En el plano jurídico, la que termina fue una semana de pasión para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Perdió en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura. A su mal momento se añadieron las protestas en el sistema Transmilenio y las encuestas que evidenciaron una tendencia hacia la revocatoria de su mandato. A la vista, sus expectativas están centradas en la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares, opción que ya hace parte de la movida política.
Hasta el pasado 28 de febrero, Petro seguía confiado en que llenando la Plaza de Bolívar tenía poder de negociación. Si ante los estrados judiciales su situación era adversa, el apoyo popular les daba oxígeno a sus reclamos. Ese día, en protesta por la decisión de la Registraduría de aplazar la fecha de la votación de la revocatoria de su mandato para el 6 de abril, el alcalde convocó a sus parciales a una séptima cita frente al balcón del Palacio Liévano. No fueron más de 3.000 personas, hecho que causó desaliento a Petro y sus adalides.
Aunque el alcalde reiteró su discurso contra el procurador, la clase política, el uribismo y las mafias, además de defender su obra de gobierno, hizo énfasis en la posibilidad de convertir el voto en blanco en su bandera para las elecciones presidenciales. A esa misma hora, en otro plano electoral, otro peso pesado de la política en Bogotá empezaba a recobrar vuelo. Dos días antes, el presidente Santos había anunciado su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, quien ya actúa en un escenario en el que se mueve como pez en el agua.
El pasado jueves 6 de marzo, Santos lanzó su campaña reeleccionista con un acto público en la localidad más populosa de la ciudad: el sector de Kennedy, situado en el suroccidente. Además del comentario “parece que nos va a tocar cambiar de pareja nuevamente”, en el que claramente se refirió a la posible salida de Petro de la Alcaldía, recordando de paso lo que sucedió con Samuel Moreno, su discurso tuvo un destino: el electorado de Bogotá. Es más, durante su intervención tuvo varios mensajes con alusiones directas.
“Nuestra querida Bogotá parece haber perdido el rumbo. Seamos francos: los bogotanos estamos perdiendo el orgullo por nuestra ciudad”. A su lado, lo escuchaba Germán Vargas Lleras, quien horas antes había postulado al general (r) de la Policía Óscar Naranjo como posible sustituto de Petro y, públicamente, se había declarado en favor de la revocatoria del alcalde. Santos sintetizó su discurso en un anuncio, la suscripción de un “Pacto por Bogotá”, con el apoyo de los jefes de los partidos que hoy integran la Unidad Nacional.
Como era de esperarse, la postura del presidente no cayó bien en el progresismo. El exsecretario de gobierno distrital Guillermo Alfonso Jaramillo, principal escudero de Petro, tachó al presidente de oportunista y expresó sin titubeos: “Eso nos da más bríos para impulsar el voto en blanco en las presidenciales”. En el fondo, el alcalde y los suyos sabían lo que iba a suceder en ese acto político. Incluso, dos días antes, Petro había tomado distancia del presidente-candidato negándose a participar en una reunión de análisis sobre Bogotá entre los gobiernos nacional y distrital.
Ese encuentro, planeado por el Gobierno para el pasado martes, tenía como propósito evaluar conjuntamente el estado de la ciudad. Petro se negó por varias razones: entendió que el presidente Santos está en campaña y no debía facilitarle información estratégica, tampoco podía exponer su administración a que se creyera partícipe del proyecto reeleccionista y, sencillamente, no quería facilitarle a Santos y a Vargas un escenario para que luego ellos promocionaran su plan de obras que, en últimas, es su “Pacto por Bogotá”.
En la trasescena de estos movimientos políticos se advierte un pulso por la ciudad, que a la vez corresponde a una votación crucial de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Hasta el momento, Petro tiene un electorado que lo respalda, sumado al caudal de quienes son solidarios con su causa contra las decisiones del procurador Alejandro Ordóñez. Pero ahora entró a la arena política otro jugador influyente en Bogotá: Germán Vargas Lleras, cuya apuesta es ser el gran ejecutor para solucionar la crisis de infraestructura en la ciudad.
Mientras se decanta esta disyuntiva electoral, los cálculos de la política tienen en la mira otros escenarios. Jurídicamente, al menos por vía de tutela, ya está quedando claro que ésta no va a ser la fórmula para dejar a Petro en su cargo. La expectativa mayor está centrada ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas cautelares que puedan favorecer al alcalde. Crecen los rumores de que esta opción se va a dar y en los círculos del Gobierno la idea es aguardar y acatar esta directriz, cualquiera sea su sentido.
De cualquier forma, si las medidas cautelares no se dan, ya se evalúan alternativas. Todas, de cara a dos fechas: el 6 de abril y el 30 de junio. La primera es la de la convocatoria a las urnas para votar la revocatoria del mandato en Bogotá. Si Petro pierde, tendrá que irse. La segunda fecha tiene un antes y un después. Si el alcalde gana la revocatoria pero el fallo de la Procuraduría queda en firme antes, habría elecciones atípicas en la ciudad. Si sucede después de esta fecha, habría una terna de Progresistas para que Santos escoja al nuevo alcalde.
En distintas opciones, podría existir la figura de un alcalde encargado. Si antes del 6 de abril se resuelve el tema en los estrados judiciales, el presidente Santos debe promover un sustituto temporal de Petro. De no ser así, pero el alcalde pierde en las urnas, también entraría a jugar un encargado. Si el asunto se aplaza hasta después del 30 de junio, mientras Progresistas presenta su terna y el presidente la acoge, igualmente habría un mandatario interino.
Para cualquier opción ya hay un nombre de consenso: Rafael Pardo. El nombre del ministro de Trabajo y excandidato presidencial no tiene mucha resistencia entre las partes interesadas en la suerte política de Bogotá. El Espectador, incluso, pudo establecer que a los movimientos que integran la Unidad Nacional les parece la persona adecuada y que, a regañadientes, tampoco le incomoda al petrismo. En el fondo, cada quien hace sus cálculos electorales y Pardo no parece entrar en la competencia. Se dice que el tema ya ha sido consultado con Petro y suena como una opción viable.
Entre tanto, existe una especie de consenso, incluso en los estrados judiciales, para que se examine de fondo el caso Petro más allá de las tutelas y se aguarde la posición de la Corte Interamericana y las medidas cautelares. No sólo porque este pronunciamiento es el as político del alcalde y sus seguidores, sino porque en caso de resultarle favorable, daría pie a una nueva controversia jurídica entre el alcance del derecho interno y el internacional en el caso específico de las destituciones de funcionarios que son elegidos por el voto popular.
Es decir, el caso Petro seguirá dando de qué hablar durante largo rato. Por ahora, indirectamente, se libra un nuevo pulso político en la plataforma electoral de corto y mediano plazo en Bogotá. Un escenario que hoy se puede medir en las urnas, donde la Unidad Nacional juega con Santos y Vargas Lleras liderando su anunciado “Pacto por Bogotá”, y el petrismo, sin nombre propio en las legislativas, pero aguardando que los sectores de tercería puedan ser sus aliados en el futuro, incluso, con su apuesta de que el voto en blanco sea el ganador.
La segunda crisis de TM en la era Petro
El pasado martes el alcalde Gustavo Petro enfrentó nuevamente el estallido de una crisis en Transmilenio, que aunque no llegó a los desmanes de hace dos años, sí lo obligó a salir a la calle para calmar a la multitud. Petro llegó al Portal de Suba alrededor de las 10 de la mañana y en seguida los protestantes le dieron su larga lista de quejas por el mal servicio en el sistema. El alcalde terminó mostrando su inclinación por no traer más buses para aliviar la congestión, ya que esto implica que el contrato con el operador encargado de ello se extienda.
En cambio, el alcalde afirmó que la opción es cambiar los contratos con los empresarios. Sin embargo, fue el mismo Petro quien en mayo del año pasado firmó una modificación a estos acuerdos y los prorrogó casi por tres años más, luego de no estructurar a tiempo una licitación en la que habría podido exigir más requerimientos de servicio a los concesionarios. Los expertos coinciden en que Transmilenio necesita soluciones de gestión inmediatas para que continúe su desarrollo, retrasado por cuenta de las últimas administraciones. Las derrotas judiciales de la semana Esta semana, el mandatario Gustavo Petro perdió dos batallas claves en su esfuerzo por permanecer en la Alcaldía hasta que su período acabe, es decir, en diciembre de 2015. La primera batalla perdida tuvo lugar en el Consejo de Estado, el cual ratificó el pasado miércoles que la tutela que había interpuesto el propio alcalde, en busca de frenar su destitución e inhabilidad, había sido rechazada. Según este alto tribunal, Petro podía haber optado, en vez de la tutela, por una demanda de nulidad contra la sanción del Ministerio Público. La segunda batalla fue en el Consejo Superior de la Judicatura, que negó 325 tutelas que se habían decidido en favor de Petro en primera instancia. Esta corporación argumentó que ningún derecho es absoluto y que si bien el alcalde tiene unos derechos políticos, ello no lo exime de ser investigado o sancionado. Se espera que estas tutelas sean revisadas por la Corte Constitucional.