Diálogos de paz, entre pretextos y crisis

“En cualquier parte del territorio nacional donde sea atacada la Fuerza Pública, el gobierno entenderá que se terminó el cese al fuego”: palabras pronunciadas en 1987 por el entonces presidente Virgilio Barco, que marcaron el final de una era. Archivo - El Espectador Seis días antes, dos frentes de las Farc emboscaron un convoy militar del Batallón Cazadores en la vía entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), y ese fue el pretexto para terminar los diálogos de paz iniciados en el gobierno de Belisario Betancur. Como ese episodio, ocurrido hace 28 años, el tema de fondo hoy es si con su acción de ayer a la media noche en el municipio Buenos Aires (Cauca), las Farc rompieron la tregua que habían anunciado desde el mes de diciembre. Aunque desde La Habana, los voceros de las Farc manifestaron que lo sucedido en el Cauca demuestra la necesidad de pactar un cese al fuego bilateral, lo cierto es que el riesgo de negociar en medio de la guerra es exponerse a que siempre aparezca un florero de Llorente para acabar con los diálogos de paz. En 1987 fue un ataque de los frentes 14 y 15 de las Farc, ahora críticos del proceso de La Habana creen que lo sucedido en el Cauca toca el punto límite de la sociedad colombiana para soportar una negociación de paz que se adelanta sin el silencio de los fusiles. Han sido casi 30 años de inútiles esfuerzos tratando de ponerle fin al conflicto, y en cada mesa de negociación en la que se ha insistido en dialogar en medio de la guerra, siempre ha surgido en el camino el pretexto buscado para que la política ceda a la violencia. Después de los tiempos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, a instancias del gobierno de Cesar Gaviria volvió a tomar forma un proceso de paz con las Farc. A pesar de que en diciembre de 1990, el Ejército promovió un ataque a la entonces sede del secretariado de esta organización guerrillera en Uribe (Meta), menos de dos meses después Gobierno y Farc ya buscaban la manera de iniciar diálogos de paz. Al final, a principios de mayo de 1991, los grupos guerrilleros aceptaron emprender una negociación política. El miércoles 15 de mayo de 1991, en el municipio de Cravonorte (Arauca), se reunieron por primera vez voceros del gobierno y de la insurgencia. Los delegados del gobierno fueron Andrés González Díaz y Carlos Eduardo Jaramillo. Un mes después, las conversaciones se trasladaron a Caracas (Venezuela), a donde llegaron los delegados de la insurgencia. Alfonso Cano, Iván Márquez y Andrés Paris por las Farc; Lucía González y Francisco Galán por el Eln y Asdrúbal Jiménez por los disidentes del Epl. A partir del 3 de junio, la delegación del gobierno encabezada por el ministro Humberto de la Calle Lombana, planteó una veeduría internacional para garantizar el éxito del proceso. Los delegados de la guerrilla replicaron planteando un cese al fuego bilateral. La frase de combate la puso el jefe guerrillero Alfonso Cano cuando manifestó que esa negociación se hubiera podido haber iniciado hacía cinco mil muertos. Ni apareció la veeduría internacional, ni tampoco se pactó nunca el cese al fuego bilateral. Por el contrario, aunque se llegó a proponer que la guerrilla se ubicara en 50 lugares del territorio nacional, con el paso de los días, ante cada acción de guerra, las voces externas a la mesa de negociación fueron ganando terreno para buscar el pretexto de terminar los diálogos. Así fue como, por ejemplo, el 3 de octubre de 1991, el proceso de paz estuvo a punto de irse al traste por un atentado perpetrado por guerrilleros de las Farc contra el entonces senador caucano Aurelio Iragorri Hormaza. Los hechos tuvieron lugar en área rural del municipio de Cajibío (Cauca). Cuando el congresista Iragorri Hormaza -padre del actual ministro de Agricultura Aurelio Iragorri- se desplazaba por una carretera, fue blanco de un atentado con granadas y disparos de fusil. En la acción murió el alcalde de Cajibío Jairo Valencia, tres agentes de policía, un miembro del DAS, un suboficial del Ejército y un dirigente político de la región. El senador Iragorri se salvó milagrosamente. Como era de esperarse las voces políticas contra el proceso de paz se volvieron insistentes. Como si fuera poco, en noviembre de ese mismo año, un frente de las Farc emboscó a una comisión judicial en zona rural de Usme, en las goteras de Bogotá, y murieron siete funcionarios judiciales. Ese año 1991 terminó en medio de la incertidumbre por el futuro de los diálogos. En enero hubo relevo en el equipo de negociación del gobierno y llegó Horacio Serpa, en reemplazo de Jesús Antonio Bejarano. Cuando apenas se restauraban los diálogos, el 26 de enero de 1992 se conoció la noticia del secuestro en Ocaña (Norte de Santander), del exministro de obras públicas, Argelino Durán Quintero. Aunque el hecho fue repudiado públicamente, no impidió que las negociaciones se restauraran en Caracas. Sin embargo, el 4 de febrero se presentó la intentona golpista del coronel Hugo Chávez en Venezuela, lo cual forzó a que las conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla se trasladaran a Tlaxcala, en México. El 9 de marzo de 1992, gobierno y guerrilla reiniciaron los diálogos. Los discursos volvieron a ser de entusiasmo: “vamos a esculpir con todos los esfuerzos y la paciencia que sean necesarios, el ambiente propicio para que se realice el cese al fuego, se suspendan las hostilidades, y se pueda llegar, después de eso, a la firma de acuerdos de paz en 17 movimientos de ajedrez”, fueron las palabras de Horacio Serpa en la reapertura de los diálogos. Del lado insurgente, el tono de los discursos fue similar. No obstante, el 21 de marzo, apenas dos semanas después, trascendió la noticia de que el dirigente Argelino Durán había muerto en cautiverio, en manos del Epl. De inmediato el gobierno Gaviria ordenó el regreso de sus negociadores y se desató la indignación nacional. Fueron varios días de encendidas palabras en contra de las negociaciones políticas. Aunque el delegado Serpa Uribe alcanzó a regresar a México, ya la suerte estaba echada. Una nueva mesa de conversaciones de paz había llegado a su fin. El resto de la era Gaviria, en lo que concierne a las Farc, se volvió un diálogo de sordos. El pretexto de un crimen de guerra como el secuestro del exministro Durán, fue suficiente para que no se volviera a hablar de paz entre el Estado y este grupo guerrillero. Entonces hubo relevo en la Casa de Nariño y desde su discurso de posesión, el nuevo presidente, Ernesto Samper, evidenció su interés en concretar diálogos de paz con las Farc. Para tal efecto el vocero del Ejecutivo fue el dirigente vallecaucano Carlos Holmes Trujillo. En momentos en que protagonizaban las marchas cocaleras en el sur de Colombia, el gobierno buscaba la manera de concretar una mesa de negociación. En febrero de 1995, el Ejecutivo alcanzó a anunciar reuniones con delegados de la guerrilla en el municipio de Uribe (Meta). Incluso alcanzó a ventilarse la posibilidad de que se despejara militarmente esta localidad para darle lugar a las conversaciones. No obstante, en abril de ese mismo año, estalló el escándalo del proceso 8.000 y quedó en el pasado la idea. Desde esos primeros conatos de negociación de paz no volvió a hablarse del tema hasta que, en junio de 1996, Ernesto Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes. En ese momento, se conoció una carta del entonces jefe de las Farc, Manuel Marulanda, en la cual le planteó al gobierno el despeje militar de cuatro municipios del Meta y Caquetá para emprender diálogos de paz. Además pidió una Asamblea Constituyente, el desmonte de las Convivir y la despenalización de las conversaciones de paz. Cuando el gobierno Samper evaluaba la propuesta, sobrevino el ataque de las Farc que cambió el rumbo del conflicto armado y le agregó un ingrediente mayor: la toma masiva de rehenes, en palabras de las Farc prisioneros de guerra y, en criterio de la opinión pública, secuestrados. El 30 de agosto de 1996 dos frentes de las Farc atacaron la base militar de Las Delicias en el Putumayo y entre víctimas mortales y heridos, se llevaron a 60 militares. Días después, en Juradó (Chocó), corrieron la misma suerte 10 infantes. En vez de unos diálogos formales de paz lo que se impuso a partir de ese momento fue una intensa negociación política para lograr la liberación de esos 70 miembros de las Fuerzas Armadas. Fueron 10 meses de tira y afloje entre el gobierno y la guerrilla que terminaron en junio de 1997 cuando fueron liberados en Cartagena del Chairá (Caquetá), después de que el gobierno Samper ordenó el despeje militar de 13.000 kilómetros cuadrados para facilitar una liberación que se vio en vivo y en directo por televisión. Superada la crisis de los 70 militares secuestrados, el gobierno Samper volvió a entusiasmarse con la posibilidad de unos diálogos de paz. En esta ocasión con la iniciativa de los delegados José Noé Ríos y Daniel García Peña. Sin embargo, cuando estos establecían contactos para hacer viable su proyecto de negociación, trascendió el escándalo político que entonces el gobierno denominó “un acto simoniaco contra el Ejecutivo”. Se trataba de un plan de paz distinto encabezado por Juan Manuel Santos. Se supo entonces que a instancias del exministro Álvaro Leyva, el entonces dirigente Juan Manuel Santos se había reunido por aparte con jefes de las Farc y de los paramilitares para plantearles una inusual salida de paz: la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con participación de ambos grupos ilegales, para tratar de forzar la creación de un gobierno de conciliación nacional, por supuesto sin la presencia del presidente Samper, quien comentó que Santos y Leyva no estaban preparando una primera comunión. El resto del gobierno Samper, en lo que a diálogos de paz se refiere, se concentró en contactos con el Eln y con los grupos de autodefensa. Con la primera organización alzada en armas, se alcanzaron a firmar dos preacuerdos en España y Alemania. Con los paramilitares, a instancias de la Comisión Nacional de Paz, se suscribieron algunos avances no definitivos. En contraste, con las Farc, el único lenguaje fue de guerra, pues por esa misma época ese grupo guerrillero emprendió su nueva ofensiva militar. El 21 de diciembre de 1997, con el ataque a una base militar en el cerro de Patascoy (Nariño), la guerrilla inició una serie de golpes militares a las Fuerzas Armadas para sumar prisioneros de guerra a su presión por un canje de estos militares cautivos en la selva por sus guerrilleros presos en las cárceles del país. Así terminó la era Samper: con urgencia por establecer una nueva negociación de paz pero en medio de los estragos de la guerra. La campaña presidencial se hizo alrededor de quién era capaz de hacer la paz. El miércoles 17 de junio de 1998, a escasos días de la segunda vuelta electoral entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana, este último sacó el as político que definió la contienda. Unas fotografías suyas con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy, decididos a pactar la paz, cambiaron el rumbo político. Las encuestas cambiaron y el 21 de junio, Pastrana fue electo Presidente. Apenas se posesionó del cargo, concretó su anuncio electoral: el regreso del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Un accidentado ciclo de negociación que se inició formalmente en enero de 1999, y que durante los tres años que permaneció vigente, estuvo rodeado de la búsqueda de pretextos para que los diálogos se fueran al traste. La guerrilla de las Farc poco ayudó a que este final no se diera. Asesinato de tres líderes indigenistas de Estados Unidos en marzo de 1999, anuncio de ley antisecuestro en abril de 2000, muerte de la exministra Consuelo Araujo en 2001, además de interminables acciones de guerra. Al final, cuando todo apuntaba a que el presidente Andrés Pastrana terminara su gobierno preservando los diálogos de paz, se dio el florero de Llorente para acabarlos. Es claro que la negociación ya iba por mal camino y había perdido la credibilidad en buen aparte del país, pero lo sucedido en febrero de 2002 se hizo insostenible para el Ejecutivo. Ese día, guerrilleros de las Farc secuestraron un avión que cubría la ruta Florencia-Neiva, lo hicieron aterrizar en una carretera de Hobo (Huila) y secuestraron al senador Jorge Gechem. Ese mismo día el presidente Andrés Pastrana anunció el final de los diálogos de paz. Horas más tarde fueron secuestradas la entonces candidata presidencial Ingrid Betancur y su asesora política Clara Rojas. Después se sumaron a la lista otros congresistas como Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán o Alan Jara. Con estos y otros cautivos, las Farc encontraron la manera de seguir presionando una negociación política por el canje, porque la opción de una mesa de negociación se hizo muy compleja. Ya había cambiado el rumbo en la Casa de Nariño y el entonces presidente Álvaro Uribe modificó los objetivos. Se la jugó por entero en una negociación de paz con los grupos paramilitares y privilegió el lenguaje de la guerra en sus relaciones con las Farc. Mientras el proceso con los paramilitares recibía más críticas que respaldos entre la opinión pública, pues se fue notando con el paso de los días que las autodefensas querían salir victoriosas a través de la política, el asunto del canje se volvió el tema nacional. Hacia finales del año 2006, después de un largo pulso entre el gobierno y los promotores de un acuerdo humanitario para lograr la libertad de los militares y políticos cautivos, a regañadientes el presidente Uribe autorizó a su alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a crear las condiciones para un encuentro con guerrilleros de las Farc en los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle. La idea era buscar la fórmula para que los cautivos volvieran a la libertad. Sin embargo no demoró el pretexto para echarle tierra a esta iniciativa. El 18 de octubre de 2006, se produjo un atentado con explosivos contra la sede de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. Aunque la acción no dejó víctimas mortales, pero si 20 heridos, de inmediato el entonces presidente Uribe ordenó cancelar los avances para la zona de encuentro en el Valle y desautorizó cualquier intento de negociación política con esta organización guerrillera. Solo hasta finales de 2007, tomó cuerpo la liberación de los secuestrados. Entre operativos de libertad a cuenta gotas, bombardeos a los campamentos de la guerrilla o rescates de secuestrados fallidos y exitosos, se fue el resto de la era Uribe. En 2010 asumió el presidente Juan Manuel Santos, dos años después destapó su as de las negociaciones de paz en La Habana, y desde entonces se adelanta un proceso de conversaciones que tiene tantos apoyos como detractores. Desde el primer día se pactó que iba a ser una negociación en medio de la guerra, pero cada que esta se recrudece, tambalea la mesa. En noviembre de 2014 fue secuestrado en el Chocó el general Rubén Darío Alzate, y de inmediato abundaron las voces pidiendo que se acabar el proceso de paz. No sucedió y, en contraste, el año 2015 comenzó con la expectativa de negociar un cese al fuego. Las Farc lo anunciaron por su lado, y el presidente Santos alcanzó a ventilar la idea de que en breve iba a ser posible discutir que ese cese al fuego tuviera un carácter bilateral. En la tras escena, nunca han dejado de agitarse los discursos en favor y en contra. En ese contexto ahora se produce el ataque de las Farc a un grupo de militares en Buenos Aires (Cauca), con saldo de 11 militares muertos. Como era de esperarse, crecen las voces que piden el final del proceso de paz de La Habana. El presidente, a tono con las críticas, anunció el regreso de los bombardeos pero pidió acelerar la negociación. De nuevo la paz, o al menos las negociaciones políticas que buscan alcanzarla entre el gobierno y las Farc, están en la encrucijada. La gravedad de los hechos así lo exige. No obstante, por los comentarios de uno y otro lado, se advierte que esta no será la crisis definitiva. Aunque el malestar entre los militares es inocultable y seguramente habrá respuesta castrense a las acciones de la guerrilla, por ahora el proceso de paz continúa. En un país donde desde hace casi 30 años siempre se buscan pretextos para que la guerra predomine por encima del diálogo, el de la actualidad es sin duda el momento más difícil para la actual negociación desde que esta se inició en Oslo (Noruega), a finales de 2012.

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