Ante la controversia que ha desatado la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de intervenir la reserva forestal Thomas van der Hammen para construir viviendas, este lunes el concejal Manuel Sarmiento salió en defensa de la zona y aseguró que una eventual urbanización estaría en contra de la Constitución de Colombia.
Según argumentó el cabildante, intervenir la reserva es inconstitucional ya que al reducirla a su ‘mínima expresión’, el Distrito violaría el principio de la progresividad en materia ambiental, “pues la urbanización que propone el alcalde reversa la protección jurídica de un área estratégica”.
“La ciudadanía debe saber que la propuesta de Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva Thomas van der Hammen es inconstitucional. En su primer gobierno, el alcalde intentó hacer lo mismo que está planteando ahora, en su segundo mandato, pero fue derrotado por la ciencia y los tribunales”, sostiene el concejal.
Sarmiento detalló que en 1999, el mandatario propuso urbanizar lo que hoy se conoce como la reserva Thomas van der Hammen, lo que dio origen a que se conformara un panel de expertos encargado de analizar la propuesta.
“Académicos de la talla de Thomas van der Hammen, Manuel Rodríguez, Julio Carrizosa, Germán Samper, entre otros, concluyeron que no debía urbanizarse, por lo que el Ministerio ordenó a la Corporación Autónoma Regional (CAR) delimitarla y hacer el correspondiente plan de manejo”, indicó Manuel Sarmiento.
Aduciendo recientes estudios de la CAR que reafirman la importancia ambiental del terreno, el concejal destacó que “el área de la reserva es un eje articulador en sentido este-oeste de la matriz ecológica principal de la Sabana, al conectar los sistemas montañosos que la rodean con el valle aluvial del río Bogotá y sus sistemas de humedales (…) estas estructuras son los últimos espacios de albergue de flora y fauna que aún quedan en la región”.
Acorde con esas evidencias científicas y luego de un fallo confirmatorio del Consejo de Estado en 2006 –recordó Sarmiento– la CAR procedió a declarar la existencia de la reserva Thomas van der Hammen (Acuerdo 11 de 2011) y, mediante el Acuerdo 21 de 2014, expidió su Plan de Manejo Ambiental.
“Estas decisiones le dan a la reserva una protección jurídica que no se puede echar para atrás en forma ligera. Con fundamento en tratados internacionales sobre derechos humanos como el Protocolo de San Salvador, la Corte Constitucional ha señalado que en materia ambiental es aplicable el principio de la progresividad (…) esto implica que el Estado no puede reducir la protección jurídica que le ha dado a un recurso natural, mandato que se violaría si la CAR y el Ministerio de Ambiente aprueban la propuesta de Peñalosa, pues se trataría de un retroceso frente al nivel de protección ya alcanzado”, advirtió el cabildante.
Sarmiento sostiene además que si bien el “principio de progresividad no es absoluto”, solo puede desconocerse cuando se justifica la necesidad de retroceder en la protección de un derecho. No obstante, asegura, la propuesta de Peñalosa no cumple con este requisito y contiene varias “imprecisiones”.
“Además de afirmar que la reserva ‘no tiene árboles sino potreros’, (Peñalosa) asegura que la urbanización que él propone tendría más zonas verdes, argumento que carece de sustento técnico porque los parques no reemplazan el corredor que se requiere para lograr la conexión entre los Cerros y el Río Bogotá”, agrega el concejal.
Citando las declaraciones que el secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco Cruz, le dio a El Espectador –respecto a la reserva–, Sarmiento aduce estudios de la CAR para resaltar “la importancia de los acuíferos tanto libres como confinados de la zona, que constituyen recurso indispensable para la vida”. (Lea: «No hay reservas intocables»: secretario de Ambiente sobre la Van der Hammen)
Por último, el concejal manifiesta que la demanda de construcción de vivienda “tampoco justifica urbanizar la reserva” y para ello, apela a expertos que “han señalado que puede atenderse en otras zonas y que los municipios circundantes y Bogotá pueden llegar a acuerdos para impedir la expansión desregulada”. (Video: Así explica Peñalosa su polémico proyecto en la reserva Van der Hammen)
“Desde el año 2000, los magnates de la construcción pusieron sus ojos en las tierras de la reserva y aspiran a concretar allí ambiciosos proyectos. Habrá que velar para que prime el interés general sobre los negocios particulares, otra norma constitucional que también está vigente”, precisa.
A finales de enero, el alcalde Enrique Peñalosa confirmó su propuesta de intervenir la reserva tras anunciar el ambicioso plan de vivienda para la ciudad, que comprende dos fases. En la primera pretende construir 80.000 viviendas, en los próximos dos años, destrabando algunos proyectos. (Lea: Thomas van der Hammen, ¿de reserva ambiental a urbanización?)
En una segunda etapa pretenden habilitar 15.000 hectáreas de suelo en el perímetro urbano, con el fin de adelantar el plan Ciudad Paz, con el cual impulsarán tres proyectos: uno en el sur, que incluye expansión hacia Soacha y Mosquera; otro en el occidente, denominado Ciudad Río, cerca de la franja del río Bogotá, y Ciudad Norte. Este último (para un millón de personas) pretende urbanizar al menos 5.000 hectáreas, de las cuales un porcentaje estaría en terrenos de la zona de conservación.
Para Peñalosa, casi toda la reserva “no tiene foresta, sino potreros con vacas, que pertenecen a privados”. Por eso ha advertido sobre el grave costo ambiental de impedir una “urbanización bien hecha”. Su concepto lo respalda con las cifras del plan de manejo de la reserva, que indican que apenas el 7,8% son ecosistemas de conservación, mientras que el 92,2% lo ocupan áreas deportivas, colegios, industrias, rellenos de escombros, casas, establecimientos comerciales, estaciones de servicio y, en su gran mayoría, áreas agropecuarias. (Lea: «CAR dice que 7,8% de Reserva Van Der Hammen es verde, eso se protege»: Peñalosa)
Pero más allá de esta opinión, asegura la administración, la propuesta no sólo es construir casas, sino tener un plan ambicioso en materia ambiental. “El desarrollo del norte va más allá de la reserva, que tiene 1.400 hectáreas, la mayoría sin árboles. La propuesta es conservar las zonas donde hay bosque y, además, llegar a más de 1.700 hectáreas verdes, con la construcción de parques lineales que conserven el ecosistema y mantengan intacta la ruta de aves migratorias. Estos parques conectarán el circuito ambiental que une el río Bogotá con los cerros. Así se espera resolver problemas, como los casi 100 pozos sépticos que contaminan las aguas subterráneas”.
El proyecto aún no ha sido radicado ante la CAR. Una vez se haga, la corporación decidirá si se levanta la orden de protección y se puede urbanizar. (Lea: El primer cara a cara entre Peñalosa y ambientalistas por la Reserva)