Organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos articulan movimientos en el país para que a partir del 1 de mayo se comience a ambientar lo que será el paro nacional agrario programado para el 5 del mismo mes, informaron hoy portavoces del sector.
Los colectivos saldrán el 1 de Mayo a propósito del Día del Trabajo para ratificar las denuncias sobre despojo de territorios, la explotación de bienes comunes, el neoliberalismo y la ausencia de derechos, señala un comunicado del Congreso de los Pueblos, que agrupa a diferentes colectivos.
En su mensaje, dicho congreso hace un llamamiento a fortalecer las coordinaciones y comandos de huelgas locales y regionales y a salir masivamente a las calles y carreteras.
La huelga del 5 de mayo fue acordada en una cumbre agraria, campesina, étnica y popular celebrada en Bogotá en marzo pasado para evaluar el cumplimiento de las promesas hechas en septiembre de 2013 por el Gobierno para que se levantara la huelga agraria que durante tres semanas paralizó diferentes regiones del país.
Delegados de dicha cumbre se reunieron el pasado viernes con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pero a juicio de la organización lo manifestado por el Jefe de Estado se queda en el discurso, sin que se vean acciones concretas para atender las demandas.
En la Cumbre Agraria de marzo, diversas organizaciones sociales acordaron conformar una plataforma única para negociar con el Gobierno y evitar así que sus reclamos queden diluidos en mesas paralelas.
«La Cumbre Agraria ha sido un logro de las organizaciones del campo colombiano, hermanadas hoy a través de un pliego unitario, que no pide limosnas sino que exige cambios en las políticas de Estado sobre los problemas de la tierra, los bienes minero energéticos, la paz y los derechos», agrega el mensaje.
Si no hay acuerdos, la huelga se llevaría a cabo en plena campaña para las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
La semana pasada el Gobierno logró conjuntar un paro arrocero luego de lograr acuerdos en torno a la refinanciación de créditos para el sector, compras del grano y precios que permitan un mayor margen de utilidad para los cultivadores.