En el documento, conocido por El Espectador, se establece por ejemplo que en la finca Costa de Oro, situada en el municipio de Tierralta y de propiedad de los hermanos Castaño, aún existen alarmantes casos de acoso a las víctimas a quienes les fueron restituidas los predios. Invadida por los campesinos en el 84, Costa de Oro fue arrebatada a sus habitantes en el 89 por las Autodefensas Campesinas de Córdoba, que quemaron sus viviendas con el pretexto de que “constituían un corredor de la guerrilla en la región”. Y, aunque la Ley de Justicia y Paz retornó el terreno a los campesinos, nuevas bandas criminales, como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, acosan constantemente a estas 87 familias; un hecho que podría significar nuevos desplazamientos.
Un caso parecido está sucediendo en la finca Martinica. Localizada en Montería, el predio también fue invadido por los campesinos en los ochenta y luego arrebatada por Mancuso en el 91. Según la Defensoría del Pueblo, esta finca es refugio para campesinos de “simpatía” con la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), tildada de ser propiedad de los paramilitares en la zona. Asimismo, la Defensoría ha establecido que los nuevos habitantes de Martinica se han dedicado a la venta de posesiones y mejores “sin título legal alguno (…) por tratarse de baldíos nacionales”.
Sin embargo, los casos de nuevos atentados para el desplazamiento forzado de la población siguen siendo los más alarmantes en la zona. La finca El Tronco, por ejemplo, localizada en el municipio de Tierralta y titulada por el Incora a 57 familias víctimas de la violencia en Colombia, sufre de permanentes ataques por parte de las Bacrim, hecho que ha causado que las familias opten por dormir en el pueblo y sólo retornen durante el día para trabajar en el predio. Lo mismo sucede en el predio El Levante, ubicado en el corregimiento de Batatas, y en la finca Nuevo Horizonte, en Montería, las cuales han sido “objeto de desplazamiento paulatino sin que tengan títulos de propiedad”.
Una situación distinta acontece en el predio Las Nubes, localizada en el municipio de Tierralta. Dicha finca, adquirida por el temido narcoparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se encuentra invadida por supuestos testaferros mientras las autoridades hacen las diligencias correspondientes en el proceso de extinción de dominio. Sin embargo, también hay casos como el de la finca Las Nubes, ubicada entre los municipios de San Juan de Urabá y Turbo, que se encuentra a nombre de un familiar del exparamilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, hombre que en su momento fue de los más cercanos a la casa Castaño.
La Defensoría también evidenció el caso de 47 familias repatriadas de Venezuela desde el año 1996 y que fueron asentadas en el predio Buenos Aires de Tierralta por el Incora, dándoles un subsidio del 70% del valor de las tierras. Al no ser apoyados con un proyecto productivo ni de vivienda, hoy deben soportar la presión de pagar el 30% del valor restante de sus predios, razón por la cual podrían ser nuevos desplazados. Esta misma situación se presenta con las familias asentadas en los predios Duda Los Llantos, Nuevo Horizonte y El Tomate, éste último perteneciente a mujeres viudas y desplazadas de Urabá y Tierralta, a quienes no les han proporcionado recursos económicos para cumplir con el compromiso financiero.
Aunque la Defensoría del Pueblo esté atendiendo actualmente a asociaciones de víctimas, como Nuevo Horizonte, Valle Encantado, Costa de Oro, Desplazados de la Mesa y Ciénaga Redonda, el derecho a la tenencia de tierras se complica en Córdoba. De la desmovilización de los grupos de autodefensas quedaron residuos que hoy son mapa de la delincuencia común y las nuevas bandas llamadas Bacrim, tejido que poco a poco ha seguido contribuyendo con el desplazamiento forzado en el país.