El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión de tres meses contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. La sanción fue impuesta por la Procuraduría General luego de que el mandatario de la capital santandereana le diera una bofetada al concejal John Claro, del partido ASI, el 28 de noviembre de 2018.
A finales de diciembre de ese año, el Tribunal Administrativo de Santander emitió medida cautelar anulando la decisión de la Procuraduría de suspender temporalmente al alcalde. Sin embargo, la reciente sentencia del Consejo de Estado anuló dicha decisión.
Contexto
El 14 de diciembre de 2018, Rodolfo Hernández presentó una acción de tutela contra la Procuraduría, con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción de buena fe y de inocencia, a la igualdad de trato, al respeto, a elegir y ser elegido y a ejercer sus derechos políticos sin restricciones administrativas.
De acuerdo con el Consejo de Estado, Hernández consideró que dicha suspensión es violatoria de sus derechos fundamentales, pues, según el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que la Corte Constitucional le reconoció un carácter vinculante, «la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para restringir o limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular; al respecto, dicha Corporación ha manifestado en diferentes oportunidades que las restricciones, limitaciones o suspensionesdel ejercicio de los derechos políticos son posibles,únicamente, si se encuentran en una sentencia judicial ejecutoriada, proferida en el marco de un proceso penal», entre otras cosas.
La acción de amparo fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander el 19 de diciembre de 2018.
El Consejo de Estado determinó que la Procuraduría sí tiene competencia para investigar disciplinariamente al alcalde de Bucaramanga y para limitar sus derechos políticos, por lo tanto ordenó que «se revocara el fallo del 17 de enero de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, niégase el amparo solicitado por el señor Rodolfo Hernández Suárez, mediante la acción de tutela interpuesta contra la Procuraduría General de la Nación, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
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La pelea
Hernández y Claro se reunieron el 28 de noviembre para hablar, supuestamente, sobre el proceso de moción de censura que se adelantaba en contra de la secretaria de Hacienda en el Concejo de la ciudad, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando el concejal Claro acusó al hijo del mandatorio de pertenecer a la junta directiva de la empresa Entorno Verde, que tenía vínculos con el excongresista Fredy Anaya (uno de los personajes más poderosos y controvertidos en Santander). La compañía buscaba quedarse con el contrato del relleno sanitario de la capital santandereana.
El alcalde, al escuchar esto, reaccionó de manera violenta y le propinó un golpe. Además, profirió un sinfín de insultos hacia el concejal, quien sólo manifestó: «El alcalde me pega porque estoy diciendo la verdad».
Un día después, el 29 de noviembre, la Procuraduría tomó la decisión de suspender por el término de tres meses al alcalde de Bucaramanga por los constantes malos comportamientos contra la dignidad y el buen nombre de las personas que están en su entorno o de los que interactúan con él en el desarrollo de su gestión.
El procurador general, Fernando Carrillo, expresó en su momento: “uno no puede enlodar el ejercicio de función pública agrediendo a los ciudadanos. Abrimos la investigación y acudiré a todas las herramientas cautelares que tiene la ley porque el caso podría configurar una sanción disciplinaria”. Según Carrillo, el comportamiento del alcalde va en contra de las funciones de quienes ocupan cargos públicos.