El 2023 será el año para que aterrice la ambiciosa propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, así como su promesa de meterle el acelerador a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en noviembre de 2016. Colombia+20 presenta las proyecciones de lo que podrá ocurrir en el transcurso de 2023 en el proceso de paz con el Eln, el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados —incluida esa guerrilla—, la reforma agraria, la política de drogas, la justicia transicional y las garantías de seguridad.
La negociación de paz con el Eln
En los primeros meses de 2023, la mesa de negociaciones de Gobierno y Eln debe:
- Desarrollar los planes piloto de alivios humanitarios en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el medio San Juan (Chocó) para desescalar el conflicto armado.
- Definir el modelo de participación de la sociedad civil en el proceso. El modelo tendrá una delimitación territorial, temática y temporal. Una vez definido, la mesa deberá avanzar en los siguientes puntos de la agenda como el de las transformaciones para la paz, que prevé establecer programas para “superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”.
Los cambios estructurales que se acuerden en la mesa, con la participación activa de la sociedad civil, se deben empezar a ejecutar de manera inmediata, también con participación de las comunidades en los territorios.
(En contexto: Paz con el Eln: ¿qué viene para 2023 en la negociación entre Gobierno y guerrilla?)
Dependiendo del éxito de los modelos de los pilotos de alivios humanitarios, se llevarán, con ajustes, a otros territorios. La mesa empezará a sesionar, en su segundo ciclo, en México. Luego se determinará cómo se seguirá aplicando la rotación de las sedes en los países garantes.
También deberá hacerse seguimiento al cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro con cinco grupos armados, entre ellos el Eln.
Lo que viene en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
- Se dará el mayor avance del sistema de justicia transicional hasta ahora: La JEP emitirá sus primeras sentencias con sanciones propias para los responsables de crímenes atroces durante la guerra. Las condenas irán para excomandantes de las Farc, en el caso 01, que investiga el secuestro, y militares, en el caso 03, que investiga los “falsos positivos”. Las sanciones que recibirán serán penas restaurativas y reparadoras que no contemplan cárcel.
- La JEP definirá si los exjefes de las Farc procesados por secuestro que están próximos a ser sancionados pueden continuar con sus curules en el Congreso al tiempo que cumplen con la pena que se les imponga. También se conocerá qué va a pasar con el cargo de esclavitud que se adicionó en la imputación sobre secuestro.
- Se realizará la audiencia pública de reconocimiento de ocho de los 10 imputados por “falsos positivos” en Dabeiba (Antioquia). Tras ese paso, se expedirá la cuarta resolución de conclusiones de la JEP, que conducirá a la sentencia condenatoria de ese grupo de militares.
- Se podría expedir una nueva imputación (auto de determinación de hechos y conductas) contra exmiembros de las Farc: la del caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto. Según ha establecido la JEP, de 1996 a 2016 el total estimado de víctimas se ubica entre 19.253 y 23.811 niños y niñas que fueron reclutadas.
(Lea: Eln, disidencias y ‘paras’: ¿con quién acordó cese al fuego el Gobierno Petro?)
El cambio de enfoque en la política de drogas
En enero de 2023, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito definirá la hoja de ruta, luego de los cambios anunciados por el presidente Gustavo Petro y el director del programa Felipe Tascón, en cuando a sustituir la coca por proyectos agroindustriales. Allí se definirá:
- Cómo se resolverán los incumplimientos a las 99.000 familias que están inscritas en el programa de sustitución.
- Qué pasará con las familias que también quieren sustituir, pero no están inscritas en el programa.
- Cómo será la estrategia de mantener la coca mientras el proyecto sustituto es efectivamente rentable.
También, continuarán las asambleas cocaleras convocadas por el Gobierno Petro para escuchar los reclamos y propuestas de los campesinos cultivadores. El primero se realizó el 15 y 16 de diciembre en el Catatumbo. El próximo será en enero en Putumayo.
(Lea: “EE. UU. puede ser aliado en la sustitución gradual de la coca”: Felipe Tascón)
En el primer semestre de 2023, además, el Ministerio de Justicia establecerá el protocolo para aplicar la erradicación forzada sobre los cultivos de uso ilícito industriales. Según esta entidad, en ese mismo periodo esperan lograr la regulación del cannabis de uso adulto y de la hoja de coca, por hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, e iniciar pilotos sobre usos alternativos de esta última. Además, participará en la Comisión de Estupefacientes de Viena en marzo.
Este año, además, avanzará en el Congreso el proyecto de ley del partido Comunes que garantiza el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca, tal y como lo prometió el Acuerdo de Paz. La votación en Comisión Primera del Senado estaba planeada para diciembre, pero no hubo quorum. Se espera que se reagende para las sesiones extraordinarias de febrero.
El aterrizaje de la reforma agraria
En materia de compra de tierras, en los primeros meses se verá el inicio de las compras de terrenos por parte del Gobierno Nacional a particulares, lo que incluye el acuerdo firmado con Fedegán en octubre de 2022. Según el Ministerio de Agricultura, a la fecha se han recibido ofertas para compra que equivalen a 1.700.000 hectáreas de tierra.
Las ofertas recibidas de ganaderos agremiados en Fedegan son 370 predios que suman 275.542 hectáreas. Sin embargo, solo 9.335 hectáreas están en la región Caribe y en el Magdalena Medio, que es donde el Gobierno decidió comprar la tierra.
Durante las primeras semanas, el Ministerio de Agricultura y sus agencias estarán evaluando las ofertas para que cumplan con todos los requisitos: que sea tierra adquirida transparentemente, que no haya ninguna duda sobre su propiedad, que no tenga ninguna relación con casos de despojo, que sea tierra muy productiva, que no se inunde y que no esté dentro de los límites ambientales. Simultáneamente, seguirá recibiendo ofertas para compra.
(En video: ¿Por qué la propiedad de la tierra es la raíz del conflicto armado en Colombia?)
Sobre las tierras de la mafia para la reforma agraria, al cierre de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha entregado tres predios, que eran de antiguos paramilitares o narcotraficantes, para aportar a la reforma agraria de Petro:
- Finca Támesis: perteneció al grupo paramilitar de la Casa Castaño. Está ubicada a siete kilómetros de Montería (Córdoba) y tiene 590 hectáreas. Fue entregada a 50 familias campesinas.
- Finca Pontevedra: pertenecía a Juan José Valencia, conocido como “Falcon”, integrante de las Agc o Clan del Golfo. Está ubicada en Planeta Rica (Córdoba) y tiene 1.200 hectáreas. Fue entregada a 120 familias campesinas.
- Lote rural en Fusagasugá (Cundinamarca): el predio de 1.3 hectáreas estaba ocupado irregularmente y fue transferido a la sociedad Orellanas de Oriente S.A.S, conformada por excombatientes de Farc.
Actualmente, la SAE está trabajando sobre otros 22 predios para entregarlos en los próximos meses. Tienen una extensión de entre 29 y 1.020 hectáreas. Están ubicados en:
- Meta: Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto López, Barranca de Upía, Villavicencio, San Martín, Acacías, Cumaral, Restrepo.
- Sucre: Sampues, San Marcos, San Benito Abad.
- Bolívar: Arjona.
- Valle del Cauca: Bugalagrande, Zarzal.
A la fecha, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 800.559 hectáreas de tierra (entre formalizadas y adjudicadas). De esas, 575.318 han sido para ampliación de resguardos indígenas y 115.393 para constitución de resguardos indígenas.
Garantías de seguridad para líderes sociales y excombatientes de Farc
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el Acuerdo de Paz, retomará su curso. Durante el Gobierno de Iván Duque apenas sesionó en siete ocasiones, pese a que debía hacerlo mensualmente.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, la comisión ha sesionado dos veces: en octubre y en diciembre. El resultado fue la creación de la subcomisión de garantías de seguridad, que hará seguimiento a los compromisos que se pacten en las sesiones generales de la comisión. Esa subcomisión se ha reunido tres veces y entregará insumos para el Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026.
(Lea: “La protección en Colombia es un negocio enorme”: director de la UNP)
Se espera que este año la comisión logre el objetivo para el que fue creada: emitir la política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales y grupos herederos del paramilitarismo. Acompañará los acercamientos del Gobierno Petro con grupos armados y las negociaciones de paz con el Eln.
La primera sesión de la comisión en 2023 sucederá entre la segunda y la tercera semana de enero. Uno de los puntos clave a discutir serán las recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, a propósito de las denuncias por corrupción que ha hecho el director Augusto Rodríguez.