"Fíjese que tres de los muchachos desaparecen un día y aparecen al día siguiente en Medicina Legal, muertos en combate. Cuatro de ellos, solamente dos días después. Entonces más de la mitad fueron retenidos en la capital de la República y máximo dos días después ya estaban en combate, armados, organizados, en un enfrentamiento, en fechas distintas", cuestionó López en diálogo con Caracol Radio.
La funcionaria recalcó que es muy extraño que los grupos al margen de la ley se lleven a los jóvenes a combatir sin ni siquiera haberlos entrenado, motivo que la llevó a pensar en reclutamiento con fines de homicidio.
López recordó además que las zonas marginales de Bogotá son las más vulnerables para que se presenten este tipo de desapariciones.
De otra parte, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, en diálogo con la misma cadena recalcó que sí hay elementos confusos y que sí se podría tener en cuenta la hipótesis de las desapariciones forzadas.
"No sé de qué elementos dispone ella (Clara López) (…) Pero sí hay elementos confusos. Hay inconsistencia desde las fechas reportadas de la desaparición con la probable fecha del fallecimiento en combates con el Ejército. No hay ninguna lógica", manifestó Pérez.
El Defensor del Pueblo recordó que desde hace dos años avisó a la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas, que se estaba haciendo el traslado de los jóvenes de zonas como Altos de Cazucá o Soacha a subregiones del Catatumbo en Norte de Santander, lugar en donde fueron hallados los cadáveres.
"El panorama se da para que el Estado adopte medidas eficaces preventivas para así evitar que aumenten estos casos. Los grupos armados ilegales se han convertido en un mercado laboral para jóvenes que no tienen alternativas para trabajar en el país", aseveró Pérez.
De momento, sólo resta esperar que la Fiscalía y Medicina Legal despejen las circunstancias que rodearon este episodio.