El primer caso, se trató Óscar muñoz, un hombre proveniente de Medellín, que fue expulsado del archipiélago el pasado 25 de mayo, por distribución ilegal de productos en la isla. “Simulamos ser clientes interesados en su negocio para concretar una cita con el señor y luego de verificar que no tenía su documentación en regla, procedimos con la expulsión ” dijo Daniel Biscaino, el coordinador de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) sede aeropuerto, que a su vez, denunció públicamente que el comerciante lo intentó sobornar para reingresar nuevamente a la isla.
El Espectador se comunicó con el ciudadano expulsado y manifestó que su único objetivo era conseguir la residencia para posteriormente legalizar su negocio en el archipiélago. “Es injusto porque soy una persona trabajadora y vi allá la oportunidad de crecer”, dijo el paisa que se encontraba en San Andrés desde enero del presente año.
Otro caso involucró a la venezolana Emili Mendoza Nigrini, quien fue sorprendida el lunes 28 de mayo vendiendo alimentos frente al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. La joven del vecino país fue regresada a la ciudad de Barranquilla, lugar de origen del vuelo que la llevó a San Andrés. Este y decenas de casos más, se suman a los denunciados por la oficina de la OCCRE en lo corrido del 2018.
De acuerdo a el decreto 2762 de 1991, las personas que realicen actividades laborales dentro del Archipiélago, sin estar autorizado para ello, se les considera como irregulares y deben abandonar inmediatamente el departamento. Además de no poder ingresar nuevamente en un tiempo menor a 4 años, deberán cancelar multas de hasta 20 SMMLV. Solo podrán fijar temporalmente su residencia, las personas que por tiempo definido deban ejercer actividades académicas, científicas, profesionales, de gestión publica o culturales.
Por otro lado, muchos visitantes han tratado de buscar respaldo a través de la Defensoría del Pueblo regional San Andrés, haciéndose pasar como víctimas del conflicto. Tonney Gene Salazar, la defensora departamental, asegura que la Unidad Nacional de Víctimas es la encargada de declarar en dicha condición a cualquier ciudadano. “Estamos investigando para tener mayor claridad e información sobre este tema”, aseguró la funcionaria luego de que surgieran rumores sobre posibles “falsas víctimas” que logran instalarse como residentes.
En el último censo realizado en el departamento, el DANE indicó que la población sandresana está conformada por 78.413 personas. Sin embargo, el coordinador de la OCCRE, señala que cerca de un 25% de los habitantes se encuentran en condición de residencia irregular y por esta razón, el conteo del DANE no refleja la verdadera cifra que ascendería a más de 100.000 personas.