La Defensoría del Pueblo manifestó que el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres adolece de suficientes recursos y atribuciones para atender los desastres causados por el invierno, teniendo en cuenta que la magnitud de las consecuencias ha superado su actual capacidad.
El organismo de control celebró la determinación del Ejecutivo de decretar la Emergencia Social y Ambiental, pues se necesitan instrumentos extraordinarios para acopiar nuevos recursos y adelantar nuevas actuaciones tendientes a superar la emergencia.
El defensor Vólmar Pérez considera que urge disponer de estas herramientas emergentes, para dar atención al drama que viven 330 mil familias damnificadas en todo el país y los daños en por lo menos 143 carreteras.
“Es necesario establecer disposiciones especiales en materia presupuestal, crediticia y fiscal, de dotación de viviendas y servicios públicos esenciales para lograr la recuperación de la actividad productiva y atender las necesidades básicas de las personas afectadas, así como lograr la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por causa del invierno”, dijo el funcionario.
Insistió que lo que está en juego son algunas de las garantías fundamentales de los afectados que, además de la pérdida de sus viviendas y enseres, padecen hambre y se enfrentan al riesgo de contagio de epidemias y enfermedades.
“La puesta en marcha de estas actividades implica la de garantizar las condiciones de vida de las personas afectadas en términos de satisfacción de los derechos humanos”, puntualizó.