En un comunicado leído por Rubén Zamora, miembro del equipo de negociadores de las Farc en La Habana, el grupo guerrillero pone sobre la mesa un tema polémico que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene previsto abordar en su Estatuto Nacional de Drogas, proyecto que se espera sea presentado al Congreso en marzo próximo: la legalización de cultivos ilícitos con fines terapéuticos, medicinales e incluso culturales.
En efecto, al dar a conocer su propuesta “para una política de desarrollo rural y agrario integral”, las Farc sugieren que se contemplen acciones frente a los cultivos de uso ilícito “para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”. Un asunto que para muchos críticos resulta inconcebible teniendo en cuenta que esa guerrilla ha hecho del tráfico de narcóticos su fuente de financiación para la guerra.
De otra parte, en septiembre pasado se conoció el borrador del Estatuto Nacional de Drogas, que busca replantear la política de lucha contra las sustancias ilícitas. En él se encuentra un capítulo sobre la regulación de la oferta de sustancias ilícitas, el cual contempla, en el artículo 92, una propuesta en el sentido de crear áreas en donde sea permitido cultivar plantas “de las cuales se produzcan sustancias psicoactivas, siempre que sean destinadas para fines lícitos”.
En concreto, el cultivo de las plantas y la producción de narcóticos se limitaría a fines médicos, terapéuticos y científicos. Asimismo, según el citado borrador, esos cultivos tendrían que contar con la autorización del Consejo Nacional de Política de Drogas, el cual está analizando la posibilidad de que esta producción se emplee para el tratamiento de los adictos.
Un tema que polariza, pero en el que por lo visto parece haber consenso entre Gobierno y Farc. Como se sabe, hay quienes sostienen que debe existir una prohibición absoluta, incluso en contravía de la sentencia C-221/94, que despenaliza el consumo de la dosis personal, y quienes consideran que esta es una problemática de salud pública, que va más allá del prohibicionismo.
Cabe recordar que el año pasado Bogotá fue epicentro de una aguda discusión con la implementación de los Centros de Atención para Drogodependientes (Camad) por parte de la administración distrital, algo que generó señalamientos, como los del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien afirmó que “el Estado no puede promover el consumo de drogas” e incluso planteó la posibilidad de que se realizara un referendo para que sean los ciudadanos quienes decidan cómo se debe enfocar esta política en el país.
Ahora son las Farc las que hablan de “legalización”, aunque seguramente en la mesa de diálogos que se adelanta en Cuba tendrán la oportunidad de ampliar su propuesta. Sea como sea, al final será el Congreso de la República el que tome la última palabra, como ocurrirá con todo lo que eventualmente se acuerde en La Habana.