Los retos de la comisión de la verdad

Los jefes paramilitares desmovilizados pidieron ser convocados a la comisión para aportar sus “conocimientos” y “verdades” sobre la guerra. Para el presidente Santos, la comisión es el primer paso en la aceptación del principio de la justicia transicional y el respeto a los derechos de las víctimas. /EFE Hecho el anuncio del acuerdo para la conformación de una comisión de la verdad, que se enmarca en la discusión del punto cinco de la agenda de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, referente a las víctimas, comienzan a escucharse inquietudes y propuestas desde varios sectores, no sólo de la institucionalidad colombiana sino también de quienes han sido actores directos en la guerra. En concreto, de los desmovilizados paramilitares. Ello en la perspectiva de que esa verdad, si bien abrirá heridas, es necesaria para superar el conflicto y pasar a una etapa histórica de paz y construcción de democracia sin armas. Está claro que la comisión será un órgano temporal y de carácter extrajudicial. Es decir, no será un mecanismo para administrar justicia sino que estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad. La principal fuente de información serán los testimonios de esas víctimas, aunque en muchos casos también acudirán quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta. Siendo así, se hace indispensable que la opinión pública entienda su independencia, pues no podrá hacer imputaciones penales y la información que reciba o produzca no tendrá valor probatorio ni podrá ser trasladada a las autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales, ni las autoridades judiciales podrán requerirla. Un paso adelante, sin duda, que a la vez plantea múltiples retos, pues tanto Estado como insurgencia entrarán en el terreno de asumir responsabilidades, a partir, dado el caso, de la desclasificación de archivos, o, en esencia, enfrentar la negación de las atrocidades que han cometido en la guerra y que hasta ahora se niegan a reconocer. Uno de los primeros desafíos que se ven venir está relacionado con la imparcialidad y calidad de quienes integren la comisión. El acuerdo señala que serán 11 los comisionados, “seleccionados bajo los criterios de idoneidad ética, imparcialidad, independencia, compromiso con los derechos humanos, la justicia, la ausencia de conflictos de interés, el conocimiento del conflicto armado, del derecho internacional humanitario (DIH) y los derechos humanos, y reconocida trayectoria”. Una serie de cualidades que, teniendo en cuenta la polarización política que existe hoy en torno al proceso de paz, darán para agudas polémicas. De hecho, desde el uribismo ya llueven críticas, como la del representante a la Cámara Samuel Hoyos, quien cree que las Farc no pueden ser las que escriban la historia de Colombia. “Va a ser una comisión de la mentira”, dijo. Y el senador Iván Duque escribió en Twitter: “Ya empezó el camino a la impunidad con la comisión de bolsillo que quieren las Farc para lavar crímenes”. El meollo del asunto es que, una vez firmado el acuerdo para el fin del conflicto, un comité de nueve personas, seis seleccionadas en parte por la mesa de diálogos de La Habana y tres por organizaciones y personas “imparciales”, se hará cargo de elegir los comisionados. La idea es que se haga una convocatoria “amplia y pluralista” a todos los sectores de la sociedad para que apoyen el proceso. Pero muchos creen que no es bueno que ello esté sujeto a la voluntad de las partes, que finalmente van a escoger a la mayoría de comisionados, pues cualquier sesgo les resta independencia y credibilidad a la comisión y su informe final. Por ejemplo, el procurador Alejandro Ordóñez pidió que haya militares o exmilitares en la comisión, al tiempo que el exjefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, ofreció los “conocimientos” y las “verdades” de los desmovilizados de las autodefensas, “para trabajar de inmediato, apenas nos convoquen, en las comisiones de la verdad que sobre el conflicto en general, y en particular sobre el paramilitarismo, vayan a crearse, de la mano del Estado, de la mesa de La Habana y de la sociedad civil”. La misiva pone el dedo en la llaga sobre uno de los temas fundamentales de la negociación con las Farc: la justicia transicional. Advierte que a diario surgen dificultades y obstáculos entre esa justicia transicional y la justicia ordinaria, que se han vuelto inmanejables y amenazan con transformarse en “mulas inertes atravesadas” en los procesos de Justicia y Paz, “generando zozobras cuyas ondas expansivas llegan incluso hasta La Habana, donde también la seguridad jurídica resulta esencial”. Además plantea crear una comisión entre postulados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para destrabar ese nudo y facilitar “que la Ley de Justicia y Paz llegue a buen puerto y deje bien fundadas y sólidas las bases de la justicia transicional en Colombia”. Por eso, otros dirigentes, como Carlos Holmes Trujillo, excandidato vicepresidencial del uribismo, consideran que debió haberse definido primero lo relativo a la justicia, antes que acordar la creación de una comisión de la verdad. Sin embargo, el presidente Santos está convencido de que el acuerdo sobre la comisión es un paso fundamental en la aceptación del principio de justicia transicional, que en últimas significa el respeto por el derecho de las víctimas. De hecho, el primer mandatario lo ve como un “punto de inflexión” para el proceso de paz. Como se ve claramente, la discusión apenas comienza.

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