Ante el Congreso de la República fueron presentados los dos proyectos bandera de la administración Barco: las reformas urbana y agraria. Dos ambiciosas iniciativas que de inmediato chocaron con la férrea oposición que el conservatismo planteó en el poder Legislativo. Por esa razón, el 11 de septiembre de 1986, se conoció una misiva del Presidente a sus ministros pidiéndoles entenderse de cualquier manera con los congresistas para enfrentar el trámite de los dos proyectos. (Le puede interesar: La pelea por el designado presidencial en septiembre de 1986) De manera simultánea, se anunció por parte del conservatismo la creación de un gabinete a la sombra, para ejercer veeduría sobre todas las acciones del gobierno Liberal. A la cabeza del mismo fue designado el director de esa colectividad Rodrigo Lloreda, quien anunció una oposición razonada, sin ánimo de obstruir aquellas acciones que en su criterio quedaron enmarcadas en el interés nacional. Las relaciones políticas entre los partidos tradicionales se siguieron agrietando, sin que cesara la violencia política. En el contexto judicial, esa segunda semana de septiembre se vio alterada por la captura de un mayor del Ejército en posesión de 80 kilos de cocaína. Un hecho que reabrió el debate acerca de la forma como el narcotráfico se estaba filtrando en todos los frentes institucionales del país. La captura del oficial y su inmediato sometimiento a la justicia provocaron sucesivos comentarios editoriales de El Espectador, para advertir la urgencia de controles para impedir que la coca siguiera causando estragos.