Si algún efecto positivo han provocado las polémicas actuaciones del expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry, es que trajo al debate público un tema al que el país le ha dado la espalda por años, pese a estar consagrado como un derecho de la Constitución de 1991: el derecho de las comunidades indígenas a detentar sus propios sistemas judiciales.
Roque Roldán, un curtido abogado en el trabajo con comunidades indígenas por todo el país y que ahora acompaña en algunos de sus proyectos sociales a un resguardo embera en el suroeste de Antioquia, explica que en Colombia existen casi tantos sistemas de justicia indígena como culturas ancestrales. Según los últimos reportes, se pueden diferenciar al menos 84 culturas distintas.
“Una gran parte de la población indígena aquí tiene poca experiencia en estos sistemas de justicia, porque han perdido aspectos de su tradición cultural”, apuntó Roldán. En su opinión, a pesar del derecho consagrado por la Constitución, 20 años después nunca se formularon una ley y una política estatal para impulsar a las comunidades en el desarrollo de sus sistemas de justicia.
Antonio Lobo-Guerrero, director de la Fundación Etnollano —que trabaja principalmente con comunidades del Vichada—, comparte esta opinión: “No ha habido fortalecimiento real de esa jurisdicción. En las áreas de la salud y la educación dentro de las comunidades se han logrado muchos avances, pero no en esa rama judicial”.
Lo que ha descubierto en su contacto con estas comunidades es que guardan algunos elementos que no sólo sería interesante investigar desde un punto de vista antropológico como tipos de delito que para una cultura occidental no revisten ninguna importancia, por ejemplo, matar ciertos animales, pero también esencias jurídicas como las de reciprocidad donde el ofensor compensa al ofendido acompañandolo en algún trabajo o tarea exigente.
“Son justicias que buscan proteger mas la cultura y la comunidad que al individuo”, es lo que dice sobre este tema Martín von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas. Coincide con sus colegas en que, con algunas excepciones, los sistemas de justicia indígena siguen siendo débiles por falta de apoyo. También cree que se deben promover más espacios de diálogo entre esos sistemas y los de la justicia ordinaria.
Un diálogo en el que el aprendizaje puede ser de lado y lado. “En ellos está el enorme respeto espiritual por el medio ambiente. En muchas culturas existe una asociación entre los delitos y el mal manejo ambiental, pero que nosotros hemos perdido esa conciencia”, concluye Martín.