«El fin del conflicto contribuye a mejores condiciones para la libertad de prensa»: Pedro Vaca

Pedro Vaca, director de la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) habló con El Espectador sobre la situación actual de los medios de comunicación colombianos y la perspectiva de la información de cara al proceso de paz. Pedro Vaca, director de la Flip. / Archivo ¿Cuál es la expectativa del Flip respecto al acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno? Son básicamente dos. En primer lugar creemos que el fin del conflicto del Estado con las Farc, fuente principal de censura en Colombia, es un hecho que contribuye a mejores condiciones para la libertad de prensa. Este conflicto no se reduce a números de agresiones contra la prensa de las Farc y la Fuerza Pública, la guerra también ha instalado miedo. Aprender a callar es un mecanismo de autoprotección legítimo, pero el silenciamiento a causa de la violencia genera una atmosfera antidemocrática. La segunda expectativa tiene que ver con el hecho de que algunos acuerdos de paz involucran el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ahí, es importante asegurar que la implementación de los acuerdos brinde más, y no menos, garantías a la libertad de prensa. Como mínimo se requiere de una discusión amplia y respetar los estándares de libertad de expresión en cada uno de los temas. ¿Qué estadísticas o balance tiene la Flip respecto a ataques de las Farc a periodistas y medios de comunicación?En la Flip tenemos documentados al menos 137 casos de ataques a periodistas y medios de comunicación atribuibles a las Farc, entre ellos: 12 asesinatos, 12 atentados contra infraestructura, 84 amenazas, 7 exilios y 8 secuestros. También hay que reconocer que el conflicto impuso autocensura. Son décadas de periodistas trabajando en regiones donde sus publicaciones y silencios siempre fueron observados, escuchados y leídos por actores armados en confrontación. Eso explica en parte que los periodistas sepan mucho más de lo que dicen y los ciudadanos reciban menos información de la que necesitan. ¿Cómo fue el caso de "La voz de la selva" y qué responsabilidad tuvieron las Farc? Lo de esta emisora fue muy grave porque el miedo que sembró las Farc sigue vigente hasta hoy. La emisora ya ni siquiera se llama así y no dan noticias, hoy solo hay música. En 1991 asesinaron a dos periodistas a los pocos años fueron asesinados, uno a uno, a los miembros de la familia Turbay Cote (dueños de La voz de la selva). Entre el 2000 y 2001 mataron a otros tres periodistas. ¿Qué tenían en común? Pues además de ser muy críticos con la guerrilla, todos pedían que no se involucrara a la población civil en el conflicto y denunciaban públicamente a las Farc en una región y época en la que su importancia no era menor. José Libardo Méndez fundó en 1986 el radioperiódico La Conga, en la emisora La voz de la selva. Con él trabajaban Judith Aristizábal, su esposa, y Carlos Julio Rodríguez. El 20 de mayo de 1991 los tres se estaban subiendo a un carro cuando un sicario los interceptó y les disparó. Judith quedó herida, pero José Libardo y Carlos Julio murieron instantáneamente. En sus emisiones constantemente denunciaban la corrupción en la región, los asesinatos de líderes sociales. José Libardo ya había sobrevivido a un par de atentados antes de que lo asesinaran. La violencia no terminó ahí. El 30 de noviembre de 2000 asesinaron a Guillermo León Agudelo, el 13 de diciembre a Alfredo Abad López y el 6 de julio del 2001 a José Duviel Vásquez, director de La voz de la selva por ese entonces. La justicia prefirió mirar a otro lado. ¿Cómo ve la Flip las discusiones que para la libertad de prensa que se van a derivar de la reglamentación del acuerdod e participáción política? Creo que van a ser discusiones tan interesantes como acaloradas. Seguro no van a ser pacíficas, pero en definitiva es mucho más saludable discutir sobre políticas públicas que contener la censura que se impone con las armas. Por ejemplo, la apertura de convocatorias para asignación de frecuencias de radio comunitaria no es un favor del acuerdo de paz, es una deuda postergada por varios gobiernos para garantizar el pluralismo en el uso del espectro radioeléctrico. De hecho, sólo mediante la asignación de más frecuencias a múltiples voces puede ser razonable que las Farc administren 31 emisoras a través de una cooperativa. Es la única manera de compensar este privilegio, si esto no sucede hay un potencial enorme de que sean la única voz en esos territorios y este acuerdo sería inconstitucional. Ajustar la reglamentación a la asignación de pauta oficial es a nuestro juicio el acuerdo más importante y que puede impactar positivamente la libertad de prensa. En Colombia la arbitrariedad de la pauta oficial: premia el silencio y castiga la crítica; afecta la autonomía de medios y periodistas frente al Estado; no mejora la comunicación entre el Estado y los ciudadanos y; es un ingrediente tóxico que modula el debate público. La pauta es uno de los pocos temas que preocupan por igual a Uribe, Santos y Timochenko: no solo está en el punto 2 del acuerdo, sino que el Centro Democrático presentó un proyecto de ley el año pasado. A los periodistas y medios no les gusta hablar de este tema que la Flip empezó a denunciar hace 10 años, pero en el fondo, también son conscientes de las cadenas de censura que implica el dinero estatal en los medios. No se trata de prohibirla sino de transparentarla y fortalecer la independencia periodística. Otras discusiones dan pie para hablar de medios comunitarios en un país que pide a gritos espacios para los sectores excluidos y donde las iglesias cristianas tienen un número importante de emisoras comunitarias locales. Será interesante debatir sobre medios públicos en un país que decidió entregar 110 frecuencias de radio al Ministerio de Defensa y la mitad (54) a Radio Nacional de Colombia (radio pública civil). En las ciudades es imperceptible pero en región es cuestión de prender el dial y escuchar la guerra en la radio. En síntesis, se trata de discutir sobre pluralismo en los medios, la base para deliberar en una democracia genuina y para todo el territorio. Estas discusiones del acuerdo de paz coincidirán con otros procesos importantes como la licitación del tercer canal, el vencimiento de concesiones y las políticas sobre internet. La FLIP se está preparando y confiamos en que el sector y el país también lo hagan. Claro que hemos identificado riesgos, pero estos no están en el acuerdo, están en su implementación. No fuimos a La Habana pero estamos acá para denunciar cualquier asomo de censura, trabajando por una sociedad mejor informada. ¿Qué perspectiva tiene la Flip frente a la cobertura de las deliberaciones del Tribunal de Paz? Toda actividad estatal debe ser transparente, esa es la regla. Pero hay algunos temas en los que ése deber de transparencia se acentúa, este es el caso de los mecanismos de justicia transicional. Los antecedentes no son positivos, la ley 975 o ley de Justicia y Paz se caracterizó por ser opaca, ocho años de versiones libres reservadas a cambio de dos años de muy pocas audiencias públicas en comparación con el número de desmovilizados beneficiados. El poder judicial gastó mucha plata pero poco le preocupó que la sociedad estuviera informada. Salvo unos pocos medios, como VerdadAbierta, el proceso de justicia y paz agotó a los periodistas y cubrirlo fue muy difícil por las trabas diseñadas en la ley: casi todo eran versiones libres y éstas eran reservadas. Si el país va a ceder en el estándar de sanción, solo puede ser a cambio de verdad, y para ello se necesita transparencia y acceso a la información. ¿Cuáles son las críticas que la Flip le ha hecho a la reglamentación del Consejo Nacional Electoral sobre el plebiscito? En general, nuestra mayor queja es que el CNE se está tomando atribuciones que no le corresponden porque se adjudican las funciones de un juez. Puntualmente, en tres artículos de la resolución 1733, con la que reglamentan el proceso del plebiscito, nosotros encontramos claras violaciones a la libertad de prensa. Están pidiendo un informe que dé cuenta de los espacios que se le está dando en a una campaña y otra en cada medio, pero no dentro de la pauta (que eso sería normal), sino dentro del cubrimiento editorial. Además, pretenden ordenar la rectificación por vía administrativa, cuando son los jueces, luego de una evaluación juiciosa, los que determinan cuándo un medio o periodista tiene que rectificar lo que ha publicado. Y por último, pretenden multar a los medios si llegan a encontrar irregularidades en las encuestas que se publiquen cuando son las encuestadoras las que tienen la responsabilidad de que su trabajo cumpla con los requisitos de representatividad y rigurosidad que exige este proceso. ¿Considera que hay casos específicos que se tengan que llevar al Tribunal de paz, que tenga que ver con la libertad de expresión? La dosis de impunidad en general y en los crímenes contra periodistas en particular ha sido muy alta. La Jurisdicción Especial para la paz es lo suficientemente amplia como para abarcar varios casos, la violencia contra la prensa es un asunto central donde todos los actores del conflicto, incluyendo los militares, contribuyeron a la censura, las medidas de reparación y garantías de no repetición serán fundamentales para reconstruir el deliberación región-nación que el conflicto dañó. ¿Los anuncios sobre ampliación de la radio comunitaria son favorables a la negociación? Fortalecer los medios comunitarios es una obligación. Si bien en Colombia hay un reconocimiento normativo hay muchos problemas de vigilancia y control del MINTIC y tramites administrativos que se centran en la sanción y no en la prevención. La televisión comunitaria, salvo pocas excepciones, no tiene como generar contenidos y es más parecida a los operadores de TV por suscripción brindando canales de otros países. Los medios comunitarios han sido afectados por el conflicto. El acuerdo no propone cambios sustanciales, se limitará a abrir convocatorias, capacitar trabajadores y financiar contenidos para la promoción de una cultura de paz. ¿Qué otros temas son importantes que tengan que ver con la libertad de prensa y el acuerdo? Se plantea a los medios regionales, institucionales y comunitarios como actores clave del posconflicto. Hay un componente de fortalecer y promover medios y contenidos comunitarios. Se reglamentará la pauta oficial. Se habilitará un canal de televisión cerrada para partidos y movimientos políticos (yo creo que ese canal ya existe y se llama canal Congreso). Hay acuerdos de transparencia y acceso a la información pública. El último que se acordó es la administración de 31 frecuencias de radio en la categoría "interés público" a una cooperativa de las Farc. Más allá del acuerdo, es importante que el desarrollo de todos sus puntos pueda ser cubierto de manera libre por la prensa.

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