En un libro de más de 600 páginas, que se lanza hoy en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, presenta el último de una serie de informes sobre la desmovilización de las Auc. Más allá de hacer un balance de las políticas que el Estado ha promovido para desintegrar grupos armados y acabar el conflicto, este excombatiente del Epl, quien estuvo negociando el acuerdo de paz en 1991, presenta propuestas basadas en su propia experiencia de dejación de armas y su rol como estudioso de la guerra y la paz, hace 24 años.
El informe dice que Colombia es el país del mundo con más tiempo y más experiencias de desmovilización, ¿somos expertos en el tema o hemos fallado y por eso hacemos tantos intentos?
Es impresionante, porque son 69 años ininterrumpidos de violencia política y conflicto armado, con programas de rehabilitación -con diferentes nombres- desde los años 50 hasta la actualidad. Esto tiene una cara positiva porque se han reintegrado más de 60.000 personas de manera exitosa, pero tiene otra cara dramática y es un ciclo no acabado entre desmovilizaciones y reintegraciones parciales y continuidad del conflicto armado. Este informe es coyuntural porque faltan los dos últimos pactos de paz con las Farc y Eln para tener el cierre total del conflicto armado, si logramos superar los rezagos del paramilitarismo.
¿Cuál es su balance desde 1982 a hoy?
Con el gobierno de Betancur, 2.000 personas de distintas guerrillas, Farc, Epl, Eln y M19, retornaron a la vida civil. No hubo desmovilizaciones generales, sino población amnistiada, con programas básicos, pero no hubo garantías plenas y se presentaron persecuciones y asesinatos. Fue una reintegración individual y anónima, pero, en general, exitosa. Con los pactos de paz de los 90 alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, más de 7.500 combatientes del M19, el Epl y otras guerrillas como CRS, PRT, Quintín Lame, y cinco milicias de Medellín, retornaron a la vida civil. El nivel de rearme fue apenas del 4%. Con los paramilitares fue más complejo, porque la desmovilización fue parcial, no hubo acapamentación ni un proceso riguroso de control, de tal manera que previo a la desmovilización, se triplicaron artificialmente las estructuras.
¿Por qué dice que las deserciones no son desmovilizaciones y no contribuyeron a la paz?
Técnicamente una desmovilización es cuando se desintegra una organización armada, es decir, las guerrillas dejan de ser guerrillas y el conjunto de sus combatientes pasa a la vida civil, pero no existe la categoría de “desmovilización individual”, es un mal invento colombiano. Lo que se creó fue una figura en la que guerrilleros se presentaban a las autoridades para acogerse a la legalidad. El Estado les otorgaba el indulto -si no estaban inmersos en delitos graves- y se vinculaban a programas de reintegración. Es una legítima figura de estímulo a deserción guerrillera. Pero durante las administraciones de Álvaro Uribe se condicionaron esos beneficios a la cooperación para la destrucción de las guerrillas. Es discutible desde el Derecho Internacional Humanitario, porque cuando se otorga el indulto, se prohíbe que las vidas de estas personas se pongan en riesgo y que sean utilizadas como ventaja militar. Y eso fue precisamente lo que sucedió en Colombia desde 2002. Incluso se elaboró una lista de ofrecimientos con pagos jugosos por entrega de elementos de guerra, y se pusieron de moda cadenas de cooperación y recompensas. En pocos años se pagaron $15.000 millones. Se hicieron montajes falsos para cobrar esos pagos: personas desmovilizadas entregaron caletas y luego fueron asesinadas; y agentes del Estado estaban involucrados en corrupción por quedarse con esos beneficios. Esas normas siguen vigentes.
¿Qué recomendaciones hace a la mesa de La Habana?
Que se acabe con los prejuicios. Las Farc han rechazado los anteriores procesos de paz, los han calificado de traición. Quieren ser originales, dicen que no quieren una foto del desarme y que no habrá concentración porque sería una imagen de derrota. Esto no es un invento nuestro, las normas internacionales insisten en que los beneficios a excombatientes se condicionan hasta que la totalidad esté desmovilizada y desarmada. El objetivo es que dejen de existir como guerrilla y para eso es necesario que se identifiquen sus efectivos, se desarmen y se creen espacios para ello. Es propio del desescalamiento militar que se está dando, no tiene ambigüedad.
¿Qué cambios propone en la Agencia Colombiana para la Reintegración?
Retomar lo que se hizo en los 90, que sea un programa acordado y se aplique conjuntamente. Es decir, que la dirección del programa esté en manos de un delegado del Gobierno, uno de las Farc y otro del Eln, y que haya un comité plural con personas técnicas, como un veedor de la ONU y un experto jurídico, entre otros. Ese sí sería un programa enfocado a la construcción de la paz, al reconocimiento de las partes. No puede seguir siendo una oficina asistencialista. Este es un proceso político que debe tener un soporte administrativo y jurídico. Y para ello es interesante retomar el desarrollo logístico, administrativo y profesional que ya tiene la ACR.