A través de una carta abierta enviada al presidente Iván Duque y a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, más de 50 organizaciones sociales, como la Corporación Jurídica Libertad, Profamilia, y el Proceso Mujeres Indígenas (CRIC), expresaron su preocupación frente a la planeación de las políticas públicas que serán implementadas en todo el país en medio de la pandemia del COVID-19. Congresistas como Iván Cepeda, Juanita Goebertus y María José Pizarro, también fueron firmantes de la carta.
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Las organizaciones sociales explicaron que este momento coincide con el periodo de revisión y aprobación de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales (PDMD). “En condiciones normales, este proceso se debería desarrollar en un contexto de amplia deliberación y participación ciudadana, sin embargo, la imposibilidad de generar espacios de encuentro, ha puesto obstáculos para que las personas participen de manera efectiva en la formulación de los mismos”, se lee en la carta.
Es por esta razón que hicieron varias recomendaciones a las autoridades de orden nacional, departamental y municipal para que los PDMD incorporen diferentes medidas en aspectos como el derecho a la salud, la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, y los derechos de mujeres y niñas.
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Sobre el proceso de formulación, aprobación, seguimiento y control de los PDMD, una de las medidas recomendadas por las organizaciones sociales es promover el derecho a la participación como derecho. “Todas las alcaldías y gobernaciones de Colombia deben tomar medidas excepcionales para garantizar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y control social de los PDMD”. Además, insistieron en que estos planes deben incorporar medidas para garantizar una renta básica con la cual se aseguren ingresos para toda la población.
Agregaron que es importante incorporar incentivos para la reactivación económica, “lo que incluye: revisión de las políticas tributarias municipales y departamentales, incentivos y subsidios a micro, pequeña y mediana empresa, generación de cadenas productivas propias locales”. Dentro de las sugerencias, establecen que se deben promover programas, planes y proyectos de choque para la generación, sostenibilidad y recuperación de empleos durante y después de los periodos de aislamiento obligatorio.
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En cuanto al derecho a la salud, y en medio de la llegada del COVID-19 a Colombia, explicaron que es fundamental priorizar el fortalecimiento de la red hospitalaria pública. Esto a través de medidas como “tomar el control de clínicas cerradas y abandonadas, siguiendo el ejemplo de ciudades como Medellín, Villavicencio, Cali y Santa Marta”.
Agregaron que es importante asegurar los derechos laborales y de protección social de los trabajadores de la salud. Además, incentivar la producción nacional de elementos sanitarios.
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Otro aspecto donde las organizaciones realizaron recomendaciones fue en la protección de los derechos de las niñas y mujeres. Debido al aislamiento preventivo obligatorio, han aumentado los hechos de violencias contra ellas, por lo que solicitan que las entidades territoriales incorporen estrategias de atención y protección, así como alternativas de comunicación y denuncia para las mujeres y niñas, que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad frente a la violencia doméstica.
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