No advierte que en esa cuenta se incluye casi toda la Amazonia, cerca de 27 millones de hectáreas que a título de resguardo han sido asignadas a varias etnias de ese amplio territorio para que contribuyan a preservarlas como ecosistemas de interés de la humanidad.
En las intervenciones presidenciales orientadas a deslegitimar las demandas de los pueblos indígenas tampoco indica que muchos de los resguardos se traslapan con parques naturales y zonas de reserva.
Las cifras sobre la tenencia de la tierra en el Cauca las tomó el Presidente de un estudio contratado durante la administración del gobernador Juan José Cháux Mosquera, ex embajador en República Dominicana, quien tuvo por consigna “ni un metro de resguardo” a los indígenas que recurren a vías de hecho. Si se comparan los discursos puede decirse que el presidente Uribe se volvió discípulo de su ex gobernador preferido.
Pero es de mayor utilidad comparar los argumentos y cifras del Presidente con las que aportan los estudios del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y que están consignados en un documento de 138 páginas que se titula “Lineamientos del Plan de Vida Regional de los Pueblos Indígenas del Cauca” (Equipo Plan de Vida, Popayán 2008).
En la tabla comparativa anexa se observan varias discrepancias, incluida la superficie del departamento. Pero lo importante a indicar es que si se asume la proporción entre tierra aprovechable y la que corresponde a parques, paramos, ciénagas y bosque nativo no explotable, la diferencia entre las cifras llevan a reconocer la realidad del déficit de tierra de las comunidades indígenas.
Según los datos del CRIC, el promedio de hectáreas por familia es 3,7 y según el Presidente es 4,5. Acogiendo 8 hectáreas como promedio de Unidad Agrícola Familiar se llega a una diferencia del déficit territorial indígena en el departamento cercano a 22.000 hectáreas . El estudio del Incora (2004) que sirve de apoyo al CRIC estimó el déficit en 218.106 hectáreas y al Presidente ese déficit le llega sólo a 196.805 para que los “indígenas terratenientes” tengan apenas ocho hectáreas promedio por familia.
Si el Presidente tiene registros de tierras legalizando 721.763 hectáreas en resguardos en el Cauca y al CRIC los documentos públicos le dicen que son 544.901, razón tienen de pedirle que les entregue las 170.000 hectáreas que dice tener contabilizadas sin que los indígenas tengan noticia. ¿A quién le quiere entregar Uribe las 439.000 hectáreas de baldíos que ha identificado el Incoder para adjudicar en el Cauca?
Razón tienen los voceros de la “minga” cuando dicen que mientras el Gobierno aclara los problemas de fondo que seguirán pendientes frente al reclamo indígena de territorio y respeto a su identidad y a sus derechos, bien puede resolver la demanda de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana sobre indemnización por la masacre del Nilo y cumplir los compromisos que siguen pendientes desde 1999.
*Presidente de la Fundación Indepaz.