De esos delitos, 10.545 han sido conocidos por la Fiscalía General de la Nación, que ha abierto 38 investigaciones, dando lugar a ocho condenas, destacó el "Informe Alternativo al Cuarto Informe Periódico del Estado Colombiano al Comité Contra la Tortura de 2009".
Así mismo, el documento resalta que la mitad de las torturas se han generado por acción directa de la fuerza pública, el 42 por ciento por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares. El 7,4 por ciento restante de los caso se le atribuye a las guerrillas.
En lo que atañe a la impunidad denunciada por esta plataforma, organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas denunciaron que la inoperancia de la justicia en las torturas y violaciones a los derechos humanos de la población civil se ha venido acentuando con la formulación de la Ley de Justicia y Paz.
De la misma manera, la vocera de la organización, Ana María Díaz, manifestó que la Justicia Penal Militar ha seguido asumiendo muchos de estos procesos, a espaldas de los despachos ordinarios, llevando a la absolución de los uniformados implicados en delitos de esa naturaleza.
La líder defensora de los derechos humanos aseguró que a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional y las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, que señalan que ese tipo de delitos son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, los Jueces Militares de muchas regiones apartadas han hecho caso omiso de tales ordenanzas. Aseguró que le han insistido al Consejo Superior de la Judicatura en la denuncia.
"Se ha insistido muchísimo en que sea la Justicia Ordinaria la que juzgue este tipo de violaciones a los derechos humanos. Hoy en día hay ya una sentencia de la Corte Constitucional que afirma que ninguna violación a los derechos humanos debe ser conocida por la Jurisdicción Penal Militar (…) Desde 1980 un informe de Amnistía Internacional manifestó los riesgos de que la Justicia Penal Militar conociera de este tipo de violaciones a los derechos humanos", precisó.
Según la Plataforma, el caso más preocupante de la actualidad es el de las ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la modalidad denominada en Colombia como "falsos positivos" que, según la Fiscalía, son más de 1.200.