Análisis estadísticos realizados desde 1980 han servido para detectar que en municipios como Riosucio (Chocó), donde se desarrollaron cultivos extensivos de palma, se presentó un alto índice de desplazamiento debido al cambio de territorio.
Así lo expresó Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante su intervención en la segunda sesión de la Cátedra Manuel Ancízar, dedicada a analizar el fenómeno de desterritorialización afrocolombiana en el siglo XXI.
Según Salina Abdala, actualmente, la desterritorialización es un fenómeno que se ha agudizado en municipios como Buenaventura y Tumaco donde la mayoría de población es afrodescendiente.
“Las personas responden a las transformaciones territoriales y a sus necesidades en cuanto a salud, educación y alimentación, por eso se han trasladado a las ciudades, lo que convierte esta dinámica en un conflicto también urbano”, dijo la experta.
Para Salinas, este cambio de actividad económica ha generado que el uso del suelo se vea modificado y, por ende, trae reducción de espacio habitable, además influye en la mano de obra que se ve transformada para estar al servicio de proyectos industriales a gran escala.
Un censo realizado por el DANE en 2005 concluyó que los pueblos indígenas y afrocolombianos son los más afectados por el desplazamiento ocasionado por la violencia. De hecho, la amenaza a su vida es el motivo de cambio de residencia para el 10,2 % de los indígenas y el 5,6 % de los afrocolombianos.
Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado en 2011 por el DANE, en Colombia la población afrodescendiente es de alrededor de 4. 316.592. De este número, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que el 1,44 % ha sido desplazada de su territorio debido al conflicto armado y la explotación ambiental.
Para Fernando Urrea Giraldo, sociólogo y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, las sociedades del Pacífico colombiano han sufrido cambios drásticos en diferentes etapas de su historia.
La más reciente, según lo describió, data de los años 90 y se extiende hasta hoy, pues a pesar de haber logrado aparecer en la Constitución de 1991, en la que fueron reconocidos sus derechos colectivos y su territorio, han sido una de las mayores víctimas del conflicto interno colombiano.
“Esto tiene que ver con el interés por los recursos naturales de los sectores que favorecen la acumulación de capital”, afirmó el sociólogo.
Históricamente la explotación minera en esta zona ha sido la actividad prevalente, sin embargo, para los años 90 se vio reducida por cumplir con requerimientos agroindustriales como la siembra de palma, banano, explotación petrolera y expansión de cultivos de coca.
La violencia generalizada en un país como Colombia trae consigo transformaciones en la conducta de los ciudadanos y, por tanto, cambios en la repartición y uso del territorio.
Los expertos coincidieron en afirmar que dicha situación incide directamente en la comunidad, llevando al detrimento de pobladores nativos u originarios, y ha ido en beneficio de agentes legales e ilegales, promoviendo el desplazamiento y movilización de habitantes a otras áreas del país.
Durante el segundo semestre de 2014 el tema central de la Cátedra Manuel Ancízar es “Pasado, presente y futuro del Pacífico colombiano, contexto de violencia generalizada”.