En mayo pasado el país se vistió de luto. Treinta y tres niños murieron quemados por la imprudencia de un conductor y la falta de control de las autoridades, que permitieron que un bus transitara por las calles del municipio de Fundación sin cumplir las condiciones exigidas por la ley para la prestación del servicio del transporte. Por esos hechos la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Jaime Gutiérrez Ospino, el conductor del bus; y contra Manuel Salvador Ibarra Plaza, el pastor de la Iglesia Pentecostal que contrató a Gutiérrez para trasladar a los niños desde la sede de la congregación hasta las casas de sus familias.
La tragedia puso el foco sobre el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, la entidad pública encargada de supervisar y controlar la movilidad en el municipio. Luego de recibir una solicitud de la Superintendencia de Transporte, la Contraloría Departamental del Magdalena le metió el diente al contrato N° 001 del 2006, mediante el cual el Instituto le entregó a la empresa Identificar S.A. la concesión para la implementar, operar y mantener el sistema integral de expedición de documentos; la administración de patios y grúas; la expedición de diagnósticos; el nombramiento de agentes de tránsito; el recaudo de recursos mediante cobro prejurídico y coactivo; el cobro de los servicios prestados por el Instituto; y la operación de los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo, lo cual implicó que Identificar S.A. se quedara con el 70% de las arcas del Tránsito de Fundación.
Y es que según la Contraloría, el contrato N° 001 “es completamente ilegal a la luz de las leyes”. En lo que concierne a los cobros, el ente de control recordó en su informe de revisión que las entidades públicas no pueden delegar a particulares el recaudo de dineros, en este caso de multas de tránsito. Además, llamó la atención sobre el tiempo de duración del contrato, que las partes acordaron en 20 años, con lo cual habrían violado la ley que limita los términos de duración a sólo cinco.
Pero la irregularidad más evidente sería que Identificar S.A. le cobra $10.000 a cada habitante de Fundación por la realización de cualquier trámite ante el Instituto de Tránsito, cobro que no ha sido aprobado por el Congreso de la República, la Asamblea del Magdalena o el Consejo de Fundación. Según el ente de control fiscal, por concepto de este ingreso Identificar S.A. ha percibido más de $415 millones, lo cual podría configurar “un desvío de recursos públicos, en el sentido que la empresa Identificar S.A. se está apropiando de una suma de dinero que pagan los ciudadanos por realizar un trámite ilegalmente”.
En diálogo con El Espectador, Alejandro Pérez Prada, contralor General del Magdalena, aseguró que, como el Instituto también le delegó a Identificar S.A. el nombramiento de los agentes de tránsito, los guardas de Fundación son personas particulares, lo que no está permitido. Por ello, en referencia a la tragedia de mayo, dijo que “estos hechos que nos dolieron a todos los colombianos ocurrieron por omisión de la norma. Los únicos tres agentes de tránsito no eran funcionarios, eran particulares, entonces de qué manera se podía regular la movilidad, cómo se podía controlar que los vehículos que transitaban en la jurisdicción tuvieran la documentación en regla; mucho menos regular el transporte de población especial, como son los niños”.
La empresa
Según pudo establecer El Espectador, Identificar S.A. es una empresa registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya representante legal es Ludyn Stella Fajardo Quitian. Como representante legal suplente y miembro de la junta directiva de la empresa figura Héctor Fernando Palacio Muñoz, a quien un juez de Bogotá condenó en julio de 2004 a 46 meses de prisión por tratar de refrendar 20 licencias de conducción falsas en el municipio de Floridablanca (Santander), para lo cual comisionó a Alba Fajardo Quitian.
Según el registro mercantil, las actividades económicas de la compañía son la impresión; la participación en industrias básicas de metales no ferrosos; y el procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. Identificar S.A. figura, además, con cinco establecimientos comerciales en Bogotá llamados “centros de acopio identificar” y dos en otros municipios de Cundinamarca, todos dedicados a “actividades de impresión”. En Cali existe un establecimiento con igual nombre, destinado a prestar asesorías de tránsito y transporte y a adelantar diligencias.
Igualmente, en un documento de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte emitido en 2011, Ludyn Stella Fajardo Quitian aparecía como representante legal de la empresa Inversionistas y Protectores en Salud S.A.S., una entidad con cobertura a un centro de reconocimiento de conductores en Cartagena.
Decisiones
Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación, el contralor del Magdalena, Alejandro Pérez Prada, le solicitó al Instituto Municipal de Transito de Fundación iniciar “proceso administrativo tendiente a terminar bilateral o unilateralmente, revisar o modificar el contrato, porque está causando un daño patrimonial y se encuentra en trasgresión a las normas legales”. Así mismo, le solicitó al municipio dejar de cobrar a los ciudadanos los $10.000 por los trámites adelantados en el Instituto y “restituir los dineros cobrados hasta la fecha”. Además, anunció que de no acatarse estas solicitudes hará los traslados pertinentes a la Procuraduría y que le solicitará a la Fiscalía General de la Nación que investigue a la interventoría del contrato y al revisor fiscal de Identificar S.A., quienes presuntamente estarían infringiendo el estatuto anticorrupción.
* mflorez@elespectador.com