Por medio de un comunicado, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Fundación Lazos de Dignidad, manifestaron su desaprobación frente al nombramiento de Carlos Julio Manzano, exconcejal de Barranquilla y abogado, como defensor del pueblo en Atlántico. Este nombramiento lo hizo el defensor del pueblo nacional, Carlos Camargo, cuyo nombramiento en septiembre de este año también fue criticada.
“Con la llegada de Camargo, no solo se demuestra la intención del Gobierno de seguir copando todos los espacios e instituciones para los intereses de su partido, sino además de seguir debilitando el Estado Social de Derecho”, afirman. Las organizaciones sostienen que este nombramiento demuestra una estrategia que busca convertir esta institución “en una caja menor del Gobierno que, a través de favores burocráticos, pretende ocultar la grave situación de Derechos Humanos que enfrenta el país”.
También le puede interesar: La respuesta del defensor del Pueblo a la demanda que busca sacarlo del cargo
De acuerdo con el comunicado, este nombramiento es una prueba de “la cooptación institucional, el clientelismo y el debilitamiento institucional”. También recuerdan los escándalos en los que se ha visto involucrado Manzano, como el multimillonario desfalco al Foncolpuertos, que tildan como “uno de los peores casos de corrupción de la historia del país”.
Leer: Foncolpuertos, 20 años después
Esto hace referencia al caso en el que algunos jueces y funcionarios de Puertos de Colombia (Foncolpuertos) se unieron para desfalcar al Estado por varios cientos de miles de millones de pesos. Fueron en total 55 sentencias emitidas entre 1991 y 1996, las cuales permitieron la apropiación ilícita de por lo menos $2.228 millones por parte de exfuncionarios de la entidad. Esos fallos fueron anulados posteriormente por distintos tribunales, al quedar en evidencia su ilegalidad.
“Estos hechos ponen en duda su capacidad de asumir con transparencia la dirección de esta importante institución. E igualmente, sus múltiples líos con la justicia colombiana, lo alejan de ser un candidato íntegro para este cargo”. Agregan que suspenden cualquier interlocución con la Defensoría del Pueblo, hasta que se haga otro nombramiento.