La Procuraduría General de la Nación informó que se abrió una investigación disciplinaria a 10 concejales del municipio de Malambo, Atlántico. La medida se tomó por la presunta suscripción en una notaría de un pacto para integrar las mayorías políticas en el recinto. A esto se le suma la cuota millonaria que se cree que establecieron para evitar la deserción del acuerdo.
Los cabildantes para el periodo 2020- 2023 que serán investigados son Yesica Jassir Miranda, Milena Rodríguez Charris, María Castro Gutiérrez, Elver Espinosa Polo, Jhonis González Ortega, Yair de la Cruz Valera, David Fábregas Araujo, Alejandro Barrios de Alba, Gustavo Ladrón de Guevara y Jair González Tinoco.
El 14 de septiembre se anunció la coalición de control político, al alcalde Rumenigge Monsalve, de la que hacen parte los 10 concejales investigados de los 17 totales. En esta mostraban su rechazo e inconformidad con el plan de gobierno de la administración actual.
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La entidad busca determinar si los cabildantes firmaron un “Pacto por la solidaridad y el progreso de Malambo”, con el que pretenderían constituirse en las mayorías políticas en la corporación para la toma de decisiones. La firma habría sido en la Notaria 12 de Barranquilla.
“Se investiga si los concejales estarían cobrando $330′000.000 a uno de los cabildantes, quien también es investigado, por aparentemente retirase del acuerdo, luego de firmar una letra de cambio en blanco que presuntamente se haría efectiva contra cualquiera que se saliera del pacto”, explicó la PGN.
Fueron ordenadas la recopilación de pruebas para verificar y esclarecer los hechos. Con esto se determinará si son constitutivos de falta disciplinaria para posteriormente establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Por otra parte, la Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria al exalcalde Efraín Bello Camargo (2016-2019). En este caso por la presunta omisión en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, en un predio adquirido por valor de $1.300′000.000.
“La Procuraduría Provincial de Barranquilla investiga si el exalcalde no tomó las medidas pertinentes para evitar que la planta de tratamiento de aguas residuales se construyera en un terreno diferente a las 6.6 hectáreas que ya se habían pagado para su ejecución”, dijo la entidad en un comunicado.