Bryan Orozco, concejal de Soledad, Atlántico, denunció a la alcaldía de Soledad ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, por un presunto acto de corrupción que compromete $2.000 millones.
El cabildante asegura que este dinero se destinó para pagar el alquiler de sedes educativas del municipio mientras los estudiantes recibían clases de forma virtual. Se trata de tres contratos de arrendamiento que fueron firmados el °1 de abril de 2020, casi un mes después del primer caso de COVID-19 confirmado en el país. El primero se suscribió por un valor de $1.285 millones, el segundo por $134 millones, y el tercero por $122 millones.
“Violando el principio de publicidad que establece la ley, ocultaron de manera burda los contratos hasta octubre de 2020 para que no se investigaran”, aseguró Orozco a través de su cuenta de Twitter.
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Ante esto, la alcaldía de Soledad aseguró que las sedes siguen en funcionamiento. “En estas sedes se sigue ejecutando el programa de entrega de meriendas escolares, se entregan las guías pedagógicas a los padres de familia, pues todos los niños no cuentan con computadores en sus casas, y los docentes y directivos coordinan las labores pedagógicas para los niños que estudian en casa y atienden las inquietudes de sus padres”, explicó la secretaria de Educación, Aida Ojeda.
“Me sorprenden las declaraciones del concejal porque esta no es una acción de esta administración. Esta es una estrategia de ampliación de cobertura que viene desde el año 2016 en algunas instituciones y desde el año 2018 en otras, de tal manera que esos arrendamientos generan la atención de 6 mil niños, que, de no tener alquiladas esas sedes, quedarían por fuera del sistema”, agregó Ojeda.
Según informó la funcionaria, estos contratos siguen realizándose ante la falta de acceso a tecnología de los estudiantes del municipio. “Nosotros no tenemos la facilidad de tener educación virtual desde la casa para todos los niños, por lo tanto otra estrategia es la entrega del material pedagógico, es decir las guías, y se hace y se seguirá haciendo desde estas instalaciones”.
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Donaldo Reales Palmera, rector del colegio Inobasol, uno de los que funciona en dichas sedes, aseguró que “las instituciones son contratadas durante todo el año porque el Estado le tiene que responder a la educación de los hijos de padres de familia y si se suspenden los contratos y se cierra la institución, los padres de familia protestarían. Nosotros hemos seguido repartiendo las meriendas escolares y entregando las guías pedagógicas. Además, como el Gobierno está hablando de alternancia, si cerramos las sedes, la comunidad va a protestar”.
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