Durante la ceremonia de posesión de siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos insinuó que el Gobierno busca que sean las Altas Cortes, quienes elijan a los magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz.
«Estamos en el tema muy delicado e importante de cómo se van a designar los magistrados que van a componer ese Tribunal Especial y se han hecho propuestas para que nuestras Cortes jueguen un rol y tengan un papel en esa designación”, indicó el mandatario.
Aclaró que esto aún no se ha acordado con los negociadores de paz de las Farc, que es un tema que queda por resolver y que el Gobierno espera se admita esta propuesta debido a que ha reiterado en varias oportunidades que no aceptara que miembros de la guerrilla elijan a los magistrados.
El jefe de Estado destacó que “la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz realmente va a significar un precedente para futuros conflictos”, de modo que “ya es motivo de estudios, de análisis muy interesantes por parte de la comunidad internacional” por lo que debe generar confianza y legitimidad a través de la selección de personas idóneas para ocupar esos altos cargos.
Finalmente dijo que por esta razón es muy importante la experiencia de los nuevos magistrados, quienes tendrían la responsabilidad de elegir a los jueces que juzgarán a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, ya sean miembros de las Farc, agentes del Estado, entre otros, responsables de los delitos particularmente los más graves y representativos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y los graves crímenes de guerra.
En la Jurisdicción Especial para la paz se estableció que los responsables de estos delitos tendrán un tratamiento especial que será el siguiente: Quienes reconozcan su responsabilidad serían condenados a entre 5 y 8 años de cárcel; quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente antes de la sentencia, tendrán una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años; y quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables serán condenados hasta con 20 años de prisión.