de Solano y tiene en la actualidad un contrato activo de gestión de servicios de aseo con el Hospital Simón Bolívar y otro recién firmado con el Hospital de Suba.
Consultado al respecto, Solano negó que Noguera desempeñara cargo alguno en su empresa. Sin embargo, al observar el certificado de Cámara de Comercio en manos de El Espectador, con fecha de junio de 2011, el gerente respondió: “Ella colaboró en la empresa hace muchos años, pero ya no trabaja ahí”. Añadió, además, que Noguera tiene en el Fondo de Vigilancia un contrato de prestación de servicios.
Noguera no es la única empleada del Fondo en figurar en una empresa de Solano. Lo mismo ocurre con Andrés Bernal, compañero de clase del gerente y que también figura como socio en la empresa Geci Ltda. que, según el primero, está en proceso de liquidación.
Otros compañeros de Solano de La Gran Colombia que llegaron a ocupar cargos estratégicos en la institución fueron Medardo Rivera (jefe de Planeación), Marlon Timarán (funcionario de la subgerencia técnica) y Juan Manuel Quiroz, funcionario de la Contraloría y quien se desempeña como jefe de control interno del Fondo de Vigilancia.
Al respecto, Solano le dijo a este diario: “Yo los conocí cuando entraron a la universidad y me parecieron personas capacitadas, profesionales, idóneas. Los traje porque uno trabaja con los amigos, no con los enemigos”.
Campeones de fútbol
En las últimos tiempos, la Copa Compensar de fútbol ha quedado en manos del equipo del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Junto a Solano, a quien le gusta especialmente este deporte, juegan en el equipo dos exfutbolistas del Santa Fe.
Luis Alfonso ‘Cheo’ Romero y Tulio Hernán Guerrero son hoy empleados del Fondo de Vigilancia y Seguridad y tienen funciones operativas en dos de los proyectos que adelanta la entidad.
Sin embargo, un reciente informe preliminar de la Contraloría Distrital estableció que el contrato del señor Guerrero tendría irregularidades administrativas, ya que el cargo que ocupa exige la obtención de un título universitario y Guerrero “no presenta certificación de institución de educación que indique que los ha realizado”.
Solano asegura que la contratación de estos jugadores no tiene nada de irregular, “en la Copa Compensar hay muchos equipos —la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Fiscalía— y todos tienen exjugadores”, y añade que “no tiene pecado apoyar a dos muchachos de esos”.
Hoy, Contraloría y Fondo de Vigilancia realizarán una mesa de trabajo para tratar los hallazgos administrativos y disciplinarios de la entidad. También aspira el Fondo de Vigilancia discutir sobre el presunto delito divulgado por este diario el día de ayer, en el cual se habría direccionado un contrato de servicios de logística firmado en 2010.
Sin embargo, fuentes en la Contraloría aseguraron que el hallazgo penal “no será discutido”, pues se encuentra ya en manos de la fiscal general de la Nación.