Una nevera es un armatoste aislado térmicamente que separa lo de afuera de los compartimentos internos a temperaturas diferentes, según la necesidad del usuario. Este fenómeno se conoce como enfriamiento por calor. En el congelador puede haber cosas viejas que podrían estar descompuestas (como los camarones que no deben durar allí más de un par de meses, porque se corre el riesgo de intoxicación). Pero hay usuarios que podrían creer que en la heladera se garantiza que los productos duren años en buen estado. En los últimos años, Colombia ha dado en parecerse a una nevera en materia de drogas porque tiene una temperatura distinta fuera del país, con un discurso emotivo que calienta los ánimos del movimiento reformista, lo que no siempre coincide con la heladera en que se mantiene la política internamente.
Colombia gana fama con anuncios que son aplaudidos de buen modo por expertos, académicos y países que se identifican con su discurso internacional renovador en materia de drogas. Esta semana, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la sesión anual de la Comisión de Narcóticos de la ONU en Viena , pidió “aprovechar la oportunidad para hacer una revisión profunda” de los marcos normativos internacionales al respecto, a propósito de la preparación de la reunión extraordinaria que hará Naciones Unidas el próximo año en Nueva York, para hablar del “problema mundial de las drogas”.
Esta vez la delegación colombiana empatizó con Argentina, que reclamó más enfoque en salud pública; con Guatemala, que llamó a revisar los resultados de lo hecho hasta ahora; con México, que pidió tener en cuenta los daños sociales ocasionados por la violencia que conlleva la guerra contra las drogas; con Uruguay, en la idea de poner a la persona humana en el centro de las políticas; con Lituania, que junto a otros europeos puso el acento en los lazos que unen derechos humanos, desarrollo y drogas, y (quizá) con Bolivia, que dijo que las políticas de Estados Unidos han servido para intervenciones de carácter militar que socavan la soberanía de los países. Estas reacciones se contraponen a la burocracia de la Oficina de drogas y crimen de la ONU (Unodc con sede en Viena) que cuidando sus intereses, ha concentrado allí el proceso previo a la histórica reunión de 2016, y hace poco por ampliar el debate a otras agencias del sistema, desconociendo que las drogas son “un problema” que se relaciona con el objeto del PNUD, la OMS, la FAO, la oficina de Derechos humanos, Onusida, Unicef y Unesco, por mencionar sólo algunas de ellas.
Es imposible negar que Colombia anima la discusión en Latinoamérica y el mundo, de lo que dan fe las declaraciones del presidente Santos en Cartagena hace tres años; el informe Insulza sobre escenarios, elaborado por expertos que invitó la OEA a instancias de Colombia; lo mismo que el Grupo de Trabajo sobre Alternativas al encarcelamiento de la Cicad, que es liderado por este país. Pero hay indicios de que en estos espacios la temperatura es distinta a la congelada política que sigue aplicándose adentro, lo que implicaría que hay pocas lecciones prácticas que empujen adelante, desde el ejemplo, las reformas que se pregonan.
El ministro Reyes advirtió, recién posesionado de su cargo actual, que “hay que ponerle límites a la intervención del derecho penal en materia de drogas”, lo cual es buen augurio. Algunos colegas suyos en el continente han pensado igual, pero han resultado presos de la vorágine de reuniones y la pléyade de asesores que hacen ver como inmodificables las políticas, al cabo de lo cual el enfoque coercitivo de las convenciones de drogas sigue mandando, tras lo cual impera la idea de que deben producirse previos cambios internacionales para poder proceder internamente.
Pero no sobra recordar que Uruguay expidió la ley de marihuana y aunque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes quiso asustarle, nada ha podido hacer contra ese país; Bolivia aceptó el cato de coca hace años, sembró la planta en su Constitución y liberó el masticado de hoja a pesar de la oposición de Rusia, Egipto y otros; Ecuador cambió su Código Penal sin hacer ruido para establecer el principio de oportunidad en casos de drogas, así como la proporcionalidad en el tamaño de la pena según el tipo de delito; Colorado lleva un año vendiendo cannabis recreativo y la Casa Blanca ha “observado esto con interés”, pero nadie lo ha impedido. Es decir, que las convenciones vienen siendo socavadas de hecho y no hay que esperar a que la Ungass las reforme o las derogue (lo cual es poco probable) para emprender cambios en el país, pues ellas están perdiendo su rigidez positivista y la realidad las viene haciendo flexibles según los contextos.
¿Y Colombia? Bien gracias, ¡congelada en el tiempo! Seguir fumigando cuando se es el único país del mundo en hacerlo no es indicio de “revisión profunda”; al contrario, lo anunciado después del acuerdo de drogas de La Habana es que ésta se seguirá empleando, algunos técnicos oficiales afirman que la falla de ese programa radica en que no se han sabido medir los costos frente a los resultados, y el Plan Nacional de Desarrollo que se “discute” en el Congreso anuncia un mayor énfasis en erradicaciones forzadas del andén Pacífico. La relación entre estas economías y la construcción de la paz con la mediación de esta estrategia configura riesgos reales en las zonas campesinas, indígenas y afros.
Que Colombia avance en la idea de ponerle límites al derecho penal debería ser posible, incluyendo la desjudicialización de los pequeños productores de cultivos de “uso ilícito” en la reforma al estatuto de estupefacientes que se ha anunciado o en pequeñas reformas del Código Penal que aliviarían la pesada carga que lleva el sistema judicial al cargar con casos de consumidores y cultivadores, lo que resolvería la injusticia de meter presos a cientos de personas que no son criminales; el Consejo Nacional de Estupefacientes debería reconocer las conexiones entre drogas y desarrollo, para que sean instituciones encargadas de la promoción socioeconómica las que materialicen el Estado social de derecho en esas comunidades rurales, y no las fuerzas de seguridad. Pero también Colombia, más allá del reconocimiento del uso de marihuana medicinal, por ejemplo, podría trabajar en la conexión cultivo de coca-pasta base de cocaína-mercados. Si esto no lo hace Colombia, ningún otro país lo hará por él.
La consistencia es uno de los valores de este milenio, como diría Ítalo Calvino. En política, al discurso le sigue la acción, pero nada se saca si hoy se reclaman modificaciones venidas de los demás, posando de víctimas del narcotráfico (como lo hace Colombia), y mañana se refuerza la idea de unos éxitos obtenidos merced al Plan Colombia y a la securitizada visión de la consolidación contrainsurgente que también asume que “la mata mata” y que si “usted arranca la mata le traemos otra y se acabó el problema” . Menos coherencia se observa si luego de cuatro años se mantiene el símil de la bicicleta estática , pero poco se hace para bajarse de ella y echarse a andar.
El efecto nevera no es lo mejor que puede pasarle a Colombia, hay que tirar el armatoste, poner todo a la luz pública, descongelar los productos, botar lo que esté inservible y cause daño a la población y el ambiente. Eso sería mirarse por dentro y empezar en realidad la “revisión profunda”.
*Observatorio de cultivos y cultivadores Indepaz.