Héctor Arboleda Buitrago, alias El enfermero, fue detenido en Madrid (España) en diciembre del año pasado, señalado de haber practicado unos 500 abortos ilegales por orden de las Farc. De esos, asegura la Fiscalía, hay prueba de al menos 150. Desde su captura, las Farc no han hecho otra cosa que decir que no lo conocen e, incluso, que todo es un “montaje judicial”. Pero, mientras las Farc lo niegan, miembros de otra guerrilla, el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), lo mencionan como uno de los responsables de abortos forzados practicados a mujeres de este grupo ilegal, desmovilizado en 2008.
De acuerdo con los desmovilizados del Erg, buena parte de los abortos forzados se realizaron en lo que “al parecer era un centro de salud u hospital abandonado”, por parte de un supuesto médico que ofrecía “sus servicios” para la organización. Éstos dijeron que el supuesto profesional de la salud se llamaba Héctor. “Haciendo averiguaciones, se encontró que se llama Héctor Arboleda Buitrago, conocido como El médico, identificado con la cédula de ciudadanía 10.025.976 de Pereira (Risaralda)”, dijo el Tribunal de Medellín, en un fallo en el que condenó en diciembre pasado a 20 integrantes del Erg por 1.775 delitos, entre ellos, 57 abortos forzados.
En la sentencia, de 2.440 páginas, el Tribunal sostuvo que, al parecer, Héctor Arboleda “también practicaba abortos en otras organizaciones armadas, como las Farc. Fue procesado por el delito de rebelión en el Juzgado 6 Penal del Circuito de Pereira, pero salió del país”. Por ello, el Tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigue. En España fue dejado en libertad mientras se resuelve su situación jurídica; Colombia espera que sea extraditado pronto. El Tribunal también compulsó copias para investigar a un excomandante del Erg, José Fernando González Bran, alias Alexis, quien, al parecer, era la mano derecha de Arboleda.
En el momento de su captura, la Fiscalía indicó que Héctor Arboleda “llevaba quince años delinquiendo, especialmente en los frentes 47 y 9 de las Farc en Antioquia y Chocó”, donde practicaban abortos ilegales a “militantes de esa guerrilla y otras organizaciones ilegales”. Aunque no se especificaron cuáles eran las otras organizaciones ilegales, vale recordar que Antioquia y Chocó eran dos zonas en las que hacía presencia el Erg y estos fueron, precisamente, los dos departamentos en los que se practicó la mayor cantidad de abortos forzados contra mujeres del Erg.
Aunque no se mencionan más nombres, en el fallo hay decenas de testimonios que hablan de civiles contratados por el Erg para los mencionados abortos. Por ejemplo, el de una desmovilizada que fue obligada a abortar a los 19 años, remitida desde su campamento hasta Pereira: “Yo aborté en una casa o un salón grande, era de día, no sé si en la mañana o en la tarde, y allá me aplicaron una inyección y el médico me hizo abrir las piernas y me metió algo que me chupó el bebé. Me dolió muchísimo”. Fueron sus palabras. Ahora es la justicia la que debe establecer si alias el Enfermero tuvo que ver con estas intervenciones, por no decir torturas.
Obligada a abortar seis veces
El de la joven que fue obligada a abortar a los 19 años es apenas uno de los desgarradores testimonios a los que hace referencia el Tribunal de Medellín. Entre los 20 integrantes del Erg condenados, hay siete mujeres que fueron, a su vez, víctimas y victimarias. Dos de ellas fueron obligadas a abortar siendo menores de edad. Hay casos como el de Diana, quien antes de cumplir 22 años ya había sido obligada a abortar seis veces. En una de ellas pudo ver a su hijo antes de morir.
“Me trajeron para una comunidad Conondo (de los emberas katíos en Chocó), donde un indígena que era Maximiliano. Y él me dio unas tomas, no sé qué sería. Yo ya tenía siete meses. Me colgué de una viga y me arrodillé. Cuando me paré, se me vino y mi hermana me tendió el plástico. Estábamos las dos solas y ahí fue donde yo tuve el bebé, estaba muy grande, se demoró para morirse como media hora. Lo bautizó Karina y lo enterraron”. El Tribunal ordenó investigar al mencionado Maximiliano, en virtud de este testimonio.
Otra mujer obligada a abortar en reiteradas ocasiones dijo que, la segunda vez, llamaron a una mujer indígena y “ella me dio un huevo güero o de gallina culeca, o sea estaba crudo y me lo tomé con asco y de ahí empecé a trasbocar. Eso para que hiciera fuerza porque no era capaz y ella me ayudaba empujándolo. Cuando ya salió y yo caí al suelo, al rato volvía a la normalidad y estaba toda ensangrentada y con una hemorragia fuerte, mareada. De ahí me senté y le pregunté por el bebé a Karina y ella dijo que la bebé nació muerta por eso yo no la sentía, ya lo enterramos, era una niña con el cabellito largo”.
A las mujeres, sencillamente, no les dejaban tener hijos en el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg). Para los comandantes del Erg, un embarazo acarreaba “serias dificultades en la organización, fundamentalmente porque esto afectaba la organización en calidad de cuerpo armado en constante confrontación con el Estado”. A las guerrilleras se las obligaba a tomar una pastilla anticonceptiva llamada Nordette 28 o a usar el dispositivo intrauterino. Otras recurrían al no confiable método del ritmo. A una guerrillera le dieron, incluso, el más absurdo de los consejos: que se “tomara un vaso de agua después de terminar la relación”.
Detrás de todos los relatos se evidencia una política profundamente machista, pues las medidas antireproductivas eran orientadas sólo hacia las mujeres. “El cuidado y responsabilidad recaían en ellas y no existía una directriz dirigida a los hombres respecto a la utilización de métodos de barrera o preservativos”, dice el fallo. Había un doble rasero denigrante, un trato diferenciado entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el tener varias parejas era considerado muestra de inestabilidad por parte de las guerrilleras, que eran sancionadas especialmente con llamados de atención públicos, con lo cual se buscaba desprestigiarlas: eran ubicadas en medio de la tropa y les decían que iban a ser sancionadas por inestables, por haber estado con varios hombres y no tomarse “ninguna relación en serio”. A los hombres no los sancionaban de la misma forma.
Las mujeres, por supuesto, eran las que llevaban las consecuencias de un embarazo no deseado. De hecho, eran sancionadas si se confirmaba su embarazo. Los hombres se dedicaban, apenas, a darles a sus parejas Cytotec, una pastilla para abortar. “La anticoncepción forzada se hace a las mujeres, nunca se promueven métodos masculinos. El embarazo, castigado con el aborto forzado, no implica castigo igual para el hombre que embaraza”, denunció el Tribunal de Medellín. “Después de que uno se mete las pastas a la media hora ya se le viene, estaba con mi compañero en el cambuche y cuando se vino lo vi salir y estaba formadito. Y él fue el que lo cogió. Uno cuando aborta como que pierde la memoria, no quiere como nada”, fue la declaración de una guerrillera sobre la actitud de su pareja, otro integrante del Erg.
Eran las mujeres las que cargaban con la tristeza de haber perdido un hijo. “Cinco de mis compañeras tuvieron que abortar. Y todas se ponían mal, lloraban, renegaban de haberse metido en la guerrilla, estaban muy tristes. Si las escuchaban que estaban aburridas o arrepentidas, las hacían matar. Pero siempre se ponían mal, tristes, lloraban”, contó otra guerrillera. Para el Tribunal de Medellín fue claro que en el Erg los patrones tradicionales “de macho dominador y mujer sumisa se mantienen, las relaciones de género se viven con la misma inequidad que en la sociedad civil, aunque se realicen las mismas actividades y se diga que hay igualdad entre los géneros”.
Por ello, sin negar su condición de victimarias, ordenó una serie de medidas de reparación a esas siete desmovilizadas. Entre esas, que a dos de ellas se les realicen exámenes para detectar si requieren o no de tratamientos de fertilidad. Y en caso de que así sea, que se les preste ayuda profesional. El proceso con el Erg es un ejemplo para posibles acuerdos con las guerrillas de las Farc y el Eln.
Las Farc han dicho que a las guerrilleras no se les practican abortos forzados. En un comunicado en el que negaron cualquier nexo con alias el Enfermero, sostuvieron que, con el tiempo, han ido precisando su “línea frente a las condiciones y tiempos para practicar la interrupción de embarazo. Este derecho de las combatientes es ahora cobijado por reglas que prohíben cualquier intervención sin el consentimiento de la guerrillera y determinan un tiempo máximo de tres meses para su realización”.
Hay correos hallados en computadores de las Farc que demuestran que, para ellos, el aborto forzado también era su política: “La planificación es obligatoria y en los casos de embarazo (se tiene que) realizar el legrado. Hay que mantener el secreto de las áreas de los hospitales evitando que los pacientes conozcan todo lo que se tiene. Sólo en casos de extrema gravedad se propone sacarlas para la ciudad”, señalaba un correo enviado por el Mono Jojoy en 2006. Hay, igualmente, testimonios de guerrilleras de las Farc obligadas a abortar y hasta de comandantes, como Elda Neyis Mosquera, alias Karina, han corroborado esta “política” de las Farc.