Con las imágenes de la liberación de los diez militares y policías secuestrados por las Farc aún frescas en la retina de los colombianos, el debate sobre la pertinencia de abrir un proceso de negociación con la guerrilla se ha puesto sobre la mesa con fuerza. La posición de los partidarios de esta iniciativa se podría resumir en un sencillo “ahora sí”.
Después del fallido cese al fuego de La Uribe, en 1984, durante la administración Betancur; las conversaciones de Caracas y Tlaxcala en el período 1991-92, con el gobierno Gaviria, y las negociaciones del Caguán, entre 1998 y 2002, esta vez sería la buena y las Farc estarían dispuestas a abandonar las armas. En este sentido, la cuestión se resume en tratar de evaluar qué hace tan diferente a esta ventana de oportunidad, que algunos creen ver en el presente, de los anteriores intentos frustrados.
El primer punto a considerar es que en el lenguaje de las Farc negociación no equivale a desmovilización. Para los efectos, vale la pena recordar la conocida entrevista de Alfonso Cano con el diario español Público en junio de 2011, donde señalaba al mismo tiempo que “siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno” y que “desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición”. En consecuencia, el riesgo de entrar a negociar es quedar atrapados en unas conversaciones en las que la guerrilla busca objetivos —fortalecimiento militar, visibilidad política, etc.— distintos y contradictorios al abandono de las armas. Eso es exactamente lo que les pasó a Betancur, Gaviria y Pastrana.
Por tanto, el interrogante no gira en torno a la disposición de las Farc de sentarse a negociar, sino sobre las verdaderas intenciones del grupo detrás de las conversaciones. En este sentido, se trata de valorar si la guerrilla sigue considerando el diálogo como un instrumento para acumular poder político-militar en su confrontación con el Estado o, por el contrario, empieza a verlo como una vía para abandonar las armas. Para despejar esta incógnita, resulta esencial identificar si hay cambios en la competición estratégica entre el Estado y las Farc que pudieran empujar al grupo terrorista a apostar por una salida negociada.
De tal modo, se debería empezar por señalar lo que sigue igual y no se puede utilizar como evidencia de cambio en la guerrilla. Es el caso de la retórica de la organización. Por mucho que algunos se esfuercen por encontrar un nuevo tono en los comunicados lanzados por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, desde la dirección de las Farc, lo cierto es que su discurso no se diferencia en nada sustancial de aquel a que nos tenían acostumbrados antecesores suyos como Cano, Marulanda o Reyes.
Pulso de fuerzas
Los cambios de verdad están en la correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla. Para empezar, el balance militar se inclina abrumadoramente a favor del Gobierno. En el tiempo de la negociación de Caracas, en 1991, la administración Gaviria podía alinear unas Fuerzas Militares de unos 126.000 hombres y una Policía Nacional con otros 82.000. Hoy, el Gobierno colombiano dispone de más de 283.000 militares y 163.000 policías. Aunque no es solamente una cuestión de pie de fuerza. La inteligencia, la movilidad y la potencia de fuego de la Fuerza Pública colombiana ha dado un salto abrumador en las pasadas dos décadas.
Entretanto, las Farc han sufrido un retroceso estratégico. De su pico cercano a los 20.000 hombres en 2001 han quedado reducidas a menos de la mitad y han tenido que abandonar las zonas más desarrolladas de Colombia para refugiarse en regiones periféricas. Además, la cohesión de la organización está debilitada, no sólo debido a que ha perdido a los cuadros más experimentados, sino además porque el involucramiento en actividades criminales, como el narcotráfico, ha terminado por sembrar la corrupción al interior del grupo. Desde luego, las Farc conservan un potencial relevante para hacer terrorismo, pero ya no amenazan por medios militares la existencia del Estado.
Por otra parte, la transformación social y económica del país ha convertido en una quimera el sueño de Timochenko y sus camaradas de tomar el poder a través de una insurrección rural. Hoy, poco más del 20% de la población colombiana reside en el campo y la cifra se reduce cada año. Al mismo tiempo, sin menospreciar los problemas sociales que enfrenta el país, lo cierto es que el nivel de renta ha mejorado y las clases medias se han ampliado. Sólo a modo de ilustración: entre 2002 y 2010 el volumen de colombianos pobres se redujo del 49,4% al 37,2%. A medida que el país se urbaniza y aumentan los sectores medios, la apuesta violenta de las Farc pierde relevancia estratégica.
En cualquier caso, no todos los cambios han sido peores para la guerrilla. Hoy, las Farc encaran el entorno internacional menos hostil de su historia. Durante la cumbre de la Comunidad Andina en Bogotá, el pasado noviembre, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, declaró que no iba a calificar a las Farc como terroristas. Pocos meses después, el 25 de marzo último, la cancillería colombiana protesto públicamente por el homenaje al fundador de la organización, Manuel Marulanda, realizado por grupos radicales venezolanos en Caracas. En comparación con este panorama, a comienzos de los años 90 la guerrilla enfrentaba un continente donde todos los países rechazaban frontalmente el uso de la violencia con fines políticos y apostaban por modelos de desarrollo basados en la democracia liberal y el libre mercado. La región ha cambiado mucho desde entonces.
Por lo demás, los recursos que sostienen la maquinaria de violencia de las Farc no parecen cercanos a agotarse. Pese a los descalabros de los pasados años, la organización todavía puede apoyarse en una economía ilegal extensa y diversificada, donde se combinan narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Al mismo tiempo cuenta con suficientes nichos de reclutamiento en algunas comunidades rurales como para nutrir sus filas con un número de jóvenes limitado pero suficiente que sostenga su actividad terrorista.
El ejemplo del Ira
Vale la pena recordar cuáles son los motores que empujan a un grupo armado a la desmovilización. Por un lado, la perspectiva de un colapso militar rápido y demoledor. Por otro, las dimensiones del ‘premio político’ que puede obtener si abandona la violencia y juega con las reglas de la democracia. Ahí está, por ejemplo, el proceso de paz en Irlanda del Norte. A mediados de los 90, las fuerzas de seguridad británicas habían colocado contra la pared al Ira Provisional. Al mismo tiempo, la organización sabía que contaba con suficiente base social entre la comunidad católica como para conquistar una cuota de poder relevante si abandonaba la violencia y participaba en las elecciones. El resultado fue el acuerdo de Viernes Santo de 1998, que abrió la puerta a la desmovilización de la organización terrorista.
El problema es que los términos de la ecuación no funcionan con las Farc en el presente. La organización ha perdido capacidad militar de forma abrumadora, pero cuenta con zonas de retaguardia en las fronteras y recursos económicos y humanos suficientes para prolongar su campaña terrorista. Por otra parte, si decidiese renunciar a la violencia y someterse al veredicto de las urnas, sus perspectivas políticas serían cuando menos negras. La guerrilla cuenta con un respaldo social prácticamente inexistente. Las armas son el único instrumento que les garantiza mantener su nefasta influencia sobre el escenario político y renunciar a ellas equivaldría a asumir su propia insignificancia.
En consecuencia, valdría la pena moderar la euforia sobre las posibilidades de un proceso de desmovilización exitoso. En este momento el balance de costos y beneficios parece empujar a las Farc a mantenerse en el terrorismo y mirar las negociaciones como una vía para oxigenarse política y militarmente. Desde luego, este escenario puede cambiar a medida que la presión de la Fuerza Pública se incremente, el desarrollo del país cierre espacios a la violencia y al interior del grupo armado se revisen los planteamientos políticos y estratégicos que lo han conducido a este callejón sin salida. Pero si la pregunta es si ésta es la hora de negociar, la respuesta tiene que ser: todavía no.
Cifras para tener en cuenta
126.000
hombres tenían las Fuerzas Militares y 82.000 la Policía Nacional en 1981, cuando las negociaciones de Tlaxcala.
283.000
militares y 163.000 policías componen la Fuerza Pública en 2012.
20.000
hombres en armas llegaron a tener las Farc en 2001, grupo ilegal que hoy estaría reducido a menos de la mitad.
* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y consultor en temas de Seguridad. Twitter: @roman_d_ortiz