A raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular la inscripción de 1’533.000 cédulas en el país, entre ellas alrededor de 5.000 en Manizales –por cuenta de supuesto trasteo de votos– el Concejo de la capital de Caldas radicó una tutela pidiendo que se revoque la resolución de declaratoria de trashumancia.
La tutela fue presentada por el presidente de la corporación, concejal Francisco Javier González, quien explicó que se trata de un mecanismo transitorio de defensa para evitar “un perjuicio irremediable”, considerando entre otros, que se busca amparar los derechos fundamentales de los afectados, entre ellos el buen nombre.
“Entre los hechos en los que se fundamenta la acción están que tras la resolución, una gran cantidad de personas residentes en Manizales y en Caldas fueron notificadas a través de mensajes que decían: ‘La inscripción de la cédula de ciudadanía No. XXXXX efectuada en Manizales, Caldas, fue dada de baja por trashumancia’, dando por sentado que los electores ya han cometido un delito”, explicó el Concejo.
La corporación ejemplifica el hecho con el caso de una mujer en Filadelfia (Caldas), quien vive en Manizales hace más de ocho años, y que a sus 61 años ve afectado su derecho al voto, “pues tendría que desplazarse hasta este lejano municipio, sin contar con los medios necesarios para su transporte”.
Adicionalmente, se argumentó que muchos de los ciudadanos afectados no tienen conocimiento de la decisión tomada por el CNE y tampoco cuentan con los medios propicios e idóneos para hacer valer sus derechos.
“Por la urgencia del caso ante la cercanía de las elecciones, se solicitó ordenar como medida provisional, suspender la aplicación de la Resolución No. 2212 del 18 de septiembre de 2015, mientras se surte el trámite de pretensión de nulidad”, precisó el Concejo.
El estudio de la tutela le correspondió a José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales.