En los dos últimos años el Gobierno Nacional ha girado $7,5 billones para brindar ayuda humanitaria a 729.829 familias y para la rehabilitación de infraestructura en 28 departamentos afectados por la ola invernal. Del giro total, $1,4 billones faltan por ser ejecutados.
En las auditorías que ha realizado la Contraloría General, durante el último año, ha enviado más de 60 funciones de advertencia a ministerios y entes territoriales, ha abierto cerca de 97 indagaciones preliminares y ha realizado la apertura de más de 70 procesos de responsabilidad fiscal, procesos que buscan recuperar $327.050 millones que podrían representar un posible detrimento al erario.
También existen cerca de 900 denuncias activas interpuestas por la ciudadanía por un valor de $50.266 millones.
De los $327.050 millones en la cuerda floja, Casanare tiene la mayor cantidad de dineros en riesgo ($57.825 millones), seguido de Valle del Cauca ($55.569 millones), Bolívar ($49.902 millones) y Magdalena ($29.419 millones).
Los departamentos con menos recursos en peligro son Caldas ($22 millones), Quindío ($288 millones) y Norte de Santander ($462 millones).
Un reciente informe de la contraloría indica que ha gestionado el reintegro de recursos por $994,8 millones, de los cuales $521 millones fueron devueltos por contratistas a Colombia Humanitaria.
Entre los hallazgos resalta la existencia de 489 obras calificadas como “críticas”, porque presentan atrasos en el cronograma, desembolsos de anticipos sin haber iniciado el proyecto y obras que han sido desarrolladas en sitios distintos a los aprobados, porque están abandonadas o se evidencia mala calidad de los materiales.
En cuanto a la ejecución de las obras, el único departamento que ha cumplido con la tarea en un 100% es Quindío, mientras que Atlántico ha ejecutado el 93% de sus proyectos. En este orden siguen Cauca, con el 83% y Chocó no registra avance de obras.
En el informe del organismo de control de las finanzas públicas se presentan, además, los resultados de las auditorías realizadas a entidades nacionales. Entre los hallazgos se puede evidenciar el bajo nivel de ejecución física, a 20 de junio de 2012, de las tres líneas de atención a cargo del departamento para la Prosperidad Social.
Esta entidad tiene la atención en empleo de emergencia, cuyo avance es del 34,23%; en el caso de la Red de Seguridad Alimentaria, la ejecución es del 19%; en la capitalización microempresarial se avanzó un 26%, y en la línea de recuperación de activos improductivos es del 23%.
En la Agencia Nacional de Infraestructura
, en el componente de estudios técnicos, el valor contratado se aumentó en un 62%. En la ejecución de obras, el monto de los contratos se incrementó un 25,3%, alcanzando los $74.611 millones, mientras que la ejecución física alcanzó sólo el 17%.