Se acabó el 2024 y el año nos deja con algunos avances en política de drogas -principalmente por posicionamientos en escenarios internacionales- y con muchos más deseos por pedir para el 2025. Por esto, más que hacer un alto en el camino para hacer un balance de lo que se logró y de lo que no, desde Elementa queremos comernos doce uvas por la política de drogas colombiana.
- 1. En 2023 se lanzó la Política Nacional de Drogas que plantea un nuevo abordaje para implementarse durante los próximos diez años. La primera uva no podría ser otra que desear un desarrollo eficiente del plan de acción que permita, en los meses que le quedan al actual Gobierno, poder dar pasos importantes, con vocación de permanencia y que verdaderamente aseguren un enfoque de derechos humanos.
- 2. ¿Y la regulación del uso adulto del cannabis? CLARO QUE SÍ, una uva por que por fin avance sin obstáculos el proyecto de acto legislativo que busca abrir la puerta para la regulación. Aunque el proyecto tendría que ser radicado en la legislatura que inicia el 20 de julio de 2025, esperamos que durante el segundo semestre del año supere los 4 debates para que, al finalizar el primer semestre de 2026, se pueda dar por fin la reforma constitucional.
- 3. La tercera uva también nos lleva al Congreso de la República, esperando que el proyecto de ley sobre reducción de riesgos y daños siga su curso y se convierta en ley para que podamos contar con una incorporación definitiva de este enfoque en la política de drogas a nivel nacional.
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- 4. Aunque se lea redundante con el punto anterior, mejor asegurarnos de pedir un deseo individual por la instalación, duración y apoyo de los espacios de consumo seguro de sustancias psicoactivas en Colombia. Si bien en Bogotá ya existe el primer espacio en Colombia y Suramérica, esperamos que esta sea la primera de muchas más iniciativas y que, al mismo tiempo, reciban todo el respaldo de los gobiernos locales y del gobierno nacional.
- 5. Moviéndonos al escenario internacional, y después de una Comisión de Estupefacientes histórica por la ruptura del consenso en materia de reducción de riesgos y daños y de un papel protagónico de Colombia en cabeza de la Embajadora Laura Gil y el Canciller Luis G. Murillo, esperamos que en 2025 el país siga encabezando las discusiones sobre la necesidad de reformar el sistema internacional de política de drogas, incorporando enfoques respetuosos de los derechos humanos y que, finalmente, reconozcan que la prohibición ha fracasado.
- 6. Hace poco más de dos años se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, incluyendo hallazgos y recomendaciones que invitan a ver el actual paradigma de la política de prohibición como un factor de persistencia del conflicto armado que ha dejado un número enorme de víctimas. Desde Elementa entendemos que va a tomar tiempo darle cumplimiento a todas las recomendaciones del informe final, pero esperamos que este 2025 se den avances importantes. Un ejemplo podría ser la recomendación de: Garantizar apoyo y financiación para la investigación interdisciplinaria de los usos medicinales, agroindustriales, nutricionales y otros usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana.
- 7. A pesar de que el 2024 inició con varias alcaldías del país estrenándose en el mundo de las limitaciones a las libertades individuales con los decretos que restringen el consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, la séptima uva es porque el 2025 no sea un año de más abusos y prohibiciones en el ejercicio de derechos fundamentales.
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- 8. El cambio de narrativas ha sido una de las banderas más significativas de la política nacional de drogas y, junto con el trabajo que hemos realizado durante años desde la sociedad civil, se ha impulsado y posicionado la importancia de desintoxicar las narrativas. Esperamos que en 2025 se siga trabajando en garantizar el derecho a la información en política de drogas, a través de narrativas dotadas de evidencia y que se alejen de la falta de evidencia, el racismo, la criminalización de la pobreza, los lugares comunes, los estigmas y los enfoques bélicos.
- 9. La Ley de Utilidad Pública ha significado una gran oportunidad de entender la necesidad de reparar los daños causados por la prohibición. Si bien se ha avanzado con la libertad de un poco más de 100 mujeres desde marzo de 2023, es importante que este número aumente durante este año y que, de forma paralela, se trabaje en corregir los retos que se derivan de una medida que no elimina antecedentes penales de las mujeres y que, por lo tanto, no pueden acceder al mercado laboral.
- 10. ¿Qué sería de la oportunidad de regular el uso adulto del cannabis sin pensarnos el tipo de regulación que necesitamos como país? El 2025 será un año fundamental para que avancemos en esa discusión, teniendo en cuenta la realidad de nuestro mercado de cannabis, de las dinámicas de consumo y sin dejar de lado la relevancia de la justicia social como eje, incluyendo medidas que nos permitan entender la regulación como una forma de reparación.
- 11. Afortunadamente, la fumigación aérea con glifosato ha estado ausente de la vida de miles de campesinos y campesinas durante los últimos dos años. Sin embargo, es fundamental que se asegure bloquear cualquier posibilidad para que en el futuro se retome esta estrategia que solo causa graves afectaciones a los derechos humanos.
- 12. Y la última uva, por supuesto, es porque Colombia siga contando con una sociedad civil fortalecida en política de drogas, dispuesta a impulsar y acompañar iniciativas que reten el sistema de prohibición, y que visibilice y contenga los intentos por retroceder en la garantía de derechos de todas las personas afectadas por una guerra fracasada y sin sentido.