“El Gobierno tiene que entender que si quiere sacar la Ley de Víctimas adelante, necesita a los personeros. Nosotros somos la puerta de entrada para el restablecimiento de los derechos de las víctimas; somos los que promovemos las asociaciones de víctimas en los municipios y los que tomamos la primera declaración, sin la cual no hay entrada al proceso. El 75% de las reclamaciones en el país las toman los personeros. Pero nos dieron todas esas funciones y no nos dieron recursos”, le dijo en noviembre de 2012 a El Espectador el presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) y actual personero de Cali, Andrés Santamaría.
Una postura que no ha cambiado en estos dos años y que se ve plasmada en la propuesta que presentó Fenalper en el marco del Foro Nacional de Víctimas que se realiza en Cali, del que se espera salgan los insumos que alimentarán la discusión en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). En un documento de siete páginas, los personeros insisten en afirmar que juegan un papel fundamental en la construcción de la paz territorial y en que son un socio estratégico en la movilización social y la sostenibilidad de los eventuales acuerdos que se firmen en La Habana.
“Es sabido que el país vive el conflicto más antiguo de América Latina, y en ese sentido, es urgente avanzar en la construcción de la paz territorial, bajo dos grandes perspectivas. La primera, en satisfacer efectivamente los derechos de las víctimas y, la segunda, en garantizar los derechos constitucionales de las colombianas y los colombianos en todo el territorio. Bajo estas perspectivas, es necesario iniciar procesos de cambio que propendan hacia la resolución de conflictos y la construcción de escenarios e incentivos propicios para el desarrollo económico y social en los territorios. Es imperativo impulsar aquellos procesos que desde la concepción de la democracia local le permitan a la institucionalidad territorial consolidar garantías de protección y no repetición para el ejercicio pleno de los derechos de todos los colombianos, movilizándolos alrededor de la construcción de la paz con un enfoque territorial”, arranca diciendo el documento.
Y en este sentido, la agremiación de personeros señala haber diseñado un plan para incidir en las políticas públicas nacionales a partir de su experiencia con la lectura de problemáticas, que surge a raíz del diálogo con las comunidades. “Las personerías están comprometidas con el complejo proceso del posacuerdo y reconocen la necesidad de capacitarse y fortalecer su trabajo con las comunidades locales y las autoridades nacionales encargadas del proceso de paz. Al ser el primer contacto con las víctimas, las personerías entienden la incidencia que tiene en el proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social”, agrega.
A la fecha, las personerías han tomado 500.146 declaraciones de víctimas de 625.662, lo que representa un 87.9% del total de las declaraciones de víctimas hasta el momento. Adicionalmente, como Secretaría Técnica de las Mesas Municipales de Participación Efectiva de las Víctimas, han instalado 759. Esto en medio de los riesgos que implica ejercer su función con las víctimas, la garantía de los derechos humanos y la movilización social hacia el control social y la participación ciudadana. Actualmente, se han reportado 163 amenazas a personeros y personeras municipales, el mayor número en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La principal conclusión del documento es que para que puedan desempeñar su rol fundamental en el proceso de paz, es necesario fortalecer las personerías de Colombia para que puedan cumplir con sus funciones de una manera pronta y adecuada. Y las propuestas puntuales de Fenalper son:
– Que haya verdaderos y eficaces mecanismo de financiación, que asignen recursos a las personerías municipales para sufragar los gastos que demanda la atención y orientación integral a las víctimas.
– Relacionar un rubro en la nueva Ley de Regalías que permita a través de un proyecto de gestión, implementar recursos para el funcionamiento de las personerías en su responsabilidad de impulsar el control social y la participación directa de los ciudadanos en los destinos de su territorio.
– Esquemas de protección para el ejercicio como defensores de Derechos Humanos en el nivel territorial.
– Considerar escala de impacto y grados de vulnerabilidad para diferenciar la atención, conforme las tipologías de victimización y tamaños de planta de personal adecuados a la demanda.
– Mayores recursos humanos y tecnológicos para continuar oportunamente con las labores de la población víctima.
– Acondicionamiento de la infraestructura para brindar una atención acorde con el principio de enfoque de derechos, especialmente en lo que concierne a la toma de declaraciones (y la privacidad que ello requiere).
– Personal de apoyo en las personerías para dedicación exclusiva a la labor de Secretaría Técnica de las Mesas Municipales y Distritales de Participación Efectiva. Debe garantizarse que el ejercicio de la Secretaría Técnica no se convierta en un ejercicio rotativo entre funcionarios debido al desbalance entre cantidad de funciones y cantidad de personal disponible.
– Acompañar el proceso de desarme y reintegración de los desmovilizados de las Farc, garantizando los derechos de los desmovilizados.
– Incorporación de un psicólogo como cargo adjunto a cada una de las personerías municipales del país en forma gradual y progresiva atendiendo criterios de demanda y tipología de daños conforme a impacto de las violaciones a los derechos humanos y persistencia del conflicto armado.
– Asesoría psicológica a Personeras/os para su trabajo en atención a víctimas con enfoque psicosocial.
– Apoyo psicosocial al personal de las personerías municipales que atiende a las víctimas y establecimiento de programas de bienestar social a quienes atienden.