Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y varias organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron una demanda en contra de dos artículos de la Ley de orden público ante la Corte Constitucional.
Según el senador Iván Cepeda, a los artículos 2 y 3 de la ley le fueron adicionados unos elementos contrarios a su normativa.
El artículo 2 aprueba que se desvíen recursos destinados a la paz hacia políticas de seguridad contempladas en la ley.
“Es una figura realmente para el conflicto armado que se llaman las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, las cual consideramos son totalmente contrarias a otros programas que van a existir en los mismos municipios que son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, creados en el Acuerdo de Paz”, dijo el senador.
De acuerdo con Cepeda, lo anterior es una contradicción institucional porque “o el Gobierno trabaja en consolidar la paz o crea condiciones para prolongar el conflicto armado”.
Respecto al artículo 3, limita las facultades del presidente de suscribir acuerdos de paz con grupos armados, pues las decisiones no las tomaría él, sino el Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo definiría cuándo, cómo y con quién se pueden adelantar diálogos de paz.
Esto “obligaría al jefe de Estado a utilizar métodos coercitivos como el uso de la fuerza para asegurar el orden público”.