La razón es muy sencilla. A estos niños los subversivos les ofrecen en promedio un millón de pesos para ingresar a las filas de la guerrilla o las autodefensas. “El Gobierno está tomando acciones para salvaguardar la inversión social de 2009. Está claro que los ilegales no van a reducir sus ingresos, pero es posible que los más pobres vayan a ser los más susceptibles económicamente”, agregó Martin con temor de que los niños caigan en la tentación.
Durante la presentación del segundo informe de la “Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley”, presidida por el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se analizó esta posibilidad, que contrasta con el hecho de que después del 1° de noviembre en Colombia se constituye un crimen de guerra el reclutamiento de menores. Desde ese día los grupos armados que integren sus filas con niños y niñas podrán serinvestigadas por la Corte Penal Internacional.
“Ojalá esto sea un incentivo para los grupos ilegales y que dejen salir a los niños. Que los dejen salir ya y no hasta el 1° de noviembre. Ellos deben saber que esto va a ser castigado internacionalmente”, dijo el representante de la Unicef.