Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos y todo el poder del Estado a Necoclí, a José Miguel Padilla, una de las miles de víctimas de diferentes grupos armados en Urabá, se le abre un resquicio de luz en el oscuro panorama que comenzó para él y su familia el 21 de noviembre de 1993. Ese día, hombres de las Autodefensas Campesinas Unidas de Córdoba, que habían llegado con el propósito de apropiarse de siete fincas del corregimiento El Totumo, mataron a Leopoldo Valdez y Alfonso Valdez, su padre y su hermano, por negarse a venderles la finca Siete Vueltas.
Ahora, el Estado deja instalada en Apartadó una oficina para la restitución de tierras y el Comité de Justicia Transicional, que se encargará de hacer efectivas las demás medidas de reparación a la población afectada por el conflicto, hace el anuncio de la recuperación de 109 predios que estaban en manos del Fondo Ganadero de Córdoba por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Incoder entrega 57 títulos. Además —coinciden Carmen Palencia, directora de la fundación Tierra y Vida, y Gerardo Vega, de la ONG Forjando Futuros—, queda el pacto para que los gobiernos municipales incluyan programas de atención a las víctimas por medio de las organizaciones sociales.
“Ajá, ahora sí que me entreguen lo mío, la tierra de nosotros (…) y que no nos dejen solos”, dice José Miguel, quien sabe, como las 2.800 familias que reclaman 150 mil hectáreas en Urabá, lo peligroso que ha sido reclamar lotes en una zona marcada por las masacres, los despojos y los desplazamientos. José Miguel ha padecido el rigor de todos los grupos armados que han pasado por Necoclí: en los 80 quedó en medio de los combates entre miembros del Epl y el Quinto Frente de las Farc, que se disputaban el norte de Urabá, Córdoba y Chocó.
Luego, su familia fue echada por alias Carlos Correa, uno de los paramilitares más temidos en Necoclí, y ahora siente miedo de volver a un terreno donde, le han dicho, hay presencia permanente de ‘Los Urabeños’, comandados, al parecer, por Arley Úsuga Torres, primo de Dairo Antonio Úsuga, quien habría quedado como jefe único de la organización criminal luego de la muerte de su hermano, Juan de Dios. En este punto, el coronel León Mejía, comandante de la Policía de Urabá, asegura que no es cierto que en la región haya bases de bandas criminales y destaca la captura de 39 integrantes de ‘Los Urabeños’, 12 de ellos con órdenes judiciales, en lo que va del año.
Los primeros pulsos entre estos grupos dejaron, entre 1992 y 1996, siete masacres en esta localidad y ocho más en el resto de los municipios del norte (Arboletes, San Pedro de Urabá y Turbo). Esa zona quedó bajo el control paramilitar desde 1997 y pararon las masacres. Sin embargo, en el centro de la región o el eje bananero (parte de Turbo, Carepa y Apartadó), los hechos aumentaron y entre 1995 y 1997 hubo 32 matanzas en estos tres municipios.
En total, entre 1991 y 2001 hubo en las 14 localidades de Urabá 607 muertos en 97 masacres —en promedio una cada mes y medio— cometidas por las guerrillas (Farc, disidencia del Epl y Eln), comandos populares y grupos paramilitares, según la investigación ‘Identidades políticas y exterminio recíproco’, de Andrés Fernando Suárez, de la Universidad Nacional. Incluso, miembros del Ejército también se han visto involucrados en crímenes.
El resultado de tal derrame de sangre en Urabá, unido a la problemática actual de bandas criminales, obligó al desplazamiento de 256.991 hogares (1’036.456 personas) en las tres últimas décadas, según datos consolidados hasta el pasado 31 de enero en el Registro Único de Población Desplazada. Pero contemplado el subregistro, las cifras podrían ser más altas. De todas las víctimas expulsadas de sus predios, son pocos los que en Urabá persisten en reclamar sus tierras porque no les interesa volver, por miedo o por los antecedentes de los últimos tres años, período en el que han matado a 12 reclamantes de tierras, entre ellos Albeiro Valdez —hermano de José Miguel—, quien cayó asesinado el 10 de mayo de 2010 en la vereda Cirilos, de Necoclí.
José Miguel, quien hoy vive en Carepa, llegó desde el viernes al pueblo para participar en la concentración de ayer. No es la primera vez que es testigo de marchas en este municipio relacionadas con tierras y grupos armados. En 1981, 1982, 1984 y 1987, decenas de campesinos salieron a marchar como protesta por el mal estado de las vías y por la falta de agua potable. “En 1988, campesinos de Pueblo Nuevo se tomaron la Alcaldía ante los combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla en su territorio”, indica un estudio sobre Necoclí del Instituto de Estudios Regionales del Iner, de la Universidad de Antioquia.
Ahora, Albeiro queda con la ilusión de tener el terreno allanado para llenar su finca, como la recuerda hace 20 años, con yuca, ñame y ganado. Pero los procesos que seguirán no serán fáciles. Aunque víctimas como Alfranio Solano dicen que no hay rencores sino miedo, otros creen que el odio en la región aún está muy arraigado. Aún así, para el presidente Santos, llegó la hora de mandarles un mensaje a los violentos de que la restitución de tierras no tendrá marcha atrás.
La historia de Juan de Dios Úsuga
El pasado 1º de enero, la operación ‘Colombia 25’ de la Policía Antinarcóticos permitió dar el más duro golpe a la estructura de la banda criminal ‘Los Urabeños’: su jefe máximo, Juan de Dios Úsuga, conocido con el alias de ‘Geovanny’, fue dado de baja en una finca en Acandí, Chocó. Junto a su hermano, Dairo Antonio Úsuga, fueron los herederos de los negocios del capturado y extraditado narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y se apoderaron de puntos estratégicos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y Guajira. Los dos pertenecieron al Epl, grupo guerrillero del que se desmovilizaron en 1991.
‘Una cruzada contra la ilegalidad’
El presidente Juan Manuel Santos afirmó que la marcha realizada ayer en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, en apoyo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras impulsada por su gobierno, busca enviar un claro mensaje a todos aquellos que se oponen a este proceso: que el país entero y sus instituciones están detrás de él y en contra de la ilegalidad.
Según el jefe de Estado, su propósito es adelantar una “verdadera revolución agraria” que elimine la ilegalidad de las tierras colombianas: “Pero no una revolución ni con fusiles ni una revolución que divida la sociedad. Esto no es una lucha de ricos contra pobres, esto no es una confrontación entre campesinos y terratenientes, esto no es una lucha de clases; esto es, simple y llanamente, una cruzada de lo legal contra lo ilegal”, enfatizó.