Fue Simón Bolívar quien lo vio primero. “Ecuador es un convento, Venezuela un cuartel y Colombia, una fábrica de abogados”. Ya entonces era legendario el gusto de los colombianos por las leyes, no por la justicia. Detrás de cada ciudadano se encuentra, escondido como un pequeño gnomo, un abogado, un leguleyo de oficio que busca la trampa en la letra para saltarla o que hace la letra para que se muera.
Esta fiebre descomunal, un apetito voraz por los códigos y la letra menuda, ha generado, sumado a otros factores, algo así como un suicidio judicial: hay tantos abogados, y la gente es tan adicta a la ley, que la justicia cambió la venda en los ojos por una cuerda en las manos. Según cifras de 2005 publicadas por el Congreso de la República, existían en los estrados judiciales algo así como ocho millones de procesos acumulados.
En cada gobierno se discute una reforma a la justicia distinta. En cada gobierno hay diferentes y variados paros judiciales, justificados o no. En últimas, la justicia, como decía un personaje en alguna película, parece haberse tomado unas vacaciones de estos lares.
Víctor Hugo alguna vez dijo de la Constitución de Rionegro que era “una constitución para ángeles”. Alguien, parodiando al escritor francés dijo, respecto de la de 1991, que era una Constitución para ángeles, pero que Colombia era un país de pícaros.
La Carta del 91, haciendo honor a lo dicho de ella, al menos en parte, creó la figura del Juez de Paz, una suerte de conciliador, de palabrero, como el que usan los wayúus para dirimir sus conflictos. “Corresponde al Juez de Paz la doble tarea de garantizar, por una parte el derecho de nuestros conciudadanos a acceder a la administración de justicia, y por la otra, la de fomentar y consolidar la paz”, reza la Ley 497 de 1999, que reglamentó, ocho años después, el accionar de los jueces de paz.
Paz, esa palabra tan esquiva a los colombianos, aquel abstracto concepto sobre el que se ha derramado tanta sangre, es la tarea de estos jueces cuyas armas principales no son los códigos y los pesados folios de los expedientes, sino la palabra, el entendimiento. El juez de paz, en últimas, es una suerte de hippie que predica el amor entre todos.
Al mismo tiempo el juez de paz es un fantasma, un ser anónimo; existe en las leyes, pero apenas se percibe en la realidad. La Constitución que dictaba su creación data de 1991. La ley que estructuró su funcionamiento fue de 1999, ocho años más tarde, pero, al menos en la capital, fueron por primera vez elegidos hoy hace cinco años: 12 años luego de su creación.
Bogotá, la ciudad que agrupa las mayores instancias judiciales del país, tampoco fue la primera en ponerse a la vanguardia del tema. Primero hubo jueces de paz en Caquetá; luego en otros municipios, después en Cali, y lejos, allá en los últimos lugares, hizo su arribo a la justicia de paz la capital.
Hoy en día, no muchas personas saben qué es un juez de paz. La verdad es que probablemente pocos saben qué es un juez, pues, según varias ONG, el 70% de los colombianos no acceden a la justicia porque no creen en ella o no saben cómo buscarla. Y es que la justicia, en medio de tanta ley que prohíbe, dictamina y regula, es un animal de papel, una criatura enorme llena de trámites y jurisdicciones.
“Nosotros podemos conocer de casos de lesiones personales con incapacidades de hasta 60 días, siempre y cuando no haya secuelas. Deudas hasta de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que en este momento podría ascender hasta $45 millones. Hurto simple, injuria, calumnia”. Quien habla es Javier Cifuentes, agente Javier Cifuentes, el primer, y único, juez de paz que además es policía activo.
La historia del agente Cifuentes comienza cuando hacía parte del grupo de vigilancia del barrio San Bernardo, en el centro de la ciudad, un sector que tradicionalmente ha tenido problemas de prostitución, hurto y drogas. Este hombre de cordiales modales, abogado de la Universidad Libre desde 2006, habla acerca de cómo resolvía los conflictos de su zona mediante la mediación, la repartición de lo que corresponde a cada uno.
En el momento de la elección, hace cinco años, la comunidad misma lo postuló como Juez de Paz del Distrito Seis de Paz, que comprende las localidades de Santa Fe, Candelaria y Mártires. Entonces sobrevinieron el dilema y las demandas. En el país de los abogados, todos miraron el código para intentar ver dónde decía que un policía activo no podía ser elegido en un cargo de elección popular. En efecto, lo dice. Pero la elección de los jueces de paz no es una política, sino una decisión comunitaria. “En últimas, mis superiores y el Consejo de Estado me dieron la razón y yo seguí siendo el juez”, aclara, orgulloso, Cifuentes.
Álvaro Torres tiene algo más de 60 años y es uno de los 10 jueces de paz que hay en Ciudad Bolívar, una de las localidades más conflictivas de la capital. Él, con una sonrisa llena de picardía, dice, orgulloso, que más del 90% de los casos que ha llevado han resultado en una conciliación. Esta última palabra sale de su boca con cierto deleite, con un agrado especial. Conciliar. Cuando los titulares de la prensa de todos los colores reproducen historias de intolerancia, donde los muertos se producen luego de un error, de una mala mirada, la conciliación puede ser una especie de unicornio de la realidad.
“La tarea del juez de paz es llegar a la verdad verdadera. Nuestro trabajo no es, al menos no exclusivamente, aplicar el férreo peso de la ley a como dé lugar. La justicia de paz no busca ganadores o perdedores, sino restituir a todos en equidad, encontrar salidas mediadas a conflictos cotidianos que pueden, por desgracia, terminar en un cementerio”, dice confiado el agente Cifuentes.
“Si recibiéramos más apoyo del Estado, del Distrito, es mucho lo que podríamos hacer por la comunidad, mucho más. Los jueces de paz nos encargamos de solucionarles el día a día a las personas, resolver las peleas entre vecinos, entre arrendatarios e inquilinos. Imagínese cuánto no descongestionaríamos el sistema judicial si cada ciudadano que se siente ofendido por causas menores acudiera a nosotros”, agrega el juez Torres.
Ambos sonríen al recordar los casos que han solucionado en cuestión de días, a veces minutos. Como aquella vez en que el supuesto ladrón de un caballo en el antiguo Cartucho, en el centro de la ciudad, resultó siendo el dueño original del mismo. En esa ocasión la utilización implacable de la justicia hubiera privado de la libertad al dueño real del caballo bajo la sospecha de un robo. Habrían pasado meses antes de que un juez ordinario conociera el caso. En cuestión de un día el problema fue resuelto, nadie fue a la cárcel y cada quien quedó con lo debía quedar. La justicia cojea, a veces llega, a veces corre.
Jueces de paz, en vía de extinción
El 28 de septiembre se vence el mandato actual de los más de cien jueces de paz de Bogotá. Hasta ese día habrá justicia de paz en la ciudad, puesto que las próximas elecciones no han sido convocadas por el Concejo o por el Alcalde Mayor, ambos habilitados para tales menesteres.
El artículo 13 de la Ley 479 de 1999 establece: “El Concejo dos meses antes de vencerse el período debe convocar mediante acuerdo las nuevas elecciones de jueces de paz”. Quiere decir que esto debió haber sucedido en julio.
Sin embargo, hasta el día de hoy, cinco años después de su primera elección, no ha habido señal alguna de la continuidad de la justicia de paz en Bogotá.
Los jueces, entre ellos Álvaro Torres, se quejan del olvido al que los ha sometido la administración. En una carta fechada 10 de septiembre, dirigida al presidente del Concejo, Hipólito Moreno, se lee: “En Bogotá, hasta la presente, no ha habido el debido apoyo a la justicia de paz y a la solución pacífica de los conflictos individuales y comunitarios”.
De decisión polémica a antecedente judicial
Las decisiones de Jesús Majil, juez de paz de la comuna 16 de Cali, siempre levantaron polémica. Algunos estuvieron a favor, otros tantos en contra, pero sus fallos nunca pasaron inadvertidos.
En cierta ocasión una mujer se aproximó al juez y le comentó su caso: su marido, quien era el que trabajaba en la casa, no le daba dinero para comprar maquillaje y demás elementos de belleza. Ella consideraba que era deber de su esposo proporcionarle tales cosas.
El juez habló con las partes, pero la conciliación no fue posible. Entonces, falló: cada mes la mujer recibiría $70.000 para tales gastos.
La sentencia generó revuelo dentro de la comunidad. Mujeres de toda la comuna, con problemas similares, comenzaron a exigir el pago de los $70.000 como un derecho adquirido a punta de ley.
Sin tener que acudir a una Comisaría de Familia, sin llenar expedientes y papelería en la estación de Policía, el conflicto se dirime a través de la mediación de un tercero que reparte entendimiento, equidad.