La noche anterior, Gonzalo le había pedido a su hermano Elías que no fuera a trabajar el viernes y que, incluso, pensara en no volver nunca más. Pasadas 12 horas, dos de los cuatro hermanos Roncancio se despidieron para siempre sin saberlo. Elías llegó a las 6:30 de la mañana a la mina y Gonzalo, quien también trabaja en el mismo oficio, estaba en la zona. Pero una hora después, a las 7:30 a.m., cuando iba a desayunar, oyó una explosión. Nadie tuvo que decirle qué pasó ni quiénes habían sido las víctimas. Él lo supo. Su corazón se lo dijo. Sus dos hermanos, Elías, de 23 años, y José Ignacio, de 21, habían muerto junto a otros seis hombres luego de que una posible acumulación de gases y una chispa generaran la tragedia que hoy enluta a Cucunubá, un municipio de Cundinamarca ubicado a dos horas de Bogotá y cuya tradición empresarial es la explotación del carbón.
Son pocos los recuerdos que tiene Gonzalo de los segundos que vinieron después del estallido. Uno de ellos es que ni siquiera corrió a ver el lugar, como los cientos de hombres llenos de hollín que trabajan en la zona, porque tenía claro que sobrevivir a un accidente en una de las cerca de 100 minas de carbón que hay en la zona “sería un milagro”. Y lo sabe porque ya completó ocho años en este peligroso oficio. También recuerda que cuando, por inercia, caminó hacia el sitio, llegó llorando. “Mis hermanitos”, era en lo único que pensaba.
Mientras las familias de estos hombres, la mayoría menores de 30 años, padecen el dolor, la autoridad encargada de la vigilancia de las minas en Colombia —el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas)— intenta evitar que estos dramas se sigan repitiendo en el país, exigiéndoles a los alcaldes prohibir la explotación ilegal que pone en grave riesgo la vida de las personas que trabajan en ellas. Y este es un claro ejemplo. El director de Ingeominas, Mario Ballesteros, asegura que la mina donde ocurrió el accidente es ilegal, pese a que sus dueños exhiben un certificado que les daría la autorización para la explotación del carbón hasta el año 2029.
“En 2004 se ordenó su cierre y un año después Ingeominas confirmó su clausura. En 2006 se le informó dos veces al alcalde que estaba operando de manera ilegal”, afirma Ballesteros.
Y los documentos así lo advierten. El 13 de septiembre de 2006, mediante el oficio SFOM-O-580 dirigido al alcalde municipal de Cucunubá, Felipe Barriga, el Ingeominas asegura que la mina, ubicada en un terreno bautizado 4435, operaba de manera ilegal.
“No tienen ningún título minero vigente e inscrito en el Registro Minero Nacional que les permita explotar dentro del área de los contratos 911T y 4435 (cancelado), por lo cual se consideran como explotadores ilícitos”.
Sin embargo, Alcides Arévalo, dueño de la mina, sostiene que cuenta con todos los permisos necesarios para el funcionamiento, pese a la documentación del Ingeominas que demuestra lo contrario, y que nadie le contó que el jueves, un
día antes de la tragedia, hubo un derrumbe que puso en riesgo la vida de los trabajadores. Un indicio o presagio que debió haberse tenido en cuenta.
Aunque Colombia es un país con tradición carbonera, pues cuenta con 2.200 registros mineros legales y este año producirá 80 millones de toneladas, los accidentes en las explotaciones ilegales son el pan de cada día, puesto que no hay una entidad encargada de vigilar y controlar a los empresarios ilegales que ponen en un riesgo inmenso a sus operarios. Incluso, ninguna persona ha sido sancionada por operar sin los permisos exigidos.
Ni Ingeominas tiene el reporte de cuántas explotaciones ilegales hay en Colombia, pero sí tiene claro que Cundinamarca y Boyacá son los departamentos que más padecen esta situación. Pero aunque en Cucunubá saben que es un oficio muy peligroso, sus habitantes, cuya gran mayoría de hombres viven de esto, aseguran que no tienen otra opción de trabajo, porque o son mineros o trabajan en las flores, pero en éstas les pagan el mínimo. Mientras que en el carbón, al mes pueden ganar, dependiendo de la producción, entre 600 y 800 mil pesos.
Y esto lo sabe muy bien Lily, tía de los dos jóvenes Roncancio que murieron y cuyo esposo lleva 25 años en esta labor. “Aquí no hay en qué trabajar. En otras cosas pagan el mínimo y es muy poquito para mantener un hogar; es mucho el riesgo, pero por darle mejor vida a su familia, ellos se arriesgan”.
Los mineros de Cucunubá saben del peligro al que se exponen a diario, pero algunos que han dedicado casi toda su vida a este oficio, reconocen que también es cuestión de tomar todas las precauciones. Incluso, Jorge Castiblanco, quien trabaja hace 25 años extrayendo carbón, tiene su propia hipótesis sobre las causas que generaron el accidente. “Entró gente inexperta a la mina, gente que no sabe trabajar. A esta zona está llegando mucho desplazado que pica el ‘cochao’ a 5 mil. Ellos no tienen la precaución de esculcarlos para que no lleven cigarrillos en el bolsillo, fósforos o el celular, porque es prohibido entrar con celular, porque el solo celular explota el gas”.
Además de ser un aparente trabajo rentable para los habitantes de Cucunubá, también es una tradición. Lily asegura que en su familia 30 hombres viven de la minería, entre sobrinos, yernos, cuñados, hermanos y primos, pero afirma que esta es la primera tragedia que enluta a la inmensa familia. “Mi esposo me ha contado que cuando no abren tambores en la mina, no pueden respirar, o cuando no prenden los ventiladores, se llena de gas”.
Gonzalo Roncancio permanece en la morgue municipal, ubicada en el hospital El Salvador. Mientras busca las cédulas de sus hermanos, su madre se ha desplomado luego de conocer la peor noticia de su vida. Su padre, José Aparicio Roncancio, grita desconsolado y se cuestiona por haber permitido que sus cuatro hijos trabajaran en las minas: “Diosito, ¿por qué te llevaste a mis hijitos?”. Hoy sólo quedan vivos dos de ellos y ambos continúan la tradición.
Desde ese trágico viernes, en Ingeominas reunieron toda la documentación que certifica la ilegalidad de la mina para que el alcalde municipal cierre este lugar y en todo el país las autoridades estén alerta para evitar nuevos accidentes.
Y mientras se intenta evitar que cualquier persona ‘arme’ una explotación de carbón sin las precauciones del caso, las familias de este municipio y de muchos otros en Colombia saben que trabajar en estos lugares es más rentable y que aunque es peligroso, será una tradición familiar que debe honrarse porque es buen negocio, porque no hay nada más en qué trabajar.
“Es un milagro de Dios”
Urielito, como le dicen en su casa, tiene 23 años y es uno de los sobrevivientes. Hoy sabe que Dios y el destino le tienen preparada una misión que aún no tiene claro cuál es. De lo poco que puede recordar del momento de la explosión, afirma: “Apenas logramos llegar a donde había un poquito de aire y ahí nos estuvimos. Allí me desmayé porque no resistía más. Me
encontraron y reaccioné cuando estaba en el hospital, no recuerdo nada”. Después de una larga jornada de revisión médica, sabe que está bien físicamente, pero muy golpeado porque perdió una parte de su familia. “Siento mucha tristeza porque es como si fuera la familia, la gente que siempre está con uno. Esto es un milagro, porque si no hubiera encontrado ese aire, que con la explosión se filtró, todos hubiéramos corrido la misma suerte”.
Estudian nuevo plazo para legalizar minas
El Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) esperan que con las modificaciones que se le realizarán al Código de Minas, cuya aprobación hace trámite en el Congreso de la República, se conceda un nuevo plazo de dos años para que los empresarios que tienen minas ilegales en todo el país aspiren a una legalización.
Los ajustes al Código, que también prevén mejoras para el oficio de minero y que reciban más beneficios de sus empleadores y del Estado, se obtendrán luego de hacer una solicitud formal y una serie de visitas técnicas para verificar la viabilidad de la actividad.
Por ahora, en el Ingeominas trabajan en las 2.800 solicitudes de legalización que fueron presentadas hasta el 31 de diciembre de 2004.
Sin embargo, por la cifra de rechazadas, 2.213, se puede inferir que los trámites son complicados y exigentes.
Hasta el momento 545 están en trámite, lo que significa que se encuentran elaborando el Plan de Trabajo Operativo y el Plan de Manejo Ambiental, y 42 ya son legales. La mayoría está en Santander, Cauca y Meta.
Buscan erradicar trabajo infantil en los socavones
Las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revelan que sólo en el nororiente de Boyacá, uno de los departamentos con mayor tradición minera, 12 mil niños trabajan en explotaciones artesanales, poniendo en grave riesgo su vida.
Por esta razón, el Gobierno capacitará durante un año a 11.400 familias de niños y adolescentes vinculados a este oficio.
La idea es que se capacite a los menores en sus derechos y se les ofrezcan opciones de vida para evitar que empiecen a trabajar desde temprana edad y menos en labores que ponen en peligro sus vidas. También se espera que sigan asistiendo al colegio para que en el futuro mejoren sus opciones laborales.
Hasta el momento, 1.930 niños de seis departamentos han recibido apoyo y protección por parte del ICBF.
Se han priorizado 26 municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caldas, Chocó y Nariño. “Se trata de una acción para que nuestros niños estén en el lugar que les corresponde, en uso de todos sus derechos. No podemos tolerar que muera un niño más en la oscuridad de los socavones”, aseguró Elvira Forero, directora del ICBF.