Maltratos físicos y verbales de la Policía, hacinamiento, arbitrariedades e incluso requisas en las que hacen desnudar a los detenidos parecen ser el pan de cada día en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda, un centro de retención que hace las veces de albergue transitorio para aquellos ciudadanos que violan normas de convivencia como consumir bebidas embriagantes en la calle o involucrarse en riñas.
En marzo pasado El Espectador divulgó el caso de dos jóvenes, militantes del movimiento Marcha Patriótica, que denunciaron torturas y abusos durante su tránsito por esa UPJ, ubicada en el centro de Bogotá. La Policía lo negó. (Lea: Nueva denuncia contra UPJ de Puente Aranda) En estas mismas instalaciones permaneció recluida en diciembre pasado Paula Torres, una joven transgénero de 28 años que posteriormente murió, según sus allegados, por excesos de la Policía. Por estos hechos hay investigaciones penales en curso contra dos uniformados de esa Unidad. (Lea: Paula Torres no tenía motivos para suicidarse)
Ahora la denuncia la hace un concejal. Este miércoles, con videos en mano grabados por su equipo de trabajo y tras una visita sorpresa, Germán García Maya (Partido Liberal) puso en evidencia hechos que antes no trascendían de ser testimonios y quejas, y que las autoridades atribuyen a “procedimientos de rutina”: tratos indignos, traslado masivo e irregular de ciudadanos en camiones y abuso de la fuerza, sumado al hacinamiento que se vive en la UPJ.
Uno de los casos más alarmantes corresponde a un grupo de jóvenes que, tal como evidencian las imágenes, en plena madrugada bogotana son objeto de exhaustivas requisas mientras están desnudos, circunstancia que, según el cabildante, “vulnera gravemente el derecho a la libertad, intimidad y pudor”. (Video: En la UPJ de Puente Aranda desnudan a los detenidos para requisarlos)
“Estas inspecciones violan los derechos fundamentales y deberían abolirse. La única manera de hacerlo es dotando a la UPJ y a la Policía de tecnología para realizar requisas, pero pudimos comprobar que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad. Tampoco hay tablas o bastones electrónicos para detectar armas y otros elementos”, explicó García.
La Personería de Bogotá, que hace presencia permanente en la UPJ precisamente para evitar irregularidades, admite que los procedimientos pueden derivar en excesos de la Policía. Cifras de ese organismo de control revelan que el año pasado se presentaron 3.299 quejas por abuso de autoridad en la UPJ de Puente Aranda (cerca de nueve diarias) y en los primeros tres meses de 2016 los reclamos ya superaban los 1.000 casos.
“El exceso en las requisas a veces se hace necesario por seguridad de las mismas personas, para evitar que quienes son recluidos traigan ‘encaletados’ estupefacientes o cuchillos con los que podrían agredir a otros. Se trata de medidas para preservar su vida y su integridad. Pero es que aquí no funcionan los detectores de metales, los arcos y demás elementos tecnológicos. Están de adorno, lo que hace que los procedimientos aún sean artesanales (…) pero sí, aquí en ocasiones hay maltratos”, le dijo a El Espectador Luis Eduardo Suárez, funcionario de la Personería que hace presencia en la UPJ.
“No ha habido poder humano para que el Distrito se ocupe de estas problemáticas, apenas en esta Administración están tratando de resanar algunos tubos y filtraciones de aguas lluvias, porque la UPJ en la Administración anterior estuvo absolutamente descuidada y olvidada, sin atención ni mantenimiento”, precisa el funcionario.
Estadísticas de esa entidad indican, además, que la Policía lleva diariamente 216 personas al lugar, de las cuales 80 no ingresan gracias a la intervención de la Personería. “Es decir, cada mes 2.437 personas son conducidas de forma irregular”, advierte el concejal García, quien radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.
Este diario contactó a la Policía para consultar su versión sobre estos hechos, pero la capitana Claudia Suárez, comandante de la UPJ, respondió que no está autorizada para hablar, considerando que se trata de una denuncia formulada por un concejal ante los medios de comunicación y no ante las autoridades.
La Personería de Bogotá indica además que aunque la UPJ fue construida para albergar a 350 personas, actualmente su capacidad se encuentra reducida debido a que fueron suprimidas tres salas del segundo piso y hoy solo funciona el primero: “Apenas está funcionando al 40%. El segundo piso le fue facilitado a la URI de la Fiscalía en un cese de actividades del Inpec y no lo han devuelto, entonces sí hay hacinamiento e incomodidades, especialmente los fines de semana”, agrega Luis Eduardo Suárez.