Desde finales de los años 90 los profesores Paul Collier y Anke Hoeffler han sugerido desvirtuar el discurso político de grupos armados no estatales para argumentar su lucha. Ellos proponen que sea cual sea el discurso, la única y última razón que lleva a una guerra es la avaricia y, con esta, la factibilidad de depredación que tenga el grupo por encima de una convicción con tintes políticos. En la misma línea, Mary Kaldor se ha dedicado a analizar las transformaciones de conflictos armados en la etapa de la globalización, acuñando el término de nuevas guerras; lo que las caracteriza es la omisión de contenido político y el salto a un fenómeno de crimen organizado en donde el quid del asunto es el control de recursos económicos.
No cabe duda de que la capacidad financiera de la guerra puede pensarse como fin de un grupo armado, pero adoptar esta postura en Colombia nos guía a una solución reduccionista/facilista, que cierra el abanico de móviles del conflicto armado y cercena todo un discurso en contra de un pensamiento que sobrepase los umbrales del enriquecimiento. Teniendo esto presente, mi opinión se ha inclinado hacia la existencia concomitante de viejas y nuevas guerras en Colombia, pues sin poder desconocer el contenido político de algunos actores armados, tampoco se puede obviar la influencia que diversas actividades de economía ilegal han tenido en su fortalecimiento y continuidad.
Luego de la entrega de armas por parte de las Farc-Ep todo parece ir mutando a mayor velocidad. Aunque a partir de 2005 se empezaron a dar transformaciones significativas a raíz del surgimiento de grupos pos desmovilización paramilitar, hoy aparecen señales de una materialización y nacimiento de nuevas guerras: Las disidencias de las Farc, así como las conocidas Bacrim (diferenciadas entre grupos delictivos organizados y grupos armados organizados) se encargan de luchar por el control territorial – sobre los vacíos de poder en territorios que no fueron asistidos por el Estado- y a contribuir a la expansión de cultivos de coca alcanzando el récord histórico en el país con cerca de 200.000 hectáreas cultivadas. Esta dinámica está siendo exhibida no como un mecanismo de financiación de guerra sino como el medio para enriquecerse en tanto fin último.
Si bien este “desdibuje” nos inclinaría hacia la postura pura y dura de nuevas guerras, este también devela la incapacidad estatal para dar respuesta a requerimientos sociales cuya satisfacción podría escribir una nueva historia.
En consecuencia, aunque actores como el Clan del Golfo o el frente disidente Oliver Sinisterra persigan fines económicos, la cuestión debería remontarse a cuáles son los motivos/incentivos de sus miembros. Las necesidades básicas insatisfechas, el no acceso a la educación, a la justicia, a la salud, a la vivienda, son algunos incentivos para buscar salidas si se quiere únicas y atractivas para quienes han crecido en un ambiente de precariedad, abandono y violencia. Así, reducir los móviles al enriquecimiento, incluso en este panorama, es alejarse de las subjetividades y la individualidad de cada miembro de un grupo, sea el que sea, así como excluir la responsabilidad del Estado en tanto garante de derechos.
En todo caso, estas mutaciones no se cansan de recordar la tarea de reformular políticas públicas en relación con actividades económicas ilegales, así como analizar los marcos normativos a aplicar. Al menos en lo que concierne al narcotráfico, medidas como la erradicación de cultivos, la posible retoma de aspersión con glifosato, y el proyecto de decreto nada innovador sobre la incautación de dosis personal, representan tan solo retrocesos en debates que creíamos ya superados, que pierden de vista la violencia como un fenómeno multicausal, multiforme y no estático y que continúan poniendo productos, como la coca, como chivos expiatorios causantes de criminalidad tal y como lo fue en su momento la chicha en época de Ospina Pérez en 1948.